Starlink facilita el acceso a internet en zonas rurales y remotas de algunos países donde la cobertura móvil, la calidad y la velocidad del servicio son limitadas.
El Gobierno del presidente Rodrigo Paz aprobará la licencia de operaciones del servicio de internet satelital Starlink en Bolivia, como parte de los acuerdos que dan un nuevo impulso a las relaciones entre el país sudamericano y Estados Unidos.
Estos avances forman parte de la visita de la delegación estadounidense encabezada por el vicesecretario de Estado de EE.UU., Christopher Landau, con ocasión de la investidura de Paz el sábado.
El proyecto Starlink nació en 2019 y forma parte de SpaceX, una de las compañías dirigidas por Elon Musk, quien fue consejero del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entre el 20 de enero y el 30 de mayo de 2025, aunque actualmente mantiene una relación distante con él.
Starlink facilita el acceso a internet en zonas rurales y remotas de algunos países donde la cobertura móvil, la calidad y la velocidad del servicio son limitadas, y donde la infraestructura de banda ancha fija es insuficiente. Además, el servicio de internet satelital de Musk está disponible en casi un centenar de países.
La presencia del subsecretario de Estado de EEUU, Christopher Landau, en la investidura de Rodrigo Paz marcó un cambio drástico en el rumbo de las relaciones entre Bolivia y Estados Unidos. Según un comunicado del Departamento de Estado, la visita de la delegación estadounidense no solo reafirmó el interés de Washington en recomponer los lazos, sino que dio pie a una serie de anuncios que delinean un nuevo capítulo en la relación bilateral.
El punto más relevante para los ciudadanos estadounidenses —y para el turismo en Bolivia— es la próxima eliminación del requisito de visa para viajes de turismo y negocios, una decisión comunicada directamente por el presidente Paz durante la reunión con Landau. Esta medida desmonta una barrera vigente desde 2007 y pretende incentivar el flujo de visitantes, inversión y movimientos comerciales entre ambos países.
El Gobierno boliviano y la delegación estadounidense también acordaron impulsar un Acuerdo de Cielos Abiertos, que buscará habilitar más rutas aéreas y abaratar costos de viaje. La administración de Paz adelantó, además, que aprobará la licencia de operación de Starlink, lo que permitirá ampliar el acceso a internet de alta velocidad incluso en zonas rurales.
El comunicado destaca que ambos gobiernos pretenden reconstruir los lazos entre pueblos. En esa línea, Paz expresó su intención de invitar nuevamente al Cuerpo de Paz, ausente del país desde 2013. Estados Unidos, por su parte, anunció que reabrirá un Espacio Americano en La Paz en 2026, diez años después de su cierre, como un centro cultural y educativo para promover el inglés y el intercambio cultural.
En el ámbito económico, dos agencias financieras clave —la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC) y el Banco de Exportación e Importación (EXIM)— informaron que están listas para retomar operaciones en Bolivia y explorar oportunidades de inversión. Además, se relanzará el Consejo Bilateral de Comercio e Inversión, acompañado de un Equipo Conjunto de Negociación para dinamizar proyectos en sectores productivos.
La agenda de seguridad también estuvo presente. Landau anunció una donación de 700.000 dólares en medicamentos antirretrovirales y kits de prueba para VIH, bajo el programa PEPFAR. A esto se suma el compromiso de trabajar con el Congreso estadounidense para canalizar asistencia destinada a mejorar la seguridad ciudadana en Bolivia. Ambos gobiernos manifestaron también interés en avanzar hacia un memorando de entendimiento en materia de colaboración nuclear civil segura.
El proyecto fue aprobado en una sesión marcada por tensiones y reproches entre oficialismo y oposición.
La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) sancionó este viernes el proyecto de Ley de Diferimiento de Créditos, lo que ratificó el texto aprobado previamente por la Cámara de Diputados y dejó fuera las modificaciones introducidas por el Senado. La norma fue aprobada por mayoría absoluta en una sesión que cerró el periodo legislativo, en medio de tensiones entre oficialismo y oposición.
La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) sancionó este viernes el proyecto de Ley de Diferimiento de Créditos, lo que ratificó el texto aprobado previamente por la Cámara de Diputados y dejó fuera las modificaciones introducidas por el Senado. La norma fue aprobada por mayoría absoluta en una sesión que cerró el periodo legislativo, en medio de tensiones entre oficialismo y oposición.
