A escala nacional, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó que existen 8.100 candidatos habilitados para participar en las elecciones subnacionales previstas para el mes de marzo de este año.
El presidente del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz, Marco Monasterio, informó este viernes que el 70% de los candidatos inscritos para las elecciones subnacionales fueron inhabilitados por incumplir los requisitos establecidos en la normativa electoral. Monasterio explicó que para este proceso electoral, en el que se elegirá a alcaldes, asambleístas y al gobernador de Santa Cruz, se presentaron un total de 5.602 carpetas ante el TED, de las cuales solo el 30% cumplió con todos los requisitos exigidos.
“Dentro del programa establecido, este viernes vamos a publicar los nombres de los candidatos inhabilitados para que, a partir del lunes 12 de enero hasta el 5 de febrero, los delegados de las organizaciones políticas puedan sustituir a las candidaturas observadas”, señaló la autoridad electoral. El presidente del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz, Marco Monasterio, informó este viernes que el 70% de los candidatos inscritos para las elecciones subnacionales fueron inhabilitados por incumplir los requisitos establecidos en la normativa electoral. A escala nacional, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó que existen 8.100 candidatos habilitados para participar en las elecciones subnacionales previstas para el mes de marzo de este año.
Asimismo, más de 26.000 postulantes fueron inhabilitados en todo el país por no cumplir con los requisitos, decisión que fue asumida tras una Sala Plena ampliada con la participación de los nueve tribunales electorales departamentales.
Bolivia da un paso importante para simplificar y dinamizar el comercio internacional con la incorporación permanente del sector privado al Comité Nacional de Facilitación del Comercio (CNFC).
En la IV Reunión del CNFC, el Canciller Fernando Aramayo Carrasco destacó los esfuerzos extraordinarios para unir a los agentes económicos y eliminar obstáculos que ralentizan las exportaciones e importaciones. “Con la participación del sector privado, este Comité se convierte en un órgano mixto que permitirá la simplificación, armonización y modernización de los procedimientos comerciales, reduciendo tiempos y costos en nuestras fronteras”, afirmó.
El Comité, integrado por los ministerios de Relaciones Exteriores, Economía y Finanzas Públicas y Desarrollo Productivo Rural y Agua, opera bajo la coordinación técnica de Cancillería, y para esta presentación los ministros José Gabriel Espinoza y Óscar Justiniano estuvieron presentes, mostrando un acompañamiento activo y su compromiso con las labores del comité.
La reunión también contó con la presencia de representantes de entidades públicas y del sector privado, entre ellos la Aduana Nacional, la Cámara Nacional de Comercio, la Cámara Nacional de Industrias, CAINCO y la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, así como de las principales cámaras de exportadores y transporte.
Harry Bellido, Presidente de la Cámara de Exportadores de La Paz, destacó que la incorporación del sector privado al Comité constituye “una alternativa estratégica y esperable, que permitirá a los exportadores contribuir directamente a la reactivación económica del país”. Su participación será clave para identificar cuellos de botella, proponer mejoras técnicas y garantizar que las políticas de facilitación comercial respondan eficazmente a las necesidades del mercado.
El Ministro Aramayo subrayó que la integración del sector privado permitirá digitalizar trámites, agilizar procedimientos aduaneros y fortalecer la coordinación logística para que el comercio exterior boliviano sea más eficiente. “Nuestro objetivo es que el CNFC sea un brazo facilitador para los operadores de comercio, ampliando redes comerciales, atrayendo inversiones y utilizando la diplomacia con inteligencia comercial para abrir Bolivia al mundo y que el mundo se abra con Bolivia”, sostuvo.
El Canciller resaltó que Bolivia es parte del Acuerdo de Facilitación del Comercio de la Organización Mundial del Comercio desde 1995 y que la normativa nacional garantiza la implementación de medidas que simplifiquen los procesos fronterizos y fortalezcan la competitividad del país en el comercio internacional.
Con la creación de este Comité mixto, Bolivia busca no solo optimizar la logística y los procedimientos comerciales, sino también consolidar un espacio permanente de coordinación entre el sector público y privado, fortaleciendo la posición del país como actor confiable en el comercio global.
