La nueva Ley No. 1639, promulgada por el presidente de la República de Bolivia, modifica la Ley 603 del Código de Familias y Procedimiento Familiar, eliminando el matrimonio infantil y las uniones tempranas sin excepciones. La ley entra en vigencia a partir de hoy, 25 de septiembre.
En un importante avance para los derechos de las niñas, la decisión del Estado boliviano de aprobar la reforma de la Ley 603 elimina las excepciones legales que anteriormente permitían el matrimonio y las uniones tempranas a partir de los 16 años.
«Este cambio es un gran paso adelante para las niñas y adolescentes en Bolivia. Al eliminar los vacíos legales, deja en claro que ninguna niña debe casarse o estar obligada a vivir con una pareja antes de cumplir los 18 años. Se trata de proteger su salud y bienestar, y abrirles más oportunidades para que aprendan, crezcan y construyan el futuro que desean», dijo Carmen Elena Alemán, directora regional de Plan International para América Latina y el Caribe.
La aprobación de esta reforma es el resultado de un esfuerzo conjunto histórico entre organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Plan International, y legisladores comprometidos con la protección de la niñez, quienes aportaron evidencia y recomendaciones a través de la mesa técnica para cerrar definitivamente estos vacíos legales.
La nueva ley es un primer paso importante en la construcción de un entorno más seguro para las niñas y adolescentes. Plan International subraya que, aunque se trata de un avance fundamental, queda mucho por hacer para prevenir las uniones informales tempranas y transformar los patrones socioculturales que las provocan y normalizan.
«La aprobación de esta ley es un gran paso para proteger a las niñas y adolescentes en Bolivia, pero las leyes por sí solas no terminarán con el matrimonio infantil o las uniones tempranas. Bolivia necesita programas que cambien las normas sociales y de género perjudiciales, al mismo tiempo que invierten en educación y se aseguran de que las niñas puedan acceder a la atención médica, la justicia y oportunidades reales para su futuro. Y no podemos olvidarnos de las niñas y adolescentes que ya están casadas o viven con una pareja. Necesitan apoyo para reclamar sus derechos, obtener los servicios que merecen y salir adelante libres de violencia y dificultades», agregó Carmen Elena.
El país es el 14° de la región en hacerlo, después de Colombia. El movimiento feminista celebra la medida y exige políticas de prevención. CÁMARA DE DIPUTADOS BOLIVIA.-
Organizaciones internacionales celebran la sanción de la Ley 092. Ahora nadie podrá autorizar uniones con niñas, solo está permitido a partir de los 18 años.
La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, este miércoles en La Paz, Bolivia
Bolivia cierra de manera definitiva la puerta al matrimonio infantil. La Asamblea Legislativa aprobó la tarde del miércoles una ley que elimina la excepción del Código de las Familias que permitía casarse a los 16 años con permiso de los padres o autorización judicial. La reforma busca “erradicar los matrimonios y uniones, muchos de los cuales son propiciados por acuerdos familiares que vulneran los derechos de los menores, exponiéndolos a situaciones de abuso y violencia”, de acuerdo al informe publicado por la Cámara de Diputados. El movimiento feminista aplaude una norma que empieza a sellar una gran deuda con las niñas.
La modificación corrige una contradicción legal que persistía desde 2014, cuando se aprobaron simultáneamente el Código de las Familias y el Código Niña, Niño y Adolescente. Mientras este último establecía de forma categórica que la edad mínima para casarse era 18 años, el primero abría una excepción para adolescentes de 16 y 17 años, siempre que contaran con consentimiento de los tutores. Por esta pequeña rendija se colaban también uniones tempranas e incluso bodas con niñas mucho menores. Según datos del Servicio de Registro Cívico (Serecí), del 2010 al 2022, el número de adolescentes entre 13 y 17 años que contrajeron matrimonio fue de 11.297. De esta cantidad, 10.012 (89%) fueron niñas y 1.285 (11%) niños. Las niñas solían ser casadas con hombres de un promedio de entre 20 y 35 años. A veces, incluso con señores 60 años mayores que ellas.
Para la senadora aymara y promotora de la norma, Virginia Velasco Condori, esto es una victoria “sobre todo, para las niñas más vulnerables”:“Es una promesa de que nuestras adolescentes ya no serán obligadas a casarse, a dejar la escuela o a cargar responsabilidades que no les corresponden”, expresó por teléfono, horas después de la sanción, aprobada por dos tercios de la Cámara.