Durante el debate, varios legisladores de la oposición cuestionaron la conducción de la sesión, presidida por el presidente nato de la ALP y vicepresidente del Estado, David Choquehuanca. Desde el bloque oficialista, en cambio, se defendió la urgencia de la medida con el argumento de que el diferimiento busca aliviar la carga financiera de los sectores más afectados por la crisis económica.
La votación se desarrolló en un ambiente de confrontación política, con cruces de acusaciones y reproches entre las bancadas del MAS, Comunidad Ciudadana y Creemos.
Finalmente, el pleno decidió ratificar el proyecto sin aceptar los cambios del Senado, lo que permitió su sanción definitiva y su envío al Órgano Ejecutivo para su promulgación.
“El ministro de Trabajo, Víctor Quispe, confirmó que el feriado de Todos Santos, que es el domingo 2, será trasladado al lunes 3 de noviembre, por lo que ese día quedan sus pendidas todas las actividades laborales públicas y privadas”, dice un post de la Agencia Boliviana de Información (ABI).
Este año el 2 de noviembre, cae en un día domingo, por lo que según se esperaba, el feriado debía trasladarse al día siguiente, siendo este un día hábil, es decir al lunes 3 de noviembre. Sin embargo, la normativa no respaldaba esta suposición.
De acuerdo con el Decreto Supremo 2750, promulgado por Evo Morales, establece diversos feriados nacionales, entre ellos el del 2 de noviembre, es decir de Todos Santos.
En la norma se detalla que los feriados que caen un día domingo, se trasladarán al día lunes, siendo este un día hábil, sin embargo, detalla que existen algunas excepciones, siendo este el día de Todos Santos.
Cabe señalar que la semana pasada, la noticia sobre el posible traslado del feriado fue dada a conocer por el viceministro de Turismo, Iver Flores, quien señaló que se analizaba la coyuntura actual en el país para determinar qué decisión se tomará.
Para Flores era importante realizar el traslado de este feriado al día lunes, para impulsar el turismo y el movimiento económico debido a que los bolivianos gozarían de un fin de semana largo.
Habrá feriado el lunes
Es así que este miércoles 29 de octubre, el ministro de Trabajo dio a conocer que si se establecerá el traslado del feriado de Todos Santos de forma excepcional en este año. De esta manera, los bolivianos tendrán una jornada de descanso el lunes 3 de noviembre.
Es así que, según Quispe, la confirmación se hizo en atención al pedido de diversos sectores que demandaban extender el descanso para reactivar actividades económicas y fomentar el turismo.
27/10/2025 12:00.- La Asamblea Legislativa Plurinacional remitió este lunes al Órgano Ejecutivo el proyecto de ley sancionada que autoriza la importación de combustibles, con el objetivo de paliar la actual crisis de abastecimiento en el país.
La presidenta en ejercicio de la Cámara de Diputados, Deisy Choque, fue la encargada de firmar la nota oficial de envío al despacho presidencial, cumpliendo con el procedimiento establecido una vez que la norma fue aprobada por ambas cámaras del Legislativo.
“Adjunto a la presente, me permito remitir al órgano ejecutivo para fines constitucionales cuatro ejemplares debidamente suscritos por quienes corresponde de la ley sancionada por la Asamblea Legislativa Plurinacional “Ley corta excepcional y transitoria para garantizar el abastecimiento de Diesel y gasolina en situación de emergencia”. señala la nota enviada al Órgano Ejecutivo.
La norma establece mecanismos excepcionales para permitir la importación directa de combustibles por parte de gobiernos subnacionales, cooperativas y el sector privado, con el fin de garantizar el suministro de gasolina y diésel en todo el territorio nacional.
Con el envío formal del proyecto, el texto queda ahora en manos del presidente Luis Arce, quien deberá promulgar la ley o devolverla con observaciones en un plazo constitucional.
Este domingo, se reportó el hallazgo del cuerpo sin vida del juez que destapó injerencia del gobierno de Arce en el sistema judicial, Fernando Marcelo Lea Plaza. Marcelo Lea Plaza cumplía detención domiciliaria por este caso. En una declaración ampliatoria denunció que había recibido presiones para emitir el fallo para destituir a la magistrada Fanny Coaquira
Lea enfrentaba un proceso por emitir una resolución para suspender a Fanny Coaquira como magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Durante una declaración ampliatoria denunció que recibió presiones por ese fallo.
El caso salió a la luz a inicios de junio, tras una denuncia desde el TSE que agregaba que el intento de destitución a la magistrada Coaquira desconocía el principio de preclusión y se sentaba un peligroso precedente.
