Categoría: Sin categoría

Según el Ministerio de Economía, el sistema mantiene una estructura de inversión sólida, pero enfrenta el reto de ampliar su impacto en el sector privado.

07/12/2025

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, informó que los recursos administrados por la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo mantienen una estructura de inversión sólida y diversificada, destacando que una parte importante se encuentra colocada en instrumentos financieros del sistema nacional.

Según Espinoza, el 71% de los recursos se encuentra invertido en el sistema financiero, mientras que el resto está en papeles del Tesoro General de la Nación (TGN). “Esto es importante porque en los últimos cinco años, esos papeles del Tesoro General se han convertido en la principal inversión de la Gestora”,

También explicó que el flujo mensual de recursos, que tradicionalmente se destinaba principalmente a inversiones públicas, “ahora va a empezar a ser direccionado a inversiones en el sector privado”, lo que permitiría una mayor disponibilidad de crédito y una dinamización del mercado de valores.

De acuerdo con la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones (APS), al segundo trimestre de 2025, las inversiones del Sistema Integral de Pensiones (SIP) alcanzaron un total de 192.830 millones de bolivianos. La composición de esta cartera es:

• 63% invertido en el sector público
• 37% invertido en el sector privado

El sistema cuenta con aproximadamente 2,8 millones de afiliados, de los cuales:

• 61% son hombres
• 39% son mujeres
• 88% son trabajadores dependientes
• 12% son trabajadores independientes

Este y otros datos sobre el manejo de los fondos son abordados en un reportaje especial de Red Uno, que analiza la situación y proyecciones del sistema de pensiones en Bolivia.

Coloza Law Firme.-

Martes, 25 de noviembre de 2025.- El auto constitucional 0087/2025 O, con fecha 24 de noviembre del año 2025, pone fin a la prórroga de mandato dispuesta por los magistrados del TCP y que beneficiaba a cinco magistrados. En el documento se dispone que hay un plazo de 10 días para que los mencionados magistrados autoprorrogados cesen en sus funciones. Al mismo tiempo, da validez a los actos judiciales realizados por los magistrados hasta la fecha. 

El mencionado auto se hizo público durante la audiencia de acción popular en la sala Constitucional 1ra de Potosí. En dicha audiencia, la justicia debía resolver la situación de los cinco magistrados autoprorrogados desde 2023.

En concreto, la resolución del auto constitucional 0087/2025 O se recoge;

1. La finalización de la prórroga de las máximas autoridades, que por disposición del punto Cuarto de la DCP 0049/2023, continuaron con sus funciones después del cumplimiento de su mandato de seis años; concretamente, de los Magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano, René Yván Espada Navía, Isidora Jiménez Castro, Julia Elizabeth Cornejo Gallardo; y, Karem Lorena Gallardo Sejas; y, de los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia: Ricardo Torres Echalar y Carlos Alberto Egüez Añez;

2. El cese de sus funciones, a ejecutarse dentro del plazo de diez días hábiles a partir de la notificación con el presente fallo, a las máximas autoridades de los Órgano Legislativo, Órgano Ejecutivo, Órgano Judicial y Órgano Electoral; tiempo necesario para el despacho de causas pendientes de resolución, cuya fecha de vencimiento se cumpla hasta dicho plazo.

3. Se dispone, mantener firmes y vigentes, todos los actos ejecutados por los Magistrados prorrogados durante el ejercicio extendido de sus funciones, en aplicación de los principios de legalidad y seguridad jurídica.

La audiencia

La acción popular responde a un acto interpuesta por Sandra Beatriz Aiza en la Sala Constitucional 1 del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí en contra de los cinco magistrados “autoprorrogados” del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

Horas antes de la instalación de esta audiencia, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rómer Saucedo, denunció que los magistrados “autoprorrogados” buscaban intimidar a todas las salas constitucionales y a los jueces del país, mediante una “ficticia complementación” de un auto constitucional. 

