El fiscal informó que se conformó una “mesa de medio ambiente” con autoridades municipales y departamentales para la defensa medioambiental.
.El fiscal departamental de Cochabamba, Osvaldo Tejerina, informó que se abrirán procesos penales en contra de las personas que inicien incendios aunque sean bajo el argumento de chaqueos.
“Estamos esperando los informes para iniciar la apertura de procesos penales en contra de todas aquellas personas que generen incendios indiscriminados bajo la figura del chaqueo”, explicó el fiscal.
El fiscal departamental de Cochabamba, Osvaldo Tejerina, informó que se abrirán procesos penales en contra de las personas que inicien incendios aunque sean bajo el argumento de chaqueos.“Estamos esperando los informes para iniciar la apertura de procesos penales en contra de todas aquellas personas que generen incendios indiscriminados bajo la figura del chaqueo”, explicó el fiscal.
Señaló que el chaqueo provoca el deterioro de la flora, fauna y los bosques.
Tejerina prevé que en las próximas horas se abra el primer caso por los incendios forestales.
Además, indicó que se conformó una “mesa de medio ambiente” con autoridades municipales y departamentales para la defensa medioambiental.
Según el proyecto de ley presentado por organizaciones civiles, se busca endurecer penas y tipificar la «violación incestuosa» como una forma agravada de violencia sexual.
La decana del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rosmery Ruiz, justificó el proyecto de ley Brisa que surgió de una sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
«Es una necesidad y no quiere decir que va en desmedro de los hombres. No entiendo por qué varios activistas salieron a pronunciarse sobre esta ley, sin conocer cuál es el origen que obliga al Estado boliviano a legislar al respecto», declaró Ruiz.
La CIDH emitió una sentencia basado en el caso de Brisa de Angulo Losada, quien acudió a ese organismo internacional, luego de denunciar que fue agredida y violada sexualmente en reiteradas ocasiones por un primo hermano, cuando ella tenía 16 años.
Según el proyecto de ley presentado por organizaciones civiles, se busca endurecer penas y tipificar la «violación incestuosa» como una forma agravada de violencia sexual.
A ello se suma la necesidad de mejorar el acceso a la justicia para niñas, niños y adolescentes, estableciendo imprescriptibilidad en determinados casos y protocolos de atención integral.
Ruiz afirmó que en la sentencia del CIDH se dan los parámetros de cómo el Ministerio Público y la Policía deben actuar:
«Pienso que los activistas no han tenido el conocimiento necesario. Esa ley no está en contra de los varones y no es así de que los van a detener de manera inmediata», reiteró la decana del TSJ.
En el proyecto de ley Brisa, que está en etapa de revisión en la Cámara de Diputados, se establece que los delitos por estupro dejan de serlo para ser violación y la imprescriptibilidad de los delitos sexuales en contra de los menores.
También se busca incorporar la «violación incestuosa» en el Código Penal, con el endurecimiento de sanciones para los agresores.
Prensa FGE, Chuquisaca (04.05.2026).- El Fiscal Superior de Vida y Personas, Sergio Fajardo Flores, en horas de la mañana junto a una Comisión de Fiscales que arribaron de la ciudad de Santa Cruz, personal del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), efectivos de Homicidios de la Fuerza especial del Lucha Contra el Crimen (FELCC), se constituyeron para realizar la diligencia investigativa del desprecintado de las oficinas del Magistrado del Tribunal Agroambiental, Víctor Hugo Claure Hinojosa, quien fue asesinado en Santa Cruz de la Sierra.
En el marco de una investigación en curso respecto al Asesinato del Magistrado registrado en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, autoridades del Ministerio Público procedieron al desprecintado de los ambientes que habrían sido ocupados por la autoridad, con la finalidad de recabar elementos de prueba y avanzar en las tareas investigativas correspondientes.
“La diligencia es ejecutada por una comisión de fiscales proveniente de la ciudad de Santa Cruz, conformada por dos fiscales asignados específicamente a este caso. El equipo de trabajo también está integrado por peritos del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), personal criminalista y efectivos investigadores de la FELCC Santa Cruz”, explicó Fajardo.
La autoridad fiscal solicitó la comprensión de la ciudadanía y los medios de comunicación, indicando que, por la naturaleza sensible de la investigación, no es posible brindar mayores detalles a fin de no entorpecer el proceso investigativo.
La Paz, 6 de marzo de 2026.- El Gobierno nacional puso en marcha un nuevo paquete de incentivos tributarios orientado a fortalecer la actividad productiva y dinamizar la economía. La medida central es la implementación de un mecanismo de depreciación acelerada para maquinaria y equipos, establecido mediante el Decreto Supremo 5563, que permitirá a empresas y profesionales independientes mejorar su liquidez y recuperar sus inversiones en menor tiempo.
Con esta disposición, el sector productivo podrá registrar el desgaste de sus activos fijos en la mitad del tiempo establecido habitualmente. Por ejemplo, una maquinaria agrícola que normalmente tiene una vida útil de cuatro años podrá depreciarse en solo dos, lo que facilita la recuperación de la inversión y promueve la renovación tecnológica.