Fue así que el Consejo de la Magistratura inició una investigación y advirtió con sanciones disciplinarias a todos los funcionarios judiciales que estaban involucrados.
En la declaración ampliatoria de Lea Plaza, el hombre denunció haber sido presionado por autoridades judiciales y del Ejecutivo para suspender a la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Fanny Coaquira.
En su declaración involucró Iván Campero, suplente de Coaquira, a Claudia Castro, quien ejercía como vocal del Tribunal Supremo de Justicia de La Paz y renunció al cargo durante el proceso. A ellos se suma el exministro de Justicia, César Siles, entre otras autoridades.
“En ese lugar estaba el Iván Campero Villalba (…) me dijeron que ese tema ya estaba instruido por parte del ministro de Justicia (…) que pretendían que al ser el Iván Campero el suplente, una vez que se realice esta acción donde se le suspenda a la dra. Coaquira, iba a subir Iván Campero”, señalaba una parte de su declaración ampliatoria.
Lea Plaza se encontraba cumpliendo detención domiciliaria en su vivienda ubicada en la zona sur de la ciudad de La Paz, lugar donde fue hallado su cuerpo.
De momento la Policía no ha hecho conocer un reporte sobre el deceso de Lea Plaza.
El último informe financiero de YPFB confirma que las reservas probadas de gas natural cayeron a 4,49 TCF al cierre de 2023, menos de la mitad del volumen que tenía el país hace diez años. La caída no solo marca el fin de un ciclo económico
Bolivia entra en la recta final de su ciclo gasífero. Según los estados financieros 2024 de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), las reservas de este recurso, certificadas por la consultora estadounidense Degolyer and MacNaughton, cayeron a 4 trillones de pies cúbicos (TCF), una cifra que coloca al país al borde de perder su autosuficiencia energética y lo obliga a prepararse para importar gas antes de 2028. El dato genera preocupación, porque hasta 2013 las reservas certificadas alcanzaban 10,45 TCF. Estas cifras demuestran una pérdida neta de 5,96 TCF, equivalente a una caída del 57% en una década. Es la contracara de un modelo que apostó por la exportación sin reponer lo que salía de los pozos y que hoy, según los datos, se muestra inviable. Estos números no provienen de una fuente extraoficial ni de analistas independientes, sino del propio balance contable de la petrolera estatal, elaborado bajo normas internacionales de auditoría, al que accedió EL DEBER. El documento detalla que la certificación consideró 65 campos hidrocarburíferos, de los cuales 45 contienen gas natural y 17 petróleo. Tres fueron descartados por falta de rentabilidad económica. Durante años, especialistas del sector advirtieron que en algún momento el país se vería en apuros sino se desarrollaban proyectos de exploración para la búsqueda nuevas cuencas hidrocarburíferas. Las respuestas ante estas observaciones fueron el desprestigio de los profesionales y el anuncio de proyectos sobredimensionados. Un ejemplo claro fue el llamado “megadescubrimiento” de reservas de gas en el pozo Boyuy-X2, ubicado en el municipio de Caraparí, Tarija. El entonces ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, lo presentó como “un mar de gas”. La realidad, sin embargo, fue muy distinta: el pozo resultó un fracaso.
