La Paz, 19 noviembre (MJTI).- El Ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Freddy Vidovic Falch intervino de manera virtual en la Audiencia de Oficio convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “Situación de las Investigaciones de los casos de Sacaba y Senkata”, realizada en Miami este miércoles, la comisión agradeció y resaltó su compromiso de transparencia institucional, pese al corto tiempo de haber tomado posesión.
La primera vicepresidenta de la Comisión, Andrea Pochak reconoció la presencia de Vidovic en la audiencia, demostrando un “aporte constructivo” para el proceso de investigación de los hechos de 2019.
“Quiero reconocer la presencia de Estado (boliviano), me parece que es un gesto muy importante que quiero reconocer, a pocos días de haber asumido el nuevo gobierno, se hace presente y reconoce también el trabajo articulado con la CIDH y también reconoce las recomendaciones del GIEI como un aporte constructivo para el proceso de memoria, verdad, justicia y reparación para las víctimas”.
El Ministerio de Justicia y de Transparencia Institucional a través del Servicio Plurinacional de Asistencia a las Víctimas (SEPDAVI) realizó el patrocinio de diversos procesos, entre los que se encontraban el proceso por los hechos de Sacaba, sin embargo, las víctimas optaron por un patrocinio particular. En consecuencia, el SEPDAVI solo prosiguió con el patrocinio del caso Senkata.
El titular del Consejo informó que también se reactivaron procesos penales contra jueces investigados por presuntos delitos de prevaricato, que permanecían inactivos desde gestiones anteriores
31/10/2025 11:32; El presidente del Consejo de la Magistratura, Manuel Baptista, reveló que más del 20% de los 1.203 jueces en funciones en el país enfrentan procesos disciplinarios, en el marco de un proceso de transformación integral y de control interno dentro del Órgano Judicial.
Se está gestionando una transformación no parcial, sino trascendental en el Órgano Judicial. Hemos logrado restablecer el sistema disciplinario; a la fecha se tiene más del 20% de jueces procesados por faltas disciplinarias”, señaló Baptista en un video institucional difundido por la entidad.
Según la autoridad, esta cifra refleja la recuperación del sistema de control y fiscalización en el ámbito judicial, con el objetivo de marcar una diferencia respecto a anteriores gestiones caracterizadas por la falta de seguimiento a los procesos internos.
“Muchos de estos casos podrían derivar en sanciones de destitución por mal funcionamiento de los juzgados”, precisó Baptista, al aclarar que el propósito de estas acciones no es sancionar indiscriminadamente, sino garantizar una administración de justicia transparente, eficiente y sujeta a la ley.
En ese contexto, el titular del Consejo informó que también se reactivaron procesos penales contra jueces investigados por presuntos delitos de prevaricato, que permanecían inactivos desde gestiones anteriores.
“También hemos activado los procesos penales que estaban dormidos en contra de los jueces. No queremos hacer una cacería de brujas, pero debemos actuar con firmeza frente a los malos administradores de justicia”, manifestó.
Paralelamente, el Consejo de la Magistratura trabaja en la elaboración de una norma nacional para la protección de la independencia judicial, que incluirá un reglamento y un protocolo de actuación para resguardar el trabajo autónomo de los jueces y sancionar cualquier intento de interferencia.
El presidente del Consejo concluyó señalando que la independencia del Órgano Judicial debe ser garantizada no solo desde el punto de vista normativo, sino también financiero, como parte del proceso de fortalecimiento institucional que busca devolver la confianza ciudadana en la justicia boliviana.
La última evaluación del World Justice Project revela que Bolivia ocupa el puesto 131 de 143 naciones, evidenciando serias fallas en derechos fundamentales y corrupción.
Tribunal Supremo de Justicia.-
Bolivia se encuentra entre los países con el peor desempeño en el ámbito del Estado de Derecho, según el Índice 2025 del World Justice Project (WJP). En este informe, el país ocupa el puesto 131 de 143 naciones evaluadas, logrando un puntaje global de aproximadamente 0,37 en una escala que va de 0 a 1.
