Sucre, 17 de abril de 2026 (AJN).- El Tribunal Agroambiental (TA) de Bolivia rechazó la solicitud de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) de levantar las medidas de protección contra incendios establecidas en la pausa ecológica declarada en el marco de la acción ambiental para la conservación del jaguar.
“Sala Plena ha resuelto ‘no ha lugar’ (a la solicitud realizada por la ABT) en vista de que anteriormente se ha resuelto y se ha aclarado que esta prohibición es para tierras fiscales, sitios RAMSA (humedales)… y no en su totalidad”, informó la Presidente del TA, Roxana Chávez Rodas, al aclarar que las medidas de protección siguen vigentes, por lo que cualquier incumplimiento será remitido ante la Fiscalía.
En enero de este año, la ABT presentó un memorial en el que solicitó que se levanten las medidas de protección interpuestas por el TA en 2025 que prohíben los chaqueos al haberse declarado una pausa ecológica para garantizar la protección del jaguar y su hábitat. Este pedido fue rechazado considerando que las medidas alcanzan a áreas de alta sensibilidad ambiental.
El Presidente del Consejo de la Magistratura, Dr. Carlos Spencer Arancibia, presentó ante la Asamblea Legislativa Plurinacional dos proyectos de ley orientados a la modificación de la Ley N° 025 del Órgano Judicial, con el objetivo de optimizar la administración de justicia, reducir la carga procesal y fortalecer los mecanismos disciplinarios dentro del Órgano Judicial.
El primer proyecto propone el incremento de aproximadamente 300 juzgados a nivel nacional, acompañado de la incorporación de personal administrativo jurisdiccional. Esta iniciativa busca ampliar la cobertura del servicio de justicia, descongestionar los despachos judiciales y mejorar la atención a la población, especialmente en regiones con alta demanda y limitada infraestructura judicial.
El segundo proyecto se centra en la reforma del régimen disciplinario aplicable a los administradores de justicia. En este marco, se plantea una nueva escala de sanciones: para faltas leves, suspensiones de entre uno y seis meses; para faltas graves, de uno a dos años; y para faltas gravísimas, la destitución.
Asimismo, se propone que la destitución por faltas gravísimas sea determinada por jueces disciplinarios, prescindiendo de la intervención de jueces ciudadanos. Esta modificación responde a las dificultades prácticas en la convocatoria de jueces ciudadanos, situación que actualmente genera dilaciones y limita la efectividad de los procesos disciplinarios.
El Presidente del Consejo de la Magistratura destacó que ambas propuestas se enmarcan en el compromiso institucional de avanzar hacia una justicia más eficiente, transparente y accesible, eliminando trabas estructurales que afectan el funcionamiento del Órgano Judicial.
Con estas iniciativas, el Consejo de la Magistratura reafirma su rol en la mejora continua de la administración de justicia, promoviendo reformas concretas que respondan a las necesidades reales de la población boliviana.
El Gobierno promulgó este lunes el Decreto Supremo 5595, mediante el cual crea el programa “Tranca Cero”, una política orientada a avanzar en la digitalización de trámites, eliminar trabas burocráticas y simplificar la gestión en las instituciones públicas.
El presidente Rodrigo Paz afirmó que la medida busca cambiar la relación entre el Estado y la ciudadanía. “La burocracia es el no respeto del tiempo. Dios mediante, con este decreto vamos a acabar con este maldito folder amarillo. (…) Para el 50/50 hay que acabar con el Estado tranca. Este es un esfuerzo nacional”, señaló.
El decreto establece un proceso obligatorio y transversal en el Órgano Ejecutivo para eliminar barreras burocráticas, entendidas como requisitos, cobros o trámites que dificultan o encarecen el acceso a servicios o actividades económicas.
Entre las principales medidas se encuentra la creación del Catálogo Nacional de Trámites, que será un registro único, público y obligatorio. Según la norma, ningún requisito que no esté incluido en este catálogo podrá ser exigido por las entidades públicas.
También se implementará el sistema digital “Reporta tu Tranca”, una plataforma que permitirá a los ciudadanos denunciar cobros indebidos, demoras o exigencias no autorizadas.