La Procuraduría amplía el ‘Caso Botrading I’ contra 9 personas e inicia el ‘Caso Botrading II’. De un préstamo de $us 80 millones otorgado por el Estado, no se sabe dónde están $us 55 millones.
En el marco de las investigaciones del denominado ‘Caso Botrading’, el procurador general del Estado, Hugo César León, informó este miércoles que se presentarán dos nuevas denuncias por presuntas irregularidades detectadas en la suscripción de 12 contratos administrativos entre Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la empresa Botrading.
León explicó que la primera acción legal corresponde a una ampliación de la investigación en el denominado ‘Caso Botrading I’, en la que se formaliza una denuncia contra nueve personas que ya fueron identificadas en la imputación presentada por el Ministerio Público. Asimismo, anunció que se activará una segunda denuncia que será presentada la tarde de este miércoles en la ciudad de Santa Cruz por el presidente de YPFB, Yussef Akly. Esta nueva acción está vinculada a un préstamo otorgado por el Estado a Botrading por un monto de 80 millones de dólares, de los cuales solo se tiene identificado el destino de 25 millones.
“De este préstamo solo tenemos identificados 25 millones de dólares; quedaría el resto de esa cantidad, una suma considerable de dinero, sin poder identificar. Como este hecho, existen otros que involucran al directorio de YPFB en las gestiones 2023, 2024 y 2025”, afirmó el procurador.
La Procuraduría amplía el ‘Caso Botrading I’ contra 9 personas e inicia el ‘Caso Botrading II’. De un préstamo de $us 80 millones otorgado por el Estado, no se sabe dónde están $us 55 millones.
En el marco de las investigaciones del denominado ‘Caso Botrading’, el procurador general del Estado, Hugo César León, informó este miércoles que se presentarán dos nuevas denuncias por presuntas irregularidades detectadas en la suscripción de 12 contratos administrativos entre Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la empresa Botrading.
De acuerdo con la información proporcionada por el ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, el ‘Caso Botrading I’ habría generado un daño económico de aproximadamente medio millón de dólares. En tanto, en esta segunda denuncia se identificó un movimiento de 80 millones de dólares, de los cuales 55 millones no tendrían un destino claramente establecido.
Las autoridades señalaron que las investigaciones continúan en curso y que no se descarta la ampliación de responsabilidades conforme avancen las indagaciones del Ministerio Público.
Redacción Central/El Periódico/Tarija 06-01-2026.- En los últimos días, la ciudad de Tarija fue escenario de protestas y manifestaciones dirigidas contra la Aduana Nacional y la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove) de la Policía Boliviana, a raíz de denuncias vinculadas a motorizados robados que posteriormente aparecieron desmantelados o incluso cortados por la mitad.
De acuerdo con información difundida por distintos medios de comunicación locales, los reclamos surgieron tras conocerse varios casos en los que vehículos sustraídos en Bolivia y Argentina fueron hallados en depósitos o recintos bajo control de estas instituciones, pero en condiciones que habrían imposibilitado su restitución a los propietarios. Los afectados sostienen que los motorizados habrían sido fraccionados con el presunto objetivo de comercializar sus partes, generando un perjuicio económico significativo.
Las movilizaciones se concentraron principalmente en inmediaciones de oficinas de la Aduana y dependencias policiales, donde los manifestantes expresaron su indignación por la falta de respuestas claras y por la demora en los procesos administrativos y de investigación. Las quejas no solo provienen de ciudadanos tarijeños, sino también de personas de nacionalidad argentina que denunciaron situaciones similares, lo que ha dado al conflicto un matiz binacional.
Según lo reportado por la prensa regional, los reclamantes exigen mayor transparencia, una investigación exhaustiva de los hechos y sanciones para los responsables de estos supuestos ilícitos. Asimismo, advirtieron que, ante la ausencia de soluciones concretas, iniciarán acciones legales en instancias nacionales e internacionales.
El caso ha generado preocupación en la población y reavivó el debate sobre los controles, la custodia de bienes incautados y la coordinación entre instituciones encargadas de combatir el robo de vehículos en la frontera sur del país.
