La Paz, 12 de abril de 2026 (AJN).- El Presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo Gómez, participó en la ciudad de La Paz, de la actividad en conmemoración del día del niño boliviano, sumando el aporte del Órgano Judicial con la entrega del Protocolo de Actuación en Materia Familiar.
«Estos espacios son los que lejos de la política aportan a construir un mejor país. Hoy, me digno en entregar este Protocolo en materia Familiar, en representación de la Sala Plena del TSJ, reconociendo a los paceños que aportaron para consolidar esta herramienta, un Protocolo que busca unificar criterios en la defensa del bien superior de nuestros niños», enfatizó la máxima autoridad del Órgano Judicial.
El protocolo fue aprobado por Sala Plena del TSJ con el objetivo de establecer lineamientos de actuación judicial conforme a la Constitución Política del Estado, la Ley N° 603 y los tratados internacionales, en materia de derechos humanos, orientados a garantizar la tutela judicial efectiva, el debido proceso, la celeridad y la protección integral de las familias.
La presunción de inocencia continúa siendo el argumento para que funcionarios judiciales se mantengan en sus cargos, incluso frente a múltiples denuncias. En ese marco, el Consejo de la Magistratura, con sede en Sucre, volvió a designar en la suplencia legal de Derechos Reales de El Alto a Leonor Vera Condori, pese a que enfrenta procesos penales y disciplinarios que datan de varios años y que aún no han sido resueltos en las instancias correspondientes.
Vera, quien el pasado 24 de marzo cumplió un año en el cargo de manera interina en medio de cuestionamientos, formaba parte de una terna junto a María Victoria Saa y Edwin Blanco para acceder a la titularidad. Sin embargo, el 10 de marzo, denuncias difundidas en redes sociales por usuarios del sistema registral generaron dudas en la Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, que decidió devolver la terna para su revisión en el Consejo de la Magistratura de La Paz.
Según antecedentes, Vera enfrenta procesos por presuntos delitos de falsedad ideológica y manipulación informática, además de denuncias disciplinarias por faltas graves, leves y retardación de justicia. No obstante, el representante Marco Cárdenas sostuvo que, mientras no exista una sentencia ejecutoriada, la funcionaria se encuentra legalmente habilitada para ejercer funciones públicas.
Lejos de aquellas denuncias, la Sala Plena del Consejo de la Magistratura, integrada por Carlos Spencer, Manuel Baptista y Gabriela Arauz, resolvió el 24 de marzo ampliar el interinato de Vera hasta el 21 de junio de 2026, dejando de lado las objeciones del TDJ paceño, aun cuando existían otras alternativas de nombramiento que podían evitar cuestionamientos sobre la transparencia en el sistema registral.
La diputada del PDC, Claudia Bilbao, observó la semana pasada que algunos consejeros habrían distribuido de manera discrecional los departamentos para definir la designación de cargos administrativos menores. Lamentó que este tipo de prácticas y la calidad de funcionarios afecten la credibilidad institucional, motivo por el cual impulsa una propuesta de ley para transferir Derechos Reales del Órgano Judicial al Órgano Ejecutivo.
En este contexto, el Consejo de la Magistratura emitió recientemente un pronunciamiento rechazando cualquier intento de transferir la administración de Derechos Reales al Órgano Ejecutivo, al considerar que dicha medida vulneraría la independencia judicial y el marco constitucional vigente.
Derechos Reales debe ser la institución más cuestionada por tener permanentes denuncias de corrupción, irregularidades cometidas e incluso denuncias sobre consumo de bebidas alcohólicas en sus mismas oficinas por parte de funcionarios. A esto se añaden denuncias de manipulación del sistema registral, situación que ha preocupado a la diputada Bilbao que abrió un inventario de denuncias ciudadanas en las oficinas de Brigada Parlamentaria en La Paz.
Tarija, 20 de marzo de 2026.- La Decana del Tribunal Supremo de Justicia y Presidenta del Comité de Género y Derechos Humanos del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional, Rosmery Ruiz Martínez, participó en la Octava Mesa Técnico Legal, bajo el denominativo “Consolidando el modelo de justicia de género: evaluación de cumplimiento y aplicación de acuerdos tras tres años de intervención» , desarrollada en el Tribunal Departamental de Justicia de Tarija (TDJ).