El fin del ciclo gasífero
En la actualidad, Bolivia vive de campos maduros que están en declinación natural: Sábalo, San Alberto, Margarita e Itaú, que antaño fueron megayacimientos y generaron millones de dólares en exportaciones. La realidad es más cruda aún, porque los diferentes proyectos desarrollados no lograron una reposición efectiva de reservas. El resultado: el país produce 0,41 TCF por año, equivalente al 10% de su base disponible. A ese ritmo, sin descubrimientos relevantes, el gas boliviano tiene una década de vida útil, según los especialistas. Después de ese periodo, la producción solo alcanzaría para cubrir el mercado interno, con costos crecientes. En los mejores años del ciclo gasífero, Bolivia llegó a exportar más de 50 millones de metros cúbicos diarios (MMmcd) a Brasil y Argentina. Hoy esa cifra se redujo a menos de la mitad. El impacto fiscal y cambiario es evidente: el Estado recibe menos regalías, las reservas internacionales cayeron y la escasez de divisas se volvió estructural. El informe de YPFB consigna además que, junto con el gas, el país cuenta con 12,6 millones de barriles de petróleo, 51,1 millones de condensado, 26,7 millones de gasolina natural y 3,19 millones de GLP. Pero el problema no radica en los líquidos, sino en la base energética que sostenía la economía desde principios de siglo: el gas. En 2014, las exportaciones de este recurso representaban el 50% de los ingresos del país. Hoy apenas superan el 20%. No hubo sustituto. La industrialización no despegó al ritmo prometido y las plantas —como la de Amoniaco y Urea o la de Gran Chaco— operan con baja carga o con paros recurrentes, pese a que las inversiones en estos complejos petroquímicos fueron millonarias. El documento financiero menciona que la certificación de reservas fue realizada bajo los estándares del Petroleum Resources Management System (SPE-PRMS), aplicando parámetros técnicos de producción, costos e infraestructura. Es decir, los 4,49 TCF no son un cálculo pesimista, sino una estimación oficial. El gas, que durante casi dos décadas sostuvo el relato de la “soberanía energética”, se está agotando en silencio. No por culpa de la naturaleza, sino por la falta de exploración, planificación y reinversión. Y los recursos existían. Entre 2006 y 2023, según reportes oficiales, YPFB recibió más de $us 50.000 millones en ingresos acumulados por hidrocarburos. Sin embargo, la inversión exploratoria promedio anual no superó los $us 400 millones, menos de la mitad de lo necesario para sostener el nivel de reservas.
No se cuidó la nacionalización
Desde el gobierno de Luis Arce no ocultan esta situación. Tras la ruptura con Evo Morales por el liderazgo del Movimiento al Socialismo (MAS), el Ejecutivo se sumó a las críticas hacia la política hidrocarburífera aplicada durante la administración del exmandatario. El principal argumento esgrimido por el actual gobierno es que en ese periodo no se cuidó ni se consolidó adecuadamente la nacionalización de los hidrocarburos. El 1 de mayo de 2006, Morales promulgó un decreto supremo que activó mecanismos legales para centralizar el control de toda la cadena hidrocarburífera, otorgando además una participación mínima a las empresas operadoras. La consecuencia fue previsible: Bolivia se volvió un país poco atractivo para las inversiones en exploración por parte de las compañías extranjeras El propio Arce ha reconocido ese error. En marzo de 2025, el mandatario afirmó que “en 14 años el Gobierno solo se dedicó a generar los recursos y distribuirlos entre las gobernaciones, pero no se hizo inversión en exploración de nuevos pozos”. En la misma línea, agregó: “Nos comimos el gas… ese es el principal elemento que explica por qué sucede todo en nuestro país”. Meses antes, en septiembre de 2024, Arce había sido más directo: “No se hizo trabajos de exploración, lo que llevó a una menor producción y a un menor ingreso de dólares a la economía del país”. En esa oportunidad también admitió que “la falta de descubrimientos de nuevos pozos gasíferos ha provocado que la oferta se reduzca”. Hacia finales de ese mismo año, el presidente aseguró que su Gobierno ya estaba intentando revertir la tendencia. “Este año ya tenemos resultados… esto garantiza que vamos a tener producción de hidrocarburos a partir del año 2026. Algunos pozos pequeños ya van a empezar a producir a partir del 2025 y otros grandes a partir del 2026”, sostuvo el 23 de diciembre de 2024.
Los efectivos recibieron una sanción de baja definitiva sin derecho a reincorporación, según determinó un tribunal disciplinario.
viernes 17 de octubre de 2025:El Tribunal Disciplinario Departamental de Potosí determinó la baja sin derecho a reincorporación de un suboficial y cuatro sargentos, detenidos en la frontera con Chile en posesión de 570 kilos de droga y armamento. Los implicados continúan detenidos en el vecino país.
El Tribunal Disciplinario Departamental de Potosí determinó la baja sin derecho a reincorporación de un suboficial y cuatro sargentos, detenidos en la frontera con Chile en posesión de 570 kilos de droga y armamento. Los implicados continúan detenidos en el vecino país.
El presidente del Tribunal Disciplinario Departamental, Edgar Cortez, confirmó que el proceso disciplinario interno se llevó a cabo hace dos días. “Han recibido una sanción de baja definitiva sin derecho a reincorporación por parte de este tribunal”, declaró el jefe policial.
Los uniformados fueron aprehendidos el 6 de agosto en la región de Antofagasta, cuando cruzaron por un paso ilegal en el sector de Hito Cajón. Los cinco ocupantes del vehículo fueron acusados de los delitos de tenencia ilegal de arma de fuego prohibida, tenencia ilegal de arma de fuego, tenencia ilegal de municiones, disparos injustificados, secuestro y tráfico de drogas.