Durante la jornada de este miércoles, varios contribuyentes reportaron dificultades para cumplir con sus obligaciones tributarias debido a fallas en el sistema digital del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN).
De acuerdo con testimonios recogidos, la página web presentó interrupciones frecuentes que impidieron completar los trámites de pago. Ante esta situación, algunas personas acudieron a entidades financieras para realizar el procedimiento de forma presencial, donde constataron que otros contribuyentes enfrentaban el mismo problema.
No obstante, la atención bancaria se desarrolló en horario continuo, lo que limitó el tiempo disponible para efectuar los pagos y dejó a varios usuarios sin la posibilidad de cumplir dentro del plazo previsto.
Los contribuyentes afectados pidieron que la plataforma digital del SIN funcione de manera estable y eficiente, con el fin de garantizar condiciones adecuadas para el cumplimiento de las obligaciones tributarias, que aportan a los ingresos del Estado.
La Paz, 31 de diciembre de 2025.- Los artículos 27, 28 y 30 del Decreto Supremo N°5503 otorgan tres beneficios a los contribuyentes que directa o indirectamente buscan contribuir a la reactivación de la economía boliviana, incentivando la producción nacional, la inversión privada y el empleo formal en todo el país.
En efecto, la Resolución Normativa de Directorio (RND) Nº 102500000052 del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), que reglamenta los tres artículos del mencionado Decreto Supremo, busca incentivar la producción nacional a través de la introducción de incentivos para el consumo de productos “Hecho en Bolivia”.
Además, establece el procedimiento para la depreciación acelerada de activos fijos hasta un 50 por ciento y también, para que el 50 por ciento de los aportes patronales se acrediten como Pago a Cuenta del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Incentivo a la producción nacional
Con relación a este primer aspecto, la RND Nº 102500000052, del 24 presente mes, establece que ahora los contribuyentes directos del RC-IVA, tales como profesionales independientes, consultores y trabajadores dependientes, podrán obtener un crédito fiscal adicional del 20%, con la presentación de facturas que lleven la leyenda “Hecho en Bolivia”.
Los proveedores de productos que deseen obtener autorización para la inclusión de la leyenda “Hecho en Bolivia”, deberán gestionarla en la Administración Tributaria hasta el 31 de diciembre de 2027, acreditando que toda su producción es de origen nacional y una vez que ello haya sido verificado, se les autorizará la inclusión de la misma en las modalidades de facturación vigentes.
Para las modalidades de facturación en línea se deberá realizar la homologación “Hecho en Bolivia” en el sistema del SIN, de acuerdo al procedimiento técnico del Sistema de Facturación disponible en la opción SIAT en Línea – Información Técnica.
En las modalidades manual y prevalorada, Impuestos Nacionales deberá autorizar sus facturas con un Código de Autorización vinculado como “Hecho en Bolivia”, conforme al mismo procedimiento establecido en la opción SIAT en Línea – Información Técnica.
Así, los contribuyentes, que realicen compras de empresas cuyas facturas cuenten con la leyenda “Hecho en Bolivia”, ayudarán a incentivar la producción nacional, y a la vez podrán obtener un crédito fiscal del 15,6% y ya no del 13%, como hasta ahora.
Cabe aclarar que este tipo de facturas podrán ser emitidas sólo hasta el 31 de diciembre de 2027 y tendrán una vigencia de 120 días, desde la fecha de emisión hasta su presentación, como ya está establecido por el SIN.
Depreciación acelerada
Por otra parte, las empresas que entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026, de manera voluntaria adquieran nuevos activos tales como maquinaria, equipos de computación y otros, podrán reducir a la mitad en el cálculo de la vida útil de los mismos, es decir, registrar una depreciación acelerada del 25 al 50%.
Por ejemplo, si la depreciación de un equipo de computación es del 25%, con la aplicación de este nuevo incentivo, la deducción llegará al 50%.
Mediante el Formulario 605, las empresas deberán detallar cuáles son los activos fijos sujetos a esta depreciación acelerada e incluirlos, por escrito, en sus Estados Financieros como Notas Aclaratorias. Ésto implica un mayor gasto deducible en el pago del Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE).
Están excluidas de este beneficio las empresas mineras e hidrocarburíferas.