Sin embargo, Saucedo aseguró que está garantizado el trabajo independiente de todos los jueces y que “Bolivia no se arrodilla ante los usurpadores” de la administración de justicia constitucional.

Coloza Law Firme.-

Economia.-

El vicepresidente Edmand Lara se reunió este viernes con la Cámara de Exportadores (Cadex), donde habló sobre la necesidad de liberar las exportaciones y aplicar biotecnología como parte de una estrategia para aumentar la producción y mejorar la competitividad del país.

Lara afirmó que incrementar la producción permitirá mayor oferta en el mercado interno y contribuirá a que bajen los precios de la canasta familiar. “Si producimos más, vamos a tener más productos en el mercado. Eso también va a facilitar a que los productos de la canasta familiar bajen”, señaló.

Durante su intervención, destacó el papel fundamental del sector productivo en la cadena alimentaria y en la industria. “Si no producen, ¿de qué come la ciudad? ¿De dónde llegan los productos al mercado? Si no se produce, ¿de dónde llega la materia prima para la industria?”, cuestionó.

El vicepresidente insistió en que el país no debe limitarse al mercado interno y sostuvo que es necesario impulsar la libre exportación para generar más divisas. También reiteró que el Gobierno busca garantizar por ley el uso de la biotecnología, asegurando que esta es clave para competir en mercados externos.

Por  su parte, el presidente de la Cadex enumeró diversos problemas que, según dijo, afectan al sector productivo y exportador: restricciones de exportación, provisiones, cupos, bandas de precios, problemas logísticos, portuarios, aeroportuarios y aéreos, además de dificultades tributarias y con aduanas.

Coloza Law Firme.-

En cumplimiento del Instructivo 19/2025 del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para la revisión de los plazos de las detenciones preventivas en las cárceles del país, los vocales del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) Chuquisaca y el magistrado de la Sala Penal, Carlos Ortega, realizaron el fin de semana una jornada de verificación de prisiones arbitrarias en la cárcel San Roque. Se presentaron 28 carpetas en las que no se encontraron detenciones indebidas.

Fuente, Correo del SUR.-

Ortega, magistrado por Chuquisaca, señaló que durante sus 25 años de ejercicio en la abogacía observó que tanto fiscales como jueces prefieren aplicar la detención preventiva como una regla y no como una excepción.

“En todas las audiencias de medidas cautelares a las que yo he asistido, hemos dicho que pareciera que los jueces y fiscales tuvieran un orgasmo cuando disponen la detención preventiva; criterio que tengo hace 25 años atrás, esa es la realidad de la administración de justicia”, afirmó.

MENOS HACINAMIENTO

La autoridad dijo que con las jornadas de descongestionamiento se logrará reducir el hacinamiento en el penal de San Roque, y añadió que en la visita del fin de semana pidieron perdón a la población y a los reclusos por el tipo de administración de justicia que tiene el país.

“Yo auguro que de aquí a una o dos semanas podamos despoblar los penales. Aquellas personas que merecen defenderse en libertad, otras que no… hay víctimas, esas cuestiones hemos abordado con los privados de libertad”, precisó.

NUEVAS JORNADAS

Por su parte, el presidente del TDJ Chuquisaca, Hugo Michel, informó que se revisaron 28 casos de detenidos preventivos y no encontraron irregularidades. No obstante, anunció que habrá verificaciones periódicas y de acuerdo a las necesidades.

Michel precisó que la mayoría de los casos con sentencias son por delitos de carácter sexual contra menores de edad, seguido de violencia familiar o doméstica y delitos de carácter patrimonial, en los que se ha instruido a los jueces señalar audiencias para la revisión de los plazos de detención.