Bolivia se suma a una lista cada vez más larga de países latinoamericanos que reconocen el derecho de las niñas a ser eso: niñas. 14 países de la región (Colombia, Chile, México y República Dominicana, entre otros) han prohibido totalmente estas uniones entendiendo la deuda histórica con las infancias. Y es que el 21% de las mujeres de Latinoamérica y el Caribe que ahora tienen entre 20 y 24 años se habían casado o vivido con su pareja por primera vez antes de los 18 años en 2023, según Unicef. Este es un porcentaje que se mantiene estable desde hace 25 años y un 2% mayor al promedio mundial.
Tras la euforia inicial, la senadora Velasco recordó a EL PAÍS que “el trabajo continúa” y que se llevará a cabo también en las comunidades rurales. “Hay que hablar en diferentes idiomas, yo hablaré en aimara en los territorios. Ya veremos cómo sacar cuñas publicitarias y posts en redes sociales para llevar esta conversación a todos los rincones de Bolivia, pero este es un gran primer paso. Hoy es una celebración”.
Prohibición
La vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Deisy Choque, explicó que en el Código de las Familias se permitían las uniones a partir de los 16 años, previa autorización de los padres o tutores, incluso de la Defensoría de la Niñez, pero ahora eso está prohibido.
“Ahora el matrimonio con menores de edad está prohibido, nadie puede autorizar para que menores de 18 años contraigan matrimonio o se unan de forma forzada”, remarcó. Con la modificación al Código de Familias solo están permitidas las uniones a partir de los 18 años.
La norma fue apoyada por IPAS Bolivia y otras 72 organizaciones de derechos humanos. Fue rechazada por representantes de las iglesias evangélicas, apuntó Choque.
Cumple estándares
La senadora del MAS y proyectista de la norma, Virginia Velasco, resaltó la sanción en Diputados como algo histórico y una promesa cumplida con las víctimas que fueron obligadas a casarse a temprana edad.
“Nuestras adolescentes ya no serán obligadas a casarse, a dejar la escuela o a cargar responsabilidades que no les corresponden. Una adolescente tiene derecho a soñar y vivir en libertad. Este triunfo no es mío, es de todas y todos los que creen en un futuro más justo”, escribió en sus redes sociales.
La legisladora agradeció a las y los legisladores de ambas cámaras, así como a las organizaciones IPAS Bolivia y la Comunidad de Derechos Humanos, que acompañaron el proceso de socialización, visibilizando los riesgos y daños en la salud que causan los matrimonios infantiles en el país.
Además, resaltó que tras la sanción de la norma Bolivia se alinea a los estándares internacionales de derechos humanos y responde a las recomendaciones de organismos como la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).
Fue una norma esperada La ley modificatoria del Código de las Familias, con la que se prohíbe los matrimonios con menores de edad, fue una norma esperada por organismos multilaterales como la UNFPA, que destacó como una “gran noticia para Bolivia”.
Las uniones o matrimonios forzados con niñas y adolescentes menores de 18 años constituyen en una grave violación a los derechos humanos internacionales.
Santa Cruz/La Paz, 17 sep (EFE).- La Cámara Automotor Boliviana (CAB) rechazó este miércoles la propuesta de una posible legalización de carros indocumentados, tal como plantea el candidato presidencial opositor el centrista Rodrigo Paz, al considerar que atenta contra uno de los principales rubros formales que más aporta a la economía del país.
El presidente de la CAB, Jhonny Salvatierra, dijo a EFE que la oferta electoral de Paz del Partido Demócrata Cristiano (PDC) «es preocupante y lamentable porque atenta contra las empresas formales», además de que origina «una desventaja muy grande» respecto al negocio de los autos indocumentados, también conocidos en Bolivia como chutos.
«Es un hecho que están acá (en Bolivia), calculamos que hay un millón (de vehículos indocumentados), se trata de una avalancha», lamentó el representante de la CAB, que agrupa a las empresas encargadas de importar vehículos nuevos.
Salvatierra dijo que, desde el momento en que se comenzó a hablar de la legalización de los autos indocumentados, comenzó a percibirse el movimiento de gente hacia las fronteras, entre ellas varios extranjeros, dedicados a la importación ilegal de estos carros que, se presume, provienen de robos, contrabando y lavado de dinero.