Los cinco policías traspasaron el límite internacional con Bolivia, ingresando a territorio chileno por un paso no habilitado e internándose por aproximadamente un kilómetro, donde interceptaron a una camioneta y ambos vehículos quedaron atrapados en la nieve.
En ese lugar, los imputados habrían efectuado un número indeterminado de disparos, alcanzando varios proyectiles la parte trasera de la camioneta, para posteriormente reducir a uno de los ocupantes de esta última, a quien esposaron y mantuvieron recostado y descalzo sobre la nieve.
Cuando los Carabineros de Chile llegaron al lugar hallaron droga en el vehículo del civil: 499 kilos con 850 gramos de marihuana y 73 kilos con 750 gramos de pasta base de cocaína.
“Este tribunal ha tomado en cuenta que estos funcionarios policiales habrían estado involucrados en una denuncia por situaciones de sustancias controladas en el vecino país de Chile”, afirmó Cortez.
El 1 de septiembre, un juez determinó la detención preventiva por 150 días de los ahora exuniformados.
Operativo busca asegurar una jornada tranquila y ordenada durante el proceso de votación.
15/10/2025 15:12, El Comando Departamental de la Policía de La Paz informó que 8.000 efectivos policiales serán desplegados en todo el departamento para garantizar el normal desarrollo de la segunda vuelta electoral, prevista para el próximo domingo 19 de octubre.
“Ya estamos organizados para llevar adelante las elecciones del día domingo. Vamos a desplegar un promedio de 8.000 servidores públicos en todo el departamento de La Paz para garantizar que las elecciones se desarrollen dentro de un marco de tranquilidad y sin alteraciones al orden público”, señaló el general Gunther Agudo, comandante departamental de la Policía de La Paz.
El jefe policial explicó que el operativo contempla el resguardo de los recintos electorales, principalmente de las unidades educativas habilitadas como centros de votación, además de la escolta y seguridad del material electoral, incluyendo las maletas con los documentos de sufragio.
Mas de siete millones de bolivianos participarán en esta jornada democrática en la que se elegirá al próximo presidente del país.
La nueva Ley No. 1639, promulgada por el presidente de la República de Bolivia, modifica la Ley 603 del Código de Familias y Procedimiento Familiar, eliminando el matrimonio infantil y las uniones tempranas sin excepciones. La ley entra en vigencia a partir de hoy, 25 de septiembre.
En un importante avance para los derechos de las niñas, la decisión del Estado boliviano de aprobar la reforma de la Ley 603 elimina las excepciones legales que anteriormente permitían el matrimonio y las uniones tempranas a partir de los 16 años.
«Este cambio es un gran paso adelante para las niñas y adolescentes en Bolivia. Al eliminar los vacíos legales, deja en claro que ninguna niña debe casarse o estar obligada a vivir con una pareja antes de cumplir los 18 años. Se trata de proteger su salud y bienestar, y abrirles más oportunidades para que aprendan, crezcan y construyan el futuro que desean», dijo Carmen Elena Alemán, directora regional de Plan International para América Latina y el Caribe.
La aprobación de esta reforma es el resultado de un esfuerzo conjunto histórico entre organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Plan International, y legisladores comprometidos con la protección de la niñez, quienes aportaron evidencia y recomendaciones a través de la mesa técnica para cerrar definitivamente estos vacíos legales.
La nueva ley es un primer paso importante en la construcción de un entorno más seguro para las niñas y adolescentes. Plan International subraya que, aunque se trata de un avance fundamental, queda mucho por hacer para prevenir las uniones informales tempranas y transformar los patrones socioculturales que las provocan y normalizan.
«La aprobación de esta ley es un gran paso para proteger a las niñas y adolescentes en Bolivia, pero las leyes por sí solas no terminarán con el matrimonio infantil o las uniones tempranas. Bolivia necesita programas que cambien las normas sociales y de género perjudiciales, al mismo tiempo que invierten en educación y se aseguran de que las niñas puedan acceder a la atención médica, la justicia y oportunidades reales para su futuro. Y no podemos olvidarnos de las niñas y adolescentes que ya están casadas o viven con una pareja. Necesitan apoyo para reclamar sus derechos, obtener los servicios que merecen y salir adelante libres de violencia y dificultades», agregó Carmen Elena.