Aportes patronales
De igual forma, las empresas que realicen nuevas contrataciones entre el 17 de diciembre de 2025 y el 31 de marzo de 2026 y que estén formalmente registradas en el Ministerio de Trabajo, podrán reducir el pago del 50% del aporte patronal y acreditarlo como pago a cuenta del IVA.
Asimismo, el 50% de los aportes que realizan las empresas por el Seguro Social a Corto Plazo (10%), Pro-Vivienda (2%) y Riesgo Profesional (1,71%), podrán acreditarlo en el mismo período fiscal del IVA que se declara.
Existen sin embargo tres restricciones, sólo se podrán acreditar aquellos sueldos menores o iguales a cuatro (4) salarios mínimos nacionales; no generará saldos acumulables a favor del contribuyente y no se trasladarán al siguiente período fiscal.
El Servició de Impuestos Nacionales está trabajando en la reglamentación de los otros artículos del Decreto 5503 relacionados con la gestión tributaria, dentro de los plazos establecidos.
La Cámara de Diputados compartió la lista de los vocales titulares y suplentes que fueron designados para este departamento, luego de que durante el fin de semana se eligiera a las autoridades del TSE
La Cámara de Diputados designó la madrugada de este lunes 22 de diciembre de 2025 a los vocales electorales titulares y suplentes de los departamentos de Cochabamba, Beni y Tarija, como parte del proceso de conformación de las instancias electorales departamentales.
Durante su 24ª y 25ª sesión ordinaria, la Cámara de Diputados designó a los vocales departamentales de Pando, Santa Cruz, Cochabamba, Tarija y Beni, cuya posesión se realizará este martes 23 de diciembre, y devolvió los informes remitidos por las asambleas legislativas de Chuquisaca y La Paz, por observaciones en las ternas presentadas. Asimismo, el presidente de Diputados, Roberto Castro Salazar, informó que las asambleas legislativas de Potosí y Oruro no presentaron aún sus ternas para las designaciones. “El Tribunal Supremo Electoral asume plenamente la administración del tribunal electoral departamental, en tanto y en cuanto se proceda a la elección y la designación en los departamentos que no cuentan con los respectivos vocales departamentales”, explicó la autoridad. En el caso de Chuquisaca, se evidenció la falta de representación indígena originaria campesina y, respecto a La Paz, se verificó que no se cumplió con la paridad y la alternancia de género.
En Cochabamba, fueron nombrados como titulares Daniel Quinteros Meneses, Lidia Beramendi Martínez, Juana Estela Vargas Claros y Danny Roberto Knaudt Vilaseca; mientras que los suplentes son Fernando Claros Robles, Delina Irma Zurita Herbas, Gladis Rocha Salguero y Abel Zuazo Gutiérrez.
Para el departamento del Beni, la nómina de titulares está conformada por Olga Karina Cuellar Mercado, Farita Raduan García, Beiby Muñoz Eguez y Alex Mauricio Rivero Eguez. En calidad de suplentes fueron designados Jenny Vaca Vaca, Einar Ramos Álvarez, Rosa Kitty Flores Paz y Javier Echalar Justiniano. En ambos casos, se otorgó un plazo de cinco días calendario para subsanar las observaciones y remitir nuevamente la documentación.
Desde la Cámara de Diputados se informó que el proceso de designación continuará para los demás departamentos del país, en el marco del cumplimiento de los procedimientos. Aún queda conocer la lista de Chuquisaca, Potosí, Oruro y La Paz.
Según el Gobierno, la decisión busca aliviar al sector productivo, agilizar la importación de carburantes y eliminar trabas que generaban demoras y hechos de corrupción.
Desde este lunes, el diésel deja de ser considerado sustancia controlada en el país, una medida que apunta a aliviar al sector productivo y al transporte pesado, además de reducir la burocracia y los hechos de corrupción vinculados a su transporte y comercialización.
El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, informó que, con esta determinación, la población podrá comprar y transportar diésel sin ningún tipo de inconveniente, lo que beneficiará principalmente al agro, la minería y el transporte pesado.“Un tema importante que hemos visto con el sector transporte es que a partir de este lunes el diésel deja de ser sustancia controlada. Esto permitirá que la gente pueda comprar y transportar este carburante sin restricciones”, explicó la autoridad.