Durante su intervención, la autoridad judicial destacó la importancia de consolidar una justicia con enfoque de género, orientada a brindar respuestas oportunas, humanas y efectivas, en especial a personas en situación de vulnerabilidad, enfatizando en la necesidad de fortalecer el trabajo interinstitucional y de traducir los avances alcanzados en acciones concretas que mejoren la atención dentro del sistema de justicia.
La actividad permitió generar un espacio de evaluación y coordinación entre instituciones, reafirmando el compromiso del Órgano Judicial con la construcción de una justicia más accesible, eficiente y sensible a las realidades de la población.
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, presentó un proyecto de modificación a la Ley 025 del Órgano Judicial
Con el objetivo de garantizar que al menos el 5% del Presupuesto General del Estado sea destinado al sistema judicial. La autoridad explicó que actualmente la administración de justicia recibe menos del 0,5% del presupuesto nacional, lo que limita la creación de nuevos juzgados, la mejora de infraestructura y la capacidad de atención a la población. Según Saucedo, el incremento de recursos permitiría acercar la justicia a municipios donde los ciudadanos deben trasladarse largas distancias para acceder a un juez, además de fortalecer la atención a víctimas de violencia, mejorar las condiciones de trabajo para operadores judiciales y avanzar en la modernización del sistema judicial para reducir la carga procesal y agilizar la resolución de conflictos
Las altas autoridad del Órgano Judicial (OJ), se declararon en emergencia presupuestaria resaltando que las tres instituciones; Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Tribunal Agroambiental (TA) y Consejo de la Magistratura (CM), tomaron esta decisión por unanimidad.
Los Presidentes del TSJ, TA y CM, informaron que abandonaron la reunión de la Comisión conformada por la Ley 898, al no recibir una respuesta sobre la exigencia de una asignación presupuestaria que garantice la independencia judicial necesaria para actuar, “el primer punto a ser abordado ha sido la independencia judicial, se tuvo la necesidad imperiosa de abordar el tema del presupuesto judicial”, señaló el Presidente del TA, Richard Cristhian Mendez Rosales. Durante la Conferencia, el Presidente del TSJ, Romer Saucedo Gómez, señaló que asumen una postura firme al identificar que son Bs. 140 millones menos, “no podemos hablar de reforma normativa si no tenemos un presupuesto que nos garantice por lo menos el funcionamiento del OJ, es por ello, que hemos planteado ante la Comisión 898 la necesidad de que esta comisión reconozca esta emergencia presupuestaria, sería irresponsable hablar de reformas si no contamos con el presupuesto que debiéramos contar”, resaltó.
El Presidente del CM, Manuel Baptista Espinoza, afirmó que es necesario un presupuesto mínimo de un 3% reconocido por norma y no así solicitar asignaciones presupuestarias anualmente, esto con el garantizar la independencia judicial. “
Esta emergencia presupuestaria merece que se tome la atención necesaria por las demás instituciones y Órganos del Estado para que el OJ pueda continuar con sus labores asignadas por la constitución y las normas” afirmó.
Asimismo, la conferencia de prensa las autoridades señalaron que no volverán a participar de una reunión convocada por la Comisión 898 al reconocer que ya cumplió su ciclo y es necesario buscar nuevas alternativas para generar un cambio a la justicia y dar la respuesta oportuna a la sociedad boliviana.
La modificación de la Ley 348 se discute en Oruro para mejorar las condiciones de los centros penitenciarios
Modificación de la Ley 348 y su impacto en Oruro
El presidente del Concejo Municipal de Oruro, Samuel Mendizábal, junto al diputado nacional Humberto López, propuso una modificación a la Ley 348. Esta iniciativa surge tras una visita al penal de San Pedro, donde socializaron la propuesta y recogieron inquietudes de personas privadas de libertad.