El informe revela debilidades persistentes en áreas críticas como la independencia judicial, la corrupción y la protección de derechos fundamentales. Esto coloca a Bolivia entre los países más rezagados de América Latina.
Según el estudio, Bolivia presenta resultados bajos en los ocho factores que se utilizan para la evaluación. Estos factores son: limitaciones al poder gubernamental, ausencia de corrupción, orden y seguridad, derechos fundamentales, gobierno abierto, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal. En todos estos aspectos, el país se sitúa por debajo del promedio tanto regional como mundial.
Corrupción y sus efectos
El indicador más preocupante es la ausencia de corrupción, donde Bolivia se encuentra entre los últimos lugares del ranking global, con un puntaje de alrededor de 0,23. El informe advierte que los actos de corrupción impactan diferentes niveles del Estado, afectando a instituciones judiciales, policiales y administrativas.
Además, el deterioro de la independencia judicial y la débil fiscalización del poder político son otras de las principales preocupaciones que se destacan. Según el documento, las entidades que deberían controlar y sancionar los abusos de poder enfrentan limitaciones estructurales que disminuyen su eficacia.
Acceso a la justicia
El acceso limitado a la justicia y las demoras en los procesos judiciales siguen afectando la confianza de la ciudadanía en los tribunales. El informe señala que tanto el sistema penal como el civil presentan fallas en su eficiencia y en la garantía de derechos.
En la región, Bolivia se encuentra por debajo del promedio latinoamericano. En contraste, países como Uruguay, Chile y Costa Rica mantienen los niveles más altos en cuanto a Estado de Derecho.
Recomendaciones del informe
El estudio del WJP subraya la necesidad de fortalecer las instituciones públicas y de recuperar la confianza social. Estos son pasos fundamentales que se deben tomar para mejorar la situación jurídica e institucional del país.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) convocó este martes a un diálogo interinstitucional para la reforma judicial en Bolivia y la cita está prevista para el próximo 9 de noviembre en Sucre, es decir, un día después del cambio de gobierno.
El presidente del TSJ, Rómer Saucedo, informó que este primer diálogo se realizará con base a cuatro ejes temáticos: presupuesto del Órgano Judicial, reformas normativas, el desarrollo tecnológico y la modernización de la administración de la Justicia, y la carrera judicial.
“Posteriormente ampliaremos (los temas) con base a lo que nos digan los otros participantes del primer diálogo”, dijo Saucedo en una conferencia de prensa.
Invitados
El presidente electo Rodrigo Paz se encuentran entre los invitados para el encuentro en busca de la reforma judicial.
Saucedo afirmó que tomarán la palabra a Paz porque en su momento “se ha comprometido en reforzar el trabajo (…) del Órgano Judicial”.
También están convocados el Consejo de la Magistratura, el Tribunal Agroambiental, la Fiscalía, la Procuraduría, Régimen Penitenciario, profesionales de colegios de abogados, universidades públicas y privadas, entre otras instituciones ligadas al sistema judicial.
“Esto lo hacemos con la finalidad de seguir trabajando en la construcción de una justicia más cercana al pueblo boliviano y, sobre todo, que brinde soluciones estructurales”, aseguró.
viernes 17 de octubre de 2025: Una comisión de Control, Fiscalización y Transparencia se desplazó por diferentes despachos judiciales para revisar memoriales, expedientes y verificar el avance de los procesos.
El Consejo de la Magistratura inspeccionó varios juzgados de Santa Cruz con el propósito de identificar y corregir casos de mora procesal y retardación de justicia denunciados por la población.
Una comisión de Control, Fiscalización y Transparencia se desplazó la tarde del jueves por diferentes despachos judiciales para revisar memoriales, expedientes y verificar el avance de los procesos.
