Autor: coloza-admin

Sucre, 12 de febrero de 2026.- El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) llevó adelante el Séptimo Sorteo Ordinario de Causas, consolidando su compromiso con la celeridad jurídica en la administración de la justicia constitucional. A través de este mecanismo institucional, se garantiza que cada proceso sea asignado de manera inmediata y equitativa.

El sorteo de causas fue desarrollado por la Comisión de Admisión, presidida por el magistrado Boris Wilson Arias López, con la participación de la presidenta del TCP, Paola Verónica Prudencio Candia, y la magistrada Amalia Laura Villca. La actividad permitió la distribución inmediata y ordenada de procesos entre las tres Salas del Tribunal, optimizando tiempos y garantizando un flujo ágil en la atención de las causas.

En esta oportunidad se asignaron 180 acciones tutelares, de las cuales 90 corresponden a Acciones de Amparo Constitucional y 90 a Acciones de Libertad, conforme al orden de prelación y los procedimientos establecidos en la normativa vigente. Asimismo, se sortearon 54 Recursos de Queja y, por determinación del Pleno, se asignaron 8 Consultas de Autoridades Indígenas (CAIS) a la magistrada Amalia Laura Villca.

La realización semanal de estos sorteos permite una distribución equilibrada de la carga procesal entre las Salas, evitando retrasos y fortaleciendo la respuesta oportuna a las demandas ciudadanas. De esta manera, el TCP reafirma su labor orientada a garantizar decisiones prontas y efectivas en defensa de los derechos fundamentales.

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El magistrado Carlos Ortega señala que se debe “profundizar mucho más nuestras libertades personales”.

El magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Carlos Ortega calificó como retrógrado la iniciativa de un legislador de sancionar con cárcel a las personas que cometan adultero o infidelidad.

“Esta es una discusión un tanto ya retrógrada que ya no tiene asidero objetivo racional y razonable de discusión (…) El Estado no puede ingresar a sancionar aspectos de moralidad, de libertad de las personas. Esto solo ocurre en estados fundamentalistas (como) el Estado Islámico, que evidentemente sanciona el adulterio, la infidelidad y hasta con la lapidación, es decir, hasta con la pena de muerte, pero Bolivia se constituye un Estado social, democrático, de derecho, donde se respetan las libertades personales.

El promotor del proyecto de ley es el diputado potosino del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Juan José Torres.

La propuesta busca sancionar tanto al cónyuge infiel como a la tercera persona involucrada en la relación extramatrimonial, con el objetivo declarado de proteger el núcleo familiar y restaurar valores morales en la sociedad. La pena propuesta asciende de 2 a 4 años de cárcel por el delito de adulterio.

Durante la presentación de su propuesta, el legisladores afirmó que “en los últimos 20 años el país ha perdido el respeto y la moralidad, comenzando por quienes gobiernan”.

Ortega advirtió que si la norma es aprobada por la Asamblea Legislativa, “sería una injerencia del Estado en nuestras libertades y sería un retroceso y nos constituiríamos en un Estado fundamentalista en cuanto a las moralidades públicas”.

A tono de reflexión, el magistrado señaló que Bolivia tiene otro tipo de problemas mucho más graves de los que debemos ocuparnos como el acceso a la educación, al trabajo y al desarrollo económico.

Dijo, incluso, que se debe “profundizar mucho más nuestras libertades personales antes de estarnos preocupando, creo, en aspectos de moralidad personal y moralidades públicas que son absolutamente subjetivas y ni siquiera moralidades objetivas”.

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Explicó que estos lineamientos forman parte de su intención de “ordenar la casa” esta gestión, mediante una justicia que actúe con idoneidad, transparencia, ética y con sentido humano.

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, lanzó un aviso a los jueves, para que se ajusten a los lineamientos de “hacer las cosas bien” o que se vayan a sus casas.

Explicó que estos lineamientos forman parte de su intención de “ordenar la casa” esta gestión, mediante una justicia que actúe con idoneidad, transparencia, ética y con sentido humano.

“En ese sentido va el mensaje a todos los jueces en el país: o acompañan la nueva forma de administrar justicia, en ese sentido de hacer las cosas bien, o es mejor que también se vayan a sus casas y den un paso al costado”, afirmó.

Aclaró que “ordenar la casa” implica que los “jueces tomen conciencia de que en cada actuación procesal se le debe dar a cada uno lo que le corresponde”.

“Donde hayan malos administradores de justicia, aquellos que no quieran entender la nueva forma de los lineamientos que estamos emitiendo, que se resistan, que quieran seguir lucrando a costa del sufrimiento de familias bolivianas en cualquier parte del país, vamos a tomar acciones concretas”, aseveró.

Como ejemplo, mencionó el caso de los magistrados autorprorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional. “Al final les dijimos que se vayan o los íbamos a expulsar, terminamos expulsándolos. Ahora que ya no tenemos ese inconveniente, nos toca ya ordenar la casa”, enfatizó.

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