Coloza Law Firme.-

La Paz 23 de agosto de 2025; La confederación de empresarios privados de Bolivia rechazó la decisión de una sala constitucional de Santa Cruz que dispuso el congelamiento de las cuentas bancarias de la telefonía celular de Bolivia S.A Tigo advierte que solo genera perjuicios a los usuarios

Está insólita determinación judicial arriesga el acceso de miles de ciudadanos de servicios públicos de telefonía, internet y conectividad considerados derechos fundamentales y protegidos por el artículo 20.11 de la constitución política del Estado que señala específicamente que estos deben ser provistos bajo criterios de universalidad accesibilidad continuidad cobertura necesaria entre otros.

En ese sentido la confederación lamentó que se interponga los intereses de unos cuantos a miles de familias en todo el país que podrían verse privadas de los servicios públicos que brinda la empresa privada además consideran que se vulneró el principio al debido proceso y que se haya acudido a estrados judiciales.

Es preocupante que con esa decisión se genere un nefasto antecedente jurisprudencial que pone en cuestión una vez más la seguridad jurídica y colocación en indefensión de las empresas frente a las decisiones arbitrarias de operadores en el sistema de Justicia resalta Por otra parte la nota. Entre tanto se resuelva el proceso judicial los empresarios pidieron a las autoridades competentes que en cumplimiento de la norma se restablezcan las condiciones necesarias para que la firma puede continuar brindando sus servicios de manera normal y no perjudica a los usuarios.

Finalmente alertamos sobre el impacto negativo que este tipo de medidas tiene en la imagen del país en la confianza de los inversionistas y en la estabilidad del entorno empresarial concluye el comunicado.

Fuente (ANF)

Coloza Law Firme.-

Presidente del TRIBUNAL DE JUSTICIA DE BOLIVIA

Si anteriormente no se aplicaron esas medidas fue a causa de la falta de directrices desde la presidencia del tribunal supremo de justicia

La Paz 23 de agosto de 2025, el presidente del tribunal supremo de Justicia Romer Saucedo, afirmó que se debe acabar la mala práctica administrativa la justicia como por ejemplo la aplicación de detención preventiva , motivo por el que se instruyó revisar las causas procesales

El mensaje que le estamos dando al país, es de manera clara no le estamos buscando adornos estamos diciendo que esas malas prácticas de administrar la justicia se tienen que acabar. Nosotros hemos empezado la gestión, llevamos 7 meses en el cargo yo creo que la población ya tiene que percibir desde estos siete meses hemos ido buscando la forma de poner renovar y que desaparezcan esas malas prácticas, afirmó la autoridad.

El viernes el tribunal supremo de Justicia emitió un instructivo donde pidió a los tribunales departamentales de Justicia que en un plazo de 24 horas revisen los tiempos procesales de los casos donde son investigados los sindicados.

Saucedo, recordó que de acuerdo al procedimiento penal la detención preventiva no puede exceder los 180 días o 6 meses tiempo que dura la etapa preparatoria de una investigación, en caso de exceder ese periodo y no se compruebe la responsabilidad del sindicado debe ser liberado. Eso le estamos diciendo a los jueces que verifiquen si ha cumplido el plazo de la detención preventiva y si es que se ha cumplido apliquen lo que establece el procedimiento punto en la detención preventiva si es que se ha cumplido apliquen lo que establece el procedimiento la detención preventiva corresponde a la Libertad en los casos donde se pueda comprobar esta situación, puntualizó.

También tiene que hacerse de oficio, a todas las personas que están siendo procesadas y que tengan plazos vencidos nosotros de manera sistemática de manera gradual estamos implementando y lo hemos tratado anteriormente hace un par de meses también se les ha pedido a los jueces que vayan revisando todos los casos el instructivo también va a salir en un momento para que todos los casos aseveró. Anteriormente no se aplicaban esas medidas fue a causa de la falta de directrices desde la presidencia del tribunal supremo de Justicia lo cual impedía definir los roles de cada instancia del sistema judicial.

Ante la conclusión de las reuniones para implementar los resultados de la Cumbre judicial de 2017, Saucedo Consideró que habrá una nueva línea institucional

Fuente: ANF.

Coloza Law Firme