Desde este lunes, el diésel deja de ser considerado sustancia controlada en el país, una medida que apunta a aliviar al sector productivo y al transporte pesado, además de reducir la burocracia y los hechos de corrupción vinculados a su transporte y comercialización.
El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, informó que, con esta determinación, la población podrá comprar y transportar diésel sin ningún tipo de inconveniente, lo que beneficiará principalmente al agro, la minería y el transporte pesado.
“Un tema importante que hemos visto con el sector transporte es que a partir de este lunes el diésel deja de ser sustancia controlada. Esto permitirá que la gente pueda comprar y transportar este carburante sin restricciones”, explicó la autoridad.
Justiniano señaló que durante el proceso de diálogo con el sector transportista, uno de los dirigentes le manifestó que esta normativa le permitirá evitar hasta dos días de demora en frontera para internar diésel al país. “Esto realmente alivia a todos los sectores, pero principalmente permite evitar la corrupción que imperaba en este tipo de situaciones”,
La autoridad remarcó que no existirá ningún tipo de control sobre el diésel, aclarando que, si bien es un combustible sensible, el mayor problema de desvío se registra con la gasolina.
Esta decisión forma parte del paquete de normas establecidas en el Decreto Supremo 5503, que busca adecuar la normativa a la realidad productiva del país.
Justiniano recordó que anteriormente solo se permitía transportar hasta 120 litros de diésel, una restricción que calificó de excesiva. “Tenemos cosechadoras que consumen hasta 800 litros de diésel al día. Era una barbaridad y un foco tremendo de corrupción”, sostuvo.
“Se establece el Sistema Integrado Especial de Transición para Emprendedores al Régimen General (SIETE-RG), que consolida el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA), del Impuesto a las Transacciones (IT) y del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), en un monotributo aplicable a emprendedores en transición”, se lee en el decreto
18 de diciembre 20205.- Dentro del Decreto Supremo 5503, el Gobierno plantea la creación del Sistema Integrado Especial de Transición para Emprendedores al Régimen General (SIETE-RG), un nuevo esquema tributario que busca facilitar la formalización de pequeños emprendimientos mediante el pago de un monotributo del 5% sobre las ventas brutas.
“Se establece el Sistema Integrado Especial de Transición para Emprendedores al Régimen General (SIETE-RG), que consolida el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA), del Impuesto a las Transacciones (IT) y del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), en un monotributo aplicable a emprendedores en transición”, se lee en el decreto
Esta disposición está dentro del Decreto Supremo 5503 en el capítulo II denominado “SISTEMA TRIBUTARIO DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO” que cuenta con siete artículos. De acuerdo con la propuesta, el SIETE-RG consolida en un solo pago bimestral el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto a las Transacciones (IT) y el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE).
Dentro de las condiciones de la medida se menciona que SIETE-RG está dirigido a empresas unipersonales y profesionales independientes inscritos en el Registro de Comercio que desarrollen actividades productivas manufactureras o de servicios, con ingresos anuales iguales o menores a Bs 250.000.
El régimen permite contar con hasta dos establecimientos o unidades económicas y exige la aceptación del uso de instrumentos electrónicos de pago. Asimismo, podrán migrar voluntariamente al SIETE-RG aquellas empresas unipersonales o profesionales independientes que en los últimos dos años hayan registrado ventas brutas anuales por debajo de ese monto.
“a) Ser empresa unipersonal inscrita en el Registro de Comercio o profesional independiente. b) Desarrollar actividades productivas manufactureras o de servicios con proyección de ingresos anuales iguales o menores a Bs 250.000.– c) Contar con hasta dos (2) establecimientos o unidades económicas como máximo. D) Aceptar el uso de instrumentos electrónicos de pago”.
Asimismo, establece que: “Empresas unipersonales o profesionales independientes con ventas brutas anuales menores a Bs250.000.– en los últimos dos años podrán migrar voluntariamente al SIETE-RG. III. Contribuyentes de regímenes especiales podrán migrar voluntariamente al SIETE”.