Según la CAB, Bolivia posee un parque automotor de 2,5 millones de unidades, de las cuales 1,7 millones corresponden a vehículos de cuatro ruedas, mientras que se estima que hay alrededor de un millón de vehículos ilegales.
«Lo que nosotros pedimos es que controlen la frontera, porque pueden duplicar la cantidad que están trayendo», indicó Salvatierra.
También señaló que el ingreso de esos automóviles empeorará la situación económica de Bolivia, que desde el año pasado padece la falta de combustibles como el diésel y la gasolina, mismos que reciben subvención estatal.
A esto se suma la falta de liquidez de dólares desde principios de 2023, que ha generado un mercado paralelo de venta de la divisa, en el que cada dólar cuesta casi 13 bolivianos, lo que contrasta con el tipo de cambio oficial de 6,96 bolivianos.
La propuesta de legalización de los coches sin documentos ha generado tensiones con autoridades chilenas, que consideraron que el solo anuncio de esa medida ha provocado un incremento en el robo de vehículos en su territorio.
Por su parte, los transportistas bolivianos han rechazado la propuesta de Paz, porque consideran que la legalización saturará las ciudades y perjudicará sus fuentes laborales. El Gobierno de Chile también criticó la propuesta de Rodrigo Paz de legalizar los autos ya que consideraron que la mayoría de estos fueron robados, en su mayoría, en Chile.
«Establecer alguna forma de legalización es un incentivo para que se sigan cometiendo esos ilícitos, en Chile, fuera de Chile, donde sea», señaló hace dos semanas el ministro de Interior chileno, Álvaro Elizalde
Paz, que ganó las elecciones del 17 de agosto con el 32,06 % de los votos, seguido por el exmandatario Jorge Tuto Quiroga (2001-2002), que obtuvo el 26,70 %, ambos se enfrentarán en la segunda vuelta el 19 de octubre.
La Paz.- Con el objetivo de proporcionar alivio financiero a las familias y emprendedores, la Cámara de Diputados aprobó este viernes, en la 160ª sesión plenaria, el proyecto de “Ley Excepcional de Suspensión Temporal de Embargos y Ejecución de Sentencias en Procesos Judiciales por Créditos de Vivienda de Interés Social y Diferimiento de Créditos para Vivienda de Interés Social y Créditos a Unidades Económicas de Tamaño Micro y Pequeña”.
“Habiéndose aprobado el proyecto de Ley N° 547/2024-2025 en sus dos estaciones, en grande y en detalle, y siendo cámara de origen remítase a la Cámara de Senadores para fines constitucionales de revisión”, afirmó el presidente de Diputados, Omar Yujra.
La ley introduce un mecanismo excepcional que suspende temporalmente los embargos y difiere créditos por un periodo de seis meses, lo que permitirá a la población reorganizar sus finanzas sin la amenaza de perder sus hogares o cerrar sus negocios.
Se propuso esta medida debido a que un amplio sector de la población, especialmente microempresarios, pequeños empresarios y autónomos, enfrenta dificultades para cumplir con sus obligaciones crediticias a causa de fenómenos climáticos adversos, conflictos sociales y la compleja situación económica. Además, se busca prevenir la pérdida de viviendas o el cierre de pequeños negocios por deudas no pagadas.
En junio de este año, el proyecto de ley fue aprobado por la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados, en un escenario de consenso entre los legisladores.
El diferimiento no equivale a una condonación de la deuda, sino a una reprogramación temporal de las cuotas, lo que garantiza que los deudores continuarán con sus pagos una vez finalizado el periodo de suspensión. Así, la deuda no desaparece, sino que se pospone de manera accesible.
Asimismo, la ley también busca asegurar la estabilidad del sistema financiero al evitar un aumento en las ejecuciones judiciales que podrían afectar aún más la economía. Con esta medida, el Gobierno proporciona un alivio temporal para que se cumplan las obligaciones crediticias.
El pleno de la Cámara de Diputados dio luz verde al proyecto que busca regular el derecho propietario en Bolivia. Pleno de la Cámara de Diputados / ALP
La Paz, 11 de Septiembre.- El pleno de la Cámara de Diputados aprobó este jueves el proyecto de ley “Mi hogar, mi patrimonio”, que tiene como objetivo regular el derecho propietario de los bienes inmuebles en Bolivia.
Fuente LA PATRIA.-
Los legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS) defendieron esta iniciativa, mientras que la oposición, representada por Comunidad Ciudadana (CC), expresó su rechazo. Argumentaron que la norma busca legalizar situaciones irregulares.