Vacíos legales y sobrepoblación penitenciaria
Ambas autoridades señalaron que la ley presenta vacíos legales que pueden llevar a detenciones consideradas injustas. Esto contribuye a la sobrepoblación penitenciaria y al hacinamiento en los centros penitenciarios. Mendizábal explicó que esta visita responde a denuncias ciudadanas y a la preocupación de varias familias que sienten que no se ha garantizado plenamente la justicia en ciertos procesos.
Análisis integral de la problemática
El concejal enfatizó que es crucial analizar esta problemática de manera integral. Para ello, se requiere la participación activa de autoridades nacionales, departamentales y municipales. El objetivo principal es revisar cómo se aplica la norma y evitar posibles irregularidades en los procesos judiciales.
Llamado a la transparencia judicial
Mendizábal hizo un llamado a jueces, fiscales y efectivos policiales para actuar con transparencia y apego a la ley. La búsqueda de justicia debe ser un esfuerzo conjunto, asegurando claridad en los procesos judiciales relacionados con la Ley 348.
Compromiso legislativo para el cambio
Por su parte, el diputado López informó que esta visita forma parte de un recorrido por distintos centros penitenciarios del país. “El compromiso es para toda la población que se encuentra encerrada aquí en Oruro y no solamente acá, sino en todo el país”, afirmó. Además, mencionó que ha mantenido reuniones con otros parlamentarios dispuestos a visitar cárceles y formar mesas de trabajo con organizaciones sociales.
Debate sobre la Ley 348
La Ley 348, promulgada para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, establece mecanismos de prevención, protección y sanción. Sin embargo, sectores críticos han planteado observaciones sobre su implementación y sugieren ajustes necesarios.
Próximos pasos hacia el diálogo
Las autoridades indicaron que el siguiente paso será impulsar espacios de diálogo y coordinación. Esto permitirá canalizar propuestas concretas de modificación ante la Asamblea Legislativa. Este debate vuelve a poner en agenda la situación de los recintos penitenciarios y el uso de la detención preventiva en el país.
El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) inauguró en Cochabamba las “Jornadas Nacionales de Descongestionamiento de Causas”, un espacio orientado a analizar y construir propuestas para agilizar la resolución de procesos y garantizar la tutela efectiva de los derechos fundamentales de la población.
En el acto inaugural, la presidenta del TCP, Paola Verónica Prudencio Candia, señaló que el desafío implica reorganizar despachos y simplificar trámites para evitar que la burocracia retrase decisiones. Indicó que se trabaja en estrategias de simplificación procesal y uso de tecnología, con el objetivo de que en el futuro los ciudadanos puedan seguir sus casos desde el celular, sin filas ni esperas. También enfatizó la necesidad de unificar criterios y fortalecer directrices para jueces y tribunales de garantías, buscando que las sentencias sean claras y comprensibles.
El magistrado Ángel Edson Dávalos destacó que el descongestionamiento no debe medirse solo en cifras, ya que cada expediente representa un derecho que debe hacerse efectivo. Remarcó que una resolución tardía se asemeja a una injusticia y que la solución debe construirse de manera colectiva. Por su parte, la presidenta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, Martha Saavedra Gómez, subrayó que las mesas de trabajo abordarán gestión judicial eficiente, simplificación procesal, digitalización y unificación de criterios, con el fin de fortalecer la justicia constitucional y la seguridad jurídica.
Sucre, 12 de febrero de 2026.- El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) llevó adelante el Séptimo Sorteo Ordinario de Causas, consolidando su compromiso con la celeridad jurídica en la administración de la justicia constitucional. A través de este mecanismo institucional, se garantiza que cada proceso sea asignado de manera inmediata y equitativa.
El sorteo de causas fue desarrollado por la Comisión de Admisión, presidida por el magistrado Boris Wilson Arias López, con la participación de la presidenta del TCP, Paola Verónica Prudencio Candia, y la magistrada Amalia Laura Villca. La actividad permitió la distribución inmediata y ordenada de procesos entre las tres Salas del Tribunal, optimizando tiempos y garantizando un flujo ágil en la atención de las causas.