La norma establece que los emprendedores inscritos en el SIETE-RG pagarán un monotributo equivalente al 5% de sus ventas brutas, sin generar débito ni crédito fiscal; sin embargo, ese porcentaje será reconocido como pago a cuenta del RC-IVA o del IVA, según corresponda.
Uno de los puntos destacados es que el crédito fiscal del IVA generado por compras vinculadas a la actividad económica será acumulado para su uso posterior cuando el contribuyente migre al Régimen General. En el caso de exportadores, el crédito podrá ser devuelto conforme a la Ley 843.
La migración al Régimen General será automática cuando el contribuyente supere el límite de ventas anuales de Bs 250.000 o al cumplir tres años dentro del SIETE-RG. Asimismo, podrán acogerse de forma voluntaria empresas de regímenes especiales y contribuyentes con ventas menores a ese monto en los últimos dos años.
“El crédito fiscal del IVA contenido en compras vinculadas a su actividad será acumulado para ser utilizado cuando el contribuyente pase al Régimen General, ya sea para compensación contra débito fiscal en operaciones gravadas, o para devolución conforme al Artículo 11 de la Ley Nº 843 en caso de exportaciones. Para exportadores, el plazo de devolución corre desde el primer día hábil del mes siguiente a la migración. Los contribuyentes sin exportaciones llevarán únicamente registro de ventas y compras”, subraya el DS.
No obstante, el sistema excluye a empresas unipersonales de actividades extractivas, comisionistas, productores de bienes sujetos al Impuesto a los Consumos Específicos (ICE), explotadores de derechos y quienes alquilen bienes muebles o inmuebles.
El incremento del 20% entrará en vigencia en enero de 2026, mientras el Gobierno congela sueldos en el sector público y prohíbe nuevos créditos del BCB.
El gobierno central, entre las medidas de «salvataje de la patria», el presidente Rodrigo Paz promulgó un decreto que redefine la política laboral y financiera del país para la gestión 2026. El cambio más significativo es el incremento del salario mínimo nacional, que pasará de Bs 2.750 a Bs 3.300, un incremento del 20% diseñado para mitigar el impacto del retiro de las subvenciones a los hidrocarburos.
A partir del 2 de enero de 2026, ninguna persona en los sectores público o privado podrá percibir una remuneración inferior a Bs 3.300.
Aplicación obligatoria: El Ministerio de Trabajo supervisará que este monto se cumpla estrictamente.
Impacto indirecto: Al subir el mínimo, también se eleva la base de cálculo para el bono de antigüedad y los aportes a la seguridad social.
LIBRE NEGOCIACION SALARIAL.-
El decreto 5503 introduce la libre negociación entre empleadores y trabajadores, tanto de forma individual como colectiva.
El «piso» es intocable: Aunque existe libertad para negociar el haber básico, el monto nunca podrá estar por debajo de los Bs 3.300.
Formalidad: Todos los acuerdos deben constar por escrito y no pueden implicar la renuncia a derechos adquiridos (vacaciones, aguinaldos, etc.).
Control: El Ministerio de Trabajo realizará supervisiones posteriores para evitar la precarización laboral o la simulación de contratos.
AUSTERIDAD Y CONGELAMIENTO EN EL SECTOR PUBLICO.-
Para compensar el gasto, el Gobierno ha dispuesto medidas estrictas para las entidades estatales durante 2026:
Incremento cero: Se dispone la congelación de incrementos salariales en el sector público para 2026. Solo se exceptúan salud, educación, policía y defensa (por ascensos de escalafón o crecimiento vegetativo).
Prohibición de contrataciones: No habrá nuevos contratos de personal y las entidades deberán presentar planes de racionalización y optimización de cargos.
Reducción de gastos: Se exige llevar los gastos corrientes al mínimo necesario para operar.
PROHIBICION DE CREDITOS DEL BCB.-
En un movimiento para fortalecer la disciplina financiera, el decreto prohíbe que el Banco Central de Bolivia (BCB) otorgue nuevos créditos internos a las empresas públicas. Aquellas que ya tengan préstamos pendientes deberán presentar un plan financiero para garantizar su pago.