“Estamos aquí para verificar si existe retardación de justicia en el juzgado décimo, atendiendo las denuncias que han llegado a Sucre y a mi persona. En caso de confirmarse, seremos implacables en sancionar a las autoridades jurisdiccionales responsables, ya sea con sanciones leves, graves o incluso penales”, afirmó el consejero Carlos Spencer.
Durante la revisión se constató que algunos juzgados cumplen con la tramitación oportuna de los casos, mientras que otros presentan retrasos y falta de resoluciones. En estos últimos, la comisión retuvo documentos y memoriales para un análisis técnico que permita establecer posibles responsabilidades.
Spencer subrayó que las intervenciones se realizaron con la autorización de las autoridades judiciales y forman parte de un plan permanente del Consejo para garantizar procesos ágiles y el respeto al derecho ciudadano a una justicia pronta y transparente.
La intervención permitió constatar que en algunos juzgados mantienen sus procesos al día; sin embargo, otros evidencian indicios claros de mora procesal y falta de decretos o autos de salida.
En estos casos, la comisión procedió a retener memoriales y expedientes para realizar un levantamiento técnico que permita determinar responsabilidades.
“Dos tercios de la población no acceden al servicio judicial para resolver conflictos de menor cuantía; hay más de 150 municipios que carecen de servicios judiciales por falta de presupuesto; por lo tanto, se viola este derecho de acceder al servicio judicial. Una crisis que se manifiesta por altos niveles de corrupción, denunciados, no investigados ni sancionados; hay denuncias de cobros de dinero por parte de algunas autoridades, hay una crisis que se manifiesta por la mala calidad del servicio judicial, fallos absolutamente inmotivados, incorrectamente fundamentados, que violan derechos fundamentales, porque los jueces interpretan la Constitución desde la ley, cuando deben interpretar la ley desde la Constitución; no realizan control de convencionalidad, es parte de la crisis, una crisis que finalmente se manifiesta por la carencia de independencia e imparcialidad”, señaló.
Recordó también que ya el relator especial de Naciones Unidas para la Independencia Judicial y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando visitó Bolivia, observó que el poder político ha instrumentalizado el servicio judicial para desplegar persecuciones judiciales con fines políticos.
Rivera complementa estas observaciones al señalar que, si bien se dice que hubo un sometimiento al poder político, “hubo personas que se han alineado a las causas políticas, especialmente del Gobierno, se han creado consorcios y todo esto tendría que ser evaluado también, tiene que ser procesado. Definitivamente el tema de la corrupción judicial es un problema serio y creo que, otro de los temas que se deberán enfrentar es el evaluar el desempeño de los jueces actuales y crear las bases para un proceso de saneamiento, de depuración de todos esos funcionarios que no han tenido un desempeño idóneo, íntegro, honesto. En ese sentido, creo que se hace necesario un mecanismo extraordinario ad hoc de revisión de todos estos casos”, afirmó.
Pasos
En los ocho meses de gestión, el TSJ ha dado varias señales en dirección al cambio anunciado. El 31 de enero, por ejemplo, anunció la investigación por desfalco en Derechos Reales, por lo que en abril se allanaron las oficinas de Santa Cruz.
Se implementaron los pagos con código QR en Derechos Reales, el 11 de febrero; al día siguiente, se presentó el Sistema Gestor Procesal, para acceder de forma remota al estado de las causas presentadas ante el TSJ.
El 11 de marzo, las máximas autoridades del TSJ, Tribunal Agroambiental (TA) y el Consejo de la Magistratura (CM) se declararon en emergencia presupuestaria, con la exigencia al Estado de un reajuste para garantizar el funcionamiento y la independencia judicial. Denunciaron un déficit de 140 millones de bolivianos. El 2 de abril el Gobierno anunció inyección presupuestaria de 10,8 millones de bolivianos para la contratación de personal eventual.
“Para lograr un sistema judicial democrático, idóneo, con jueces imparciales, independientes, va a pasar un periodo constitucional”, dijo el analista Ramiro Orías.