La norma dispone además la elaboración de un Ranking de Simplificación Regulatoria, que evaluará periódicamente a las instituciones públicas en función de la reducción de cargas administrativas y la eficiencia en sus servicios.
Como parte del proceso de modernización, el decreto también apunta a eliminar duplicidades mediante la interoperabilidad entre instituciones y la depuración de requisitos, evitando que distintas entidades soliciten la misma información o documentación a los ciudadanos.
En esa línea, se prohíbe a las entidades del nivel central exigir fotocopias de la cédula de identidad y se limita el uso del certificado de nacimiento a casos estrictamente necesarios.
El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, señaló que la burocracia tiene un impacto económico significativo. “Hoy el Estado tranca nos cuesta alrededor de 6% del Producto Interno Bruto”, afirmó, al señalar que el objetivo es desmontar esas prácticas.
Durante la presentación, el representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Bolivia, Leopoldo Avellán, indicó que este tipo de reformas buscan reducir las cargas regulatorias que frenan el desarrollo y la inversión, en el marco de un proceso de modernización estatal.
La Sala Plena del Consejo de la Magistratura expresó su rechazo al Proyecto de Ley N° 294/2025-2026, que plantea transferir el Registro de Derechos Reales (DDRR) al Órgano Ejecutivo, y advirtió que esta medida podría afectar la seguridad jurídica de la propiedad en el país. No obstante, la institución manifestó su apertura a un debate técnico, constitucional e interinstitucional para analizar el alcance de la propuesta.
El proyecto, impulsado por la diputada del PDC, Claudia Bilbao, surge en respuesta a múltiples denuncias ciudadanas sobre deficiencias en la atención e irregularidades cometidas por funcionarios de la oficina registral, tal como ocurre en la ciudad de El Alto, donde la registradora interina Leonor Vera Condori enfrenta procesos penales y disciplinarios sin avances significativos. La legisladora sostiene que la iniciativa busca reformar una estructura cuestionada por su burocracia, falta de transparencia y retrasos en los trámites, aspectos que -según señala- perjudican directamente a los usuarios.
Desde el Consejo de la Magistratura, sin embargo, se advierte que trasladar DDRR al Órgano Ejecutivo implicaría someter el registro de la propiedad a una estructura de carácter político, lo que podría debilitar la confianza en el sistema y abrir riesgos de injerencia en un ámbito sensible vinculado a derechos fundamentales.
La institución sostiene que el Registro de Derechos Reales cumple un rol esencial en la garantía de la propiedad privada, al brindar certeza jurídica, publicidad y estabilidad a las relaciones económicas. En ese marco, defiende que su permanencia bajo el Órgano Judicial responde a la necesidad de preservar su independencia e imparcialidad.
Entre sus principales observaciones, el Consejo advierte que el proyecto podría contradecir principios constitucionales como la separación de órganos del Estado, al concentrar funciones en el Ejecutivo. Asimismo, alerta sobre posibles riesgos en el manejo de información sensible, al considerar que la transferencia de bases de datos y archivos podría exponer datos patrimoniales sin suficientes garantías de protección.
No obstante, la entidad reconoce que el sistema actual enfrenta problemas estructurales, como la falta de modernización tecnológica, demoras y limitaciones en la interoperabilidad con otras instituciones. En ese sentido, plantea que la solución pasa por una reforma interna que incluya digitalización, mayor transparencia y profesionalización del personal, sin modificar la dependencia institucional de DDRR.
El debate queda así abierto entre dos visiones: una que plantea cambios estructurales para corregir falencias del sistema, y otra que advierte sobre los riesgos de alterar el equilibrio institucional en nombre de la reforma. Mientras tanto, el Consejo de la Magistratura exhortó a la Asamblea Legislativa a impulsar un análisis amplio que incorpore a todos los actores involucrados antes de tomar una decisión definitiva.
El Órgano Electoral de La Paz informó que a partir del jueves 2 de abril se dejará de emitir duplicados de certificados de nacimiento, matrimonio y defunción en oficinas del Servicio de Registro Cívico (Serecí).