En esta oportunidad se asignaron 180 acciones tutelares, de las cuales 90 corresponden a Acciones de Amparo Constitucional y 90 a Acciones de Libertad, conforme al orden de prelación y los procedimientos establecidos en la normativa vigente. Asimismo, se sortearon 54 Recursos de Queja y, por determinación del Pleno, se asignaron 8 Consultas de Autoridades Indígenas (CAIS) a la magistrada Amalia Laura Villca.
La realización semanal de estos sorteos permite una distribución equilibrada de la carga procesal entre las Salas, evitando retrasos y fortaleciendo la respuesta oportuna a las demandas ciudadanas. De esta manera, el TCP reafirma su labor orientada a garantizar decisiones prontas y efectivas en defensa de los derechos fundamentales.
El magistrado Carlos Ortega señala que se debe “profundizar mucho más nuestras libertades personales”.
El magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Carlos Ortega calificó como retrógrado la iniciativa de un legislador de sancionar con cárcel a las personas que cometan adultero o infidelidad.
“Esta es una discusión un tanto ya retrógrada que ya no tiene asidero objetivo racional y razonable de discusión (…) El Estado no puede ingresar a sancionar aspectos de moralidad, de libertad de las personas. Esto solo ocurre en estados fundamentalistas (como) el Estado Islámico, que evidentemente sanciona el adulterio, la infidelidad y hasta con la lapidación, es decir, hasta con la pena de muerte, pero Bolivia se constituye un Estado social, democrático, de derecho, donde se respetan las libertades personales.
El promotor del proyecto de ley es el diputado potosino del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Juan José Torres.
La propuesta busca sancionar tanto al cónyuge infiel como a la tercera persona involucrada en la relación extramatrimonial, con el objetivo declarado de proteger el núcleo familiar y restaurar valores morales en la sociedad. La pena propuesta asciende de 2 a 4 años de cárcel por el delito de adulterio.
Durante la presentación de su propuesta, el legisladores afirmó que “en los últimos 20 años el país ha perdido el respeto y la moralidad, comenzando por quienes gobiernan”.
Ortega advirtió que si la norma es aprobada por la Asamblea Legislativa, “sería una injerencia del Estado en nuestras libertades y sería un retroceso y nos constituiríamos en un Estado fundamentalista en cuanto a las moralidades públicas”.
A tono de reflexión, el magistrado señaló que Bolivia tiene otro tipo de problemas mucho más graves de los que debemos ocuparnos como el acceso a la educación, al trabajo y al desarrollo económico.
Dijo, incluso, que se debe “profundizar mucho más nuestras libertades personales antes de estarnos preocupando, creo, en aspectos de moralidad personal y moralidades públicas que son absolutamente subjetivas y ni siquiera moralidades objetivas”.
Explicó que estos lineamientos forman parte de su intención de “ordenar la casa” esta gestión, mediante una justicia que actúe con idoneidad, transparencia, ética y con sentido humano.
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, lanzó un aviso a los jueves, para que se ajusten a los lineamientos de “hacer las cosas bien” o que se vayan a sus casas.
Explicó que estos lineamientos forman parte de su intención de “ordenar la casa” esta gestión, mediante una justicia que actúe con idoneidad, transparencia, ética y con sentido humano.
“En ese sentido va el mensaje a todos los jueces en el país: o acompañan la nueva forma de administrar justicia, en ese sentido de hacer las cosas bien, o es mejor que también se vayan a sus casas y den un paso al costado”, afirmó.
Aclaró que “ordenar la casa” implica que los “jueces tomen conciencia de que en cada actuación procesal se le debe dar a cada uno lo que le corresponde”.
“Donde hayan malos administradores de justicia, aquellos que no quieran entender la nueva forma de los lineamientos que estamos emitiendo, que se resistan, que quieran seguir lucrando a costa del sufrimiento de familias bolivianas en cualquier parte del país, vamos a tomar acciones concretas”, aseveró.
Como ejemplo, mencionó el caso de los magistrados autorprorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional. “Al final les dijimos que se vayan o los íbamos a expulsar, terminamos expulsándolos. Ahora que ya no tenemos ese inconveniente, nos toca ya ordenar la casa”, enfatizó.