La posición de las autoridades del TSJ se puso a prueba nuevamente con el escándalo surgido en el caso “consorcio”, cuando a través de una denuncia, un juez intentó apartar de sus funciones a la magistrada Fanny Coaquira Rodríguez. Un audio habría revelado que el entonces ministro de Justicia, César Siles, estuvo involucrado en este proceso, hecho denunciado por el juez a través del cual se puso en marcha esta acción.
Siles renunció a su cargo y el caso llegó a involucrar a jueces, vocales y abogados. Saucedo denunció entonces un “intento de golpe” al Órgano Judicial y advirtió que constituye un mal precedente para el sistema democrático porque da lugar a la suspensión de “cualquier autoridad electa”. El proceso fue declarado en reserva y continúa en investigación.
Finalmente, la última acción mostrada por el TSJ fue la orden de revisión de las detenciones de Camacho, Pumari y Añez, que, tras la protesta en varias cárceles del país, tuvo que extenderse a todos los privados de libertad, con la conformación de comisiones de revisión de casos.
A partir de los debates que surgieron por esta posición, Saucedo salió a justificar el procedimiento que, enmarcado en las normas, debe velar por el debido proceso, aunque no faltaron quienes vieron en esta decisión una actitud política, tras la derrota del partido de Gobierno en las elecciones generales.
29 de Agosto: El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, aseguró este viernes que en Bolivia “la justicia ha recobrado su independencia” y llamó a los bolivianos en el exterior retornar al país para celebrar con sus familias.
Este pronunciamiento se da justamente el mismo día en que recobraron su libertad el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho y el exlíder cívico potosino Marco Antonio Pumari, ambos detenidos por casi tres años en procesos judiciales derivados de la crisis de 2019.
“Con plena convicción, podemos afirmar que la justicia ha recobrado su independencia. Nunca seremos instrumento de persecución, ni de derecha ni de izquierda. En el año del Bicentenario, hacemos un llamado a todos nuestros compatriotas que están fuera del país, para que retornen a celebrar con sus familias y su pueblo. El debido proceso en nuestra patria ha sido restituido. Dios bendice Bolivia”, escribió Saucedo en sus redes sociales.
Esta publicación fue realizada por el presidente del TSE pocas horas después de que Camacho abandonará el penal de Chonchocoro y de que un tribunal potosino dispusiera medidas sustitutivas para Pumari, quien tras cumplir trámites legales dejará la cárcel de Cantumarca.
Contexto judicial
El 22 de agosto, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, instruyó revisar los plazos de detención preventiva de Camacho, Pumari y la expresidenta Jeanine Áñez. A partir de esa directriz se aceleraron las audiencias que culminaron en la liberación de los dos exlíderes cívicos.
Esta medida fue cuestionada por los privados de libertad de cárceles del país, quienes se declararon en emergencia y protestaron exigiendo un trato igualitario de parte del sistema judicial boliviano.
Después de esas manifestaciones, el 25 de mayo, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, emitió el Instructivo N°19/2025 para la organización de jornadas de verificación de plazos de la medida cautelar de detenciones preventivas. Esto, después de una serie de manifestaciones realizadas por internos de diferentes cárceles del país.
«El Instructivo va dirigido a todos los presidentes de Tribunales Departamentales, en un plazo computable de 24 horas desde la notificación, además, ordena que si un proceso se lleva adelante en un distrito judicial y se cumple la medida de detención en un lugar diferente, el procesado deberá ser trasladado al lugar de radicaría de proceso o en su defecto y como excepción hacer uso de medios virtuales tecnológicos», reza el documento.
De esta instructiva también busca beneficiarse el excomandante de Ejército, Juan José Zúñiga y todos los procesados por el caso denominado ‘Zuñigazo’, en el que se investiga un supuesto intento de golpe de Estado registrado en junio de 2024.
Además, de que este viernes también logró beneficiarse Ruth Nina con la cesación a su detención preventiva en la cárcel. La dirigente del extinto partido PAN BOL otorgó detención domiciliaria con permiso para trabajar por orden de la justicia.