Desde esa fecha, ese servicio se realizará únicamente en las Oficialías de Registro Civil del departamento, indica un comunicado institucional.
La medida se toma con el objetivo “de reducir los tiempos de espera y brindar una atención más rápida y segura”.
En el comunicado no se aclara el costo de los certificados que se emitirán en Oficialías. Actualmente, el precio es mayor en esa modalidad que en el Serecí.
En el departamento existen 189 Oficialías de Registro Civil.
El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), a través de su Comisión de Admisión presidida por la Magistrada Dra. Amalia Laura Villca, llevó a cabo dos jornadas de sorteo de causas, reafirmando su compromiso con la transparencia, la celeridad y el acceso oportuno a la justicia constitucional.
En esta sesión se procedió al sorteo de un total de 450 expedientes, divididos en 150 causas por Magistrado(a).
En su décima tercera sesión ordinaria, la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Cámara de Diputados anunció el tratamiento del Proyecto de Ley de Acceso a la Información y Documentación Pública en la legislatura vigente, para avanzar hacia su aprobación y promulgación definitiva.
El presidente de la Comisión, Manolo Rojas Paz, hizo el anuncio este 18 de marzo al término de una audiencia con representantes de organizaciones de la sociedad civil, asociaciones de periodistas y medios de comunicación y comprometió su respaldo para la aprobación del proyecto en la Cámara de Diputados, destacando la importancia de avanzar en una normativa que fortalezca la transparencia y el acceso a la información pública en el país.
El Proyecto de Ley N° 160/2023-2024 fue aprobado en grande y en detalle por la Cámara de Senadores el 23 de octubre de 2024, luego de un proceso participativo que involucró a instituciones públicas, organizaciones sociales, entidades de derechos humanos, gremios e instituciones periodísticas, pero quedó pendiente su aprobación en la Cámara de Diputados.
En noviembre 2025 se solicitó la reposición de la norma en la actual legislatura para culminar un proceso ampliamente consensuado que dio lugar a una propuesta de ley que recoge estándares internacionales en materia de acceso a la información, como el principio de máxima divulgación, la gratuidad en la solicitud de información y la obligación del Estado de responder en plazos definidos, explicaron representantes de las organizaciones de sociedad civil, asociaciones de periodistas y medios de comunicación en la sesión ordinaria de la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Cámara de Diputados
Recordaron que el proyecto establece, entre otros aspectos, un plazo máximo para la entrega de información pública, la creación de un órgano rector y sanciones administrativas para funcionarios que incumplan esta obligación.
El derecho de acceso a la información pública, reconocido en la Constitución Política del Estado y en tratados internacionales suscritos por Bolivia, constituye un pilar esencial para el ejercicio de otros derechos y para el fortalecimiento de la democracia. Su aprobación e implementación permitirá a la ciudadanía conocer, analizar y participar de manera informada en los asuntos públicos.
La inclusión del proyecto en la agenda de la Cámara de Diputados no solo retoma un trabajo técnico y social ya avanzado, sino que responde a la urgencia de superar una deuda histórica del Estado boliviano en materia de transparencia y control social por lo que voceros de organizaciones de sociedad civil, gremios periodísticos y de medios de comunicación agradecieron el apoyo unánime expresado por los miembros la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado.
Se espera que en las próximas semanas la Cámara de Diputados inicie el tratamiento del proyecto, con miras a su aprobación y posterior promulgación, consolidando así un avance fundamental para la institucionalidad democrática del país.
La estatal petrolera informó que más de 4.000 personas ya se registraron en el sistema habilitado para reportar daños en vehículos y acceder a compensaciones que comenzarían a pagarse desde la próxima semana.
El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Yussef Akly, informó este jueves que la estatal petrolera habilitó un sistema digital para registrar a los conductores afectados por problemas con la gasolina y anunció que los primeros pagos de compensación se realizarían a partir de la próxima semana.