El debate sobre el proyecto se extendió por varias horas. El diputado arcista del MAS, Andrés Flores, informó que los gobiernos municipales serán los encargados de regular la enajenación y transferencia de bienes en sus jurisdicciones.
“Es un proyecto de ley que tiene un alcance nacional que va a beneficiar a todos los que no tienen derecho propietario. A nivel nacional, más de 2 millones no han legalizado sus propiedades”, explicó el legislador.
Además, la diputada arcista del MAS, Deisy Choque, pidió a sus colegas del partido que apoyen y voten a favor del proyecto de ley. Argumentó que beneficiará a sectores vulnerables que aún enfrentan problemas con la legalidad de sus propiedades. “Es un proyecto tan importante, por el cual muchos compañeros han ido peregrinando. Son leyes nacionales que le sirven a todo el pueblo boliviano”, manifestó Choque.
Cuestionamientos de la oposición
No obstante, la propuesta fue cuestionada por la diputada de CC, Luisa Nayar, quien aseguró que la norma busca “legalizar lo ilegal”. “Creo que no nos pueden vender gato por liebre. Es blanquear los loteamientos. Mi posición es de rechazo. No podemos seguir legalizando lo ilegal. El masismo no nos puede imponer esta ley”, afirmó.
Impacto esperado
La aprobación del proyecto tiene como finalidad regular el derecho propietario y se espera que impacte directamente en más de 2 millones de personas a nivel nacional que aún no han legalizado sus propiedades.
En Bolivia, el viceministro de Sustancias Controladas, Jaime Mamani, planteó la devolución de los policías, propuesta que fue rechazada en Chile.
Cinco policías bolivianos y un civil fueron enviados a la cárcel de Antofagasta con detención preventiva por 150 días, acusados de estar implicados en tráfico de drogas, armas y un vehículo robado en territorio chileno. Mientras tanto, desde la ciudad de Santiago, el diputado Sebastián Videla advirtió que la frontera con Bolivia sigue siendo un “corredor del crimen organizado” por donde operan bandas dedicadas al robo de vehículos, narcotráfico y trata de personas.
El legislador chileno estuvo este sábado en contacto con el programa ¡Que Semana! De EL DEBER e informó que los uniformados bolivianos no serán devueltos al paísmientras dure la investigación, pues “hay delitos, pruebas y un proceso judicial en curso que debe respetarse”.
Según Videla, la fiscalía regional de Antofagasta identificó indicios sólidos que vinculan a los cinco policías con actividades ilícitas en la frontera de Chile con Bolivia.
El caso ha reavivado las tensiones bilaterales. En Bolivia, el viceministro de Sustancias Controladas, Jaime Mamani, planteó la devolución de los policías, propuesta que fue rechazada en Chile. Videla insistió en que la situación es “gravísima” y que no corresponde politizarla: “Que estén con droga, armamento de guerra y un auto robado es complejo, hay que respetar el trabajo de la justicia chilena”.
Alertan de tráfico en la frontera
En paralelo, el parlamentario llamó la atención sobre el aumento del robo de vehículos en Chile y su traslado hacia Bolivia.“Bandas chilenas y bolivianas se unen para llevar los vehículos hasta Bolivia e insertarlos en su mercado”, afirmó. Además, recordó que, en sectores como Ollagüe, Colchane y San Pedro de Atacama, este último donde fueron detenidos los policías, proliferan pasos fronterizos no habilitados que son utilizados por el crimen organizado.
Videla explicó que por esos pasos irregulares no solo circulan autos robados, sino también drogas y personas traficadas por redes transnacionales como el Tren de Aragua.
“No queremos tener problemas con Bolivia, al contrario, queremos potenciar las relaciones bilaterales frente a la delincuencia y el narcotráfico”, dijo, al respaldar la decisión del presidente Gabriel Boric de reforzar la frontera con maquinaria pesada para bloquear accesos clandestinos.
El diputado también alertó que los procesos electorales en ambos países podrían incidir en la política respecto a los “vehículos chutos”. “Dependiendo de quién llegue al poder en Bolivia y en Chile, se deberán tomar decisiones que pueden ser muy complejas”, advirtió.
El caso de los policías detenidos en Antofagasta continúa bajo reserva judicial, mientras se analizan sus comunicaciones y se amplían las pesquisas sobre la red criminal que los habría vinculado con el tráfico ilícito en la frontera norte de Chile.