La autoridad explicó que el proceso de inscripción se realiza de manera electrónica a través de una plataforma que utiliza la aplicación de mensajería WhatsApp, lo que permite enviar fotografías, videos y documentación que respalde los daños reportados en los vehículos.
Según datos de la petrolera estatal, hasta el momento se registraron más de 11.000 consultas y alrededor de 4.000 registros completos de personas que buscan acceder al proceso de resarcimiento.
El titular de YPFB indicó que el sistema busca agilizar el proceso de verificación de daños y evitar trámites presenciales que podrían demorar la evaluación de los casos.
Aseguró que se mantiene coordinación con el sector del transporte para explicar el funcionamiento del sistema y el proceso de compensaciones.
Señaló que, pese a las críticas y anuncios de medidas de presión por parte de algunos sectores, la empresa considera que el proceso de registro avanza de manera fluida y que el mecanismo digital permitirá cerrar el ciclo de información de los casos reportados.
Un reciente estudio en Bolivia revela cómo detectar si un adulto está acosando a niños y adolescentes por medio de las redes sociales El entorno digital ya no es un espacio paralelo, es el lugar donde los niños y adolescentes bolivianos socializan, aprenden y construyen su identidad.
Sin embargo, esta exposición ha disparado un riesgo silencioso: el grooming. Un proceso donde un adulto se gana la confianza de un menor en internet con el fin de abusar sexualmente de él.
El estudio Entre clics y silencios, presentado recientemente por la Fundación InternetBolivia.org, la Asociación Aguayo y Educo, arroja cifras alarmantes: en La Paz, el 100% de los adolescentes encuestados ha conocido a alguien por internet y un 32% ha llegado a encontrarse presencialmente con desconocidos de la red.
¿CÓMO OPERAN LOS AGRESORES?
Contrario al mito del “perfil falso”, el estudio cualitativo demuestra que muchos agresores se presentan como adultos reales, utilizando promesas de apoyo o validación romántica.
En niños desde los 10 años, el contacto suele iniciar a través de videojuegos, mientras que en adolescentes se camufla bajo relaciones sentimentales.
LAS CINCO SEÑALES DE ALERTA PARA LAS FAMILIAS
Según los hallazgos de la investigación, estos son los factores y conductas que deben encender las alarmas en el hogar:
1 Aislamiento y soledad: el estudio reveló que el 61 por ciento de los adolescentes se percibe solo y casi la mitad muestra indicadores de depresión. Un menor que se siente solo es más propenso a buscar refugio en la “validación” de un extraño en línea.
2 Relaciones en secreto: el 21 por ciento de los jóvenes mantiene sus contactos digitales en reserva. Si su hijo oculta la pantalla cuando usted se acerca o se muestra ansioso al recibir notificaciones, podría estar bajo un proceso de manipulación.
3 Baja autoestima: los agresores detectan la falta de confianza personal y la utilizan para posicionarse como “protectores” o los únicos que “realmente los entienden”.
4 Cambios emocionales: si el menor experimenta sentimientos de impotencia, humillación o confusión luego de estar conectado, es probable que esté sufriendo algún tipo de presión o extorsión.
¿Cómo detectar si tu hijo es víctima de grooming por el uso de internet? | Ilustrativa
Un reciente estudio en Bolivia revela cómo detectar si un adulto está acosando a niños y adolescentes por medio de las redes sociales El entorno digital ya no es un espacio paralelo, es el lugar donde los niños y adolescentes bolivianos socializan, aprenden y construyen su identidad. Sin embargo, esta exposición ha disparado un riesgo silencioso: el grooming. Un proceso donde un adulto se gana la confianza de un menor en internet con el fin de abusar sexualmente de él.
El estudio Entre clics y silencios, presentado recientemente por la Fundación InternetBolivia.org, la Asociación Aguayo y Educo, arroja cifras alarmantes: en La Paz, el 100% de los adolescentes encuestados ha conocido a alguien por internet y un 32% ha llegado a encontrarse presencialmente con desconocidos de la red.
¿CÓMO OPERAN LOS AGRESORES?
Contrario al mito del “perfil falso”, el estudio cualitativo demuestra que muchos agresores se presentan como adultos reales, utilizando promesas de apoyo o validación romántica. En niños desde los 10 años, el contacto suele iniciar a través de videojuegos, mientras que en adolescentes se camufla bajo relaciones sentimentales.
LAS CINCO SEÑALES DE ALERTA PARA LAS FAMILIAS
Según los hallazgos de la investigación, estos son los factores y conductas que deben encender las alarmas en el hogar:
1 Aislamiento y soledad: el estudio reveló que el 61 por ciento de los adolescentes se percibe solo y casi la mitad muestra indicadores de depresión. Un menor que se siente solo es más propenso a buscar refugio en la “validación” de un extraño en línea.
2 Relaciones en secreto: el 21 por ciento de los jóvenes mantiene sus contactos digitales en reserva. Si su hijo oculta la pantalla cuando usted se acerca o se muestra ansioso al recibir notificaciones, podría estar bajo un proceso de manipulación.
3 Baja autoestima: los agresores detectan la falta de confianza personal y la utilizan para posicionarse como “protectores” o los únicos que “realmente los entienden”.
4 Cambios emocionales: si el menor experimenta sentimientos de impotencia, humillación o confusión luego de estar conectado, es probable que esté sufriendo algún tipo de presión o extorsión.
5 Exposición a contenido sexual: más de la mitad de los encuestados ha visto imágenes sexuales no intencionadas. Esto suele ser el paso previo que el agresor usa para normalizar conversaciones de índole sexual.
LA PROTECCIÓN
“Proteger a la niñez en entornos digitales no es una opción, es una obligación”, enfatizó Cristian León Coronado, director de InternetBolivia.org. La investigación concluye que la mediación parental es el escudo más fuerte, pero advierte que esta disminuye drásticamente a medida que el adolescente crece, especialmente a los 17 y 18 años.
SIETE CONSEJOS PARA ACTUAR HOY MISMO Para prevenir que el grooming escale a formas graves de violencia, el estudio recomienda:
• Capacitación tecnológica: no basta con prohibir; los padres deben conocer las plataformas (Instagram, TikTok, videojuegos) que usan sus hijos.
• Comunicación abierta: crear espacios de escucha sin juzgar para que el menor sienta confianza de reportar un contacto extraño.
• Educación sexual integral: hablar sobre el consentimiento y la privacidad en el mundo digital.
• Denuncia: el grooming es un delito en Bolivia. Ante cualquier sospecha, se debe acudir a las autoridades competentes.
. Prevención: exigir a las unidades educativas protocolos claros de actuación ante riesgos digitales.
El ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, informó el paquete de leyes económicas que será presentado ante la Asamblea Legislativa Plurinacional después del 22 de marzo, como parte de la agenda destinada a fortalecer la economía del país.
El ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, informó que el Gobierno alista un paquete de leyes económicas que será presentado ante la Asamblea Legislativa Plurinacional después del 22 de marzo, como parte de la agenda destinada a fortalecer la economía del país.
Durante una conferencia de prensa, la autoridad explicó que las propuestas normativas se encuentran en elaboración en distintos ministerios y estarán orientadas a impulsar la estabilización y reconstrucción de la economía, además de fortalecer la relación económica con el exterior.
El ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, informó que el Gobierno alista un paquete de leyes económicas que será presentado ante la Asamblea Legislativa Plurinacional después del 22 de marzo, como parte de la agenda destinada a fortalecer la economía del país.
Durante una conferencia de prensa, la autoridad explicó que las propuestas normativas se encuentran en elaboración en distintos ministerios y estarán orientadas a impulsar la estabilización y reconstrucción de la economía, además de fortalecer la relación económica con el exterior.
“El presidente ha anunciado que después del 22 vamos a presentar un paquete de leyes a la Asamblea. Se está trabajando en los distintos ministerios”, señaló Espinoza.
Sin embargo, Espinoza aclaró que los detalles sobre las leyes específicas que integrarán el paquete serán anunciados oficialmente por el presidente Rodrigo Paz, una vez concluido el proceso electoral del 22 de marzo.