El beneficio es de aplicación voluntaria y se aplica a los activos adquiridos durante la gestión 2026. Además, reduce directamente la base imponible del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), generando un incentivo para la inversión productiva. Para acogerse a esta modalidad, los contribuyentes deberán comunicar su decisión a la Administración Tributaria.
La medida alcanza a la mayoría de los sectores económicos, con excepción de las empresas mineras e hidrocarburíferas, que se rigen por normativa sectorial específica.
Ampliación del crédito fiscal
La normativa también introduce cambios importantes para personas naturales que ejercen profesiones u oficios de manera independiente. A partir de ahora, estos contribuyentes podrán utilizar una mayor variedad de facturas como crédito fiscal para el pago de sus impuestos.
Entre los gastos que podrán ser considerados se encuentran la compra de alimentos, vestimenta de uso personal, servicios de salud y seguros de vida para el entorno familiar directo, ampliando las posibilidades de descargo impositivo.
Asimismo, se permitirá respaldar gastos en transporte, combustible, capacitación profesional y pago de servicios básicos, siempre que las facturas estén emitidas a nombre del contribuyente. Esta ampliación representa un alivio financiero para consultores y trabajadores por cuenta propia, al permitir vincular parte de sus consumos cotidianos con su actividad profesional.
Facilidades para cuentas incobrables
El paquete de medidas también contempla facilidades para que las empresas gestionen cuentas incobrables durante la presente gestión fiscal. La normativa permite declarar como gasto deducible aquellas deudas que no han podido ser cobradas a los clientes, tomando como referencia las pérdidas registradas en la gestión pasada o una parte significativa de la gestión actual.
Con este ajuste, el sistema tributario reconoce la realidad de los flujos de caja empresariales, evitando que las empresas paguen impuestos sobre ingresos que no llegaron a percibir y contribuyendo a fortalecer la estabilidad del tejido empresarial boliviano.
La Aduana Nacional realizó su audiencia pública de rendición de cuentas final de la gestión 2025, en la que informó que alcanzó el 84% de la meta de recaudación y detalló resultados en control del contrabando, recuperación de recursos y modernización tecnológica.
“Nuestro desafío es seguir fortaleciendo la lucha contra el contrabando y facilitar el comercio exterior en beneficio del pueblo boliviano”, afirmó el presidente ejecutivo, Alberto Soto de la Vía.
La autoridad presentó el informe y señaló que durante la gestión se actualizaron la misión y visión institucional, además de incorporar al sector privado al Comité Nacional de Facilitación del Comercio.
En recaudación, la entidad reportó la recuperación de 683 millones de bolivianos, un 18% más que en 2024, pese a las exenciones aplicadas a la importación de combustibles.
Sobre la lucha contra el contrabando, se registraron 906 denuncias, 555 procesos penales y 103 allanamientos. También se impusieron 12 millones de bolivianos en multas por control de divisas.
En el ámbito de modernización, la Aduana informó que implementó herramientas de inteligencia artificial y equipos de control no intrusivo para agilizar procesos.
Asimismo, la Ventanilla Única de Comercio Exterior emitió más de 5.500 autorizaciones y la subasta pública ecológica generó 98 millones de bolivianos en ingresos durante 2025.
La Cámara de Diputados compartió la lista de los vocales titulares y suplentes que fueron designados para este departamento, luego de que durante el fin de semana se eligiera a las autoridades del TSE
La Cámara de Diputados designó la madrugada de este lunes 22 de diciembre de 2025 a los vocales electorales titulares y suplentes de los departamentos de Cochabamba, Beni y Tarija, como parte del proceso de conformación de las instancias electorales departamentales.
Durante su 24ª y 25ª sesión ordinaria, la Cámara de Diputados designó a los vocales departamentales de Pando, Santa Cruz, Cochabamba, Tarija y Beni, cuya posesión se realizará este martes 23 de diciembre, y devolvió los informes remitidos por las asambleas legislativas de Chuquisaca y La Paz, por observaciones en las ternas presentadas. Asimismo, el presidente de Diputados, Roberto Castro Salazar, informó que las asambleas legislativas de Potosí y Oruro no presentaron aún sus ternas para las designaciones. “El Tribunal Supremo Electoral asume plenamente la administración del tribunal electoral departamental, en tanto y en cuanto se proceda a la elección y la designación en los departamentos que no cuentan con los respectivos vocales departamentales”, explicó la autoridad. En el caso de Chuquisaca, se evidenció la falta de representación indígena originaria campesina y, respecto a La Paz, se verificó que no se cumplió con la paridad y la alternancia de género.
En Cochabamba, fueron nombrados como titulares Daniel Quinteros Meneses, Lidia Beramendi Martínez, Juana Estela Vargas Claros y Danny Roberto Knaudt Vilaseca; mientras que los suplentes son Fernando Claros Robles, Delina Irma Zurita Herbas, Gladis Rocha Salguero y Abel Zuazo Gutiérrez.
Para el departamento del Beni, la nómina de titulares está conformada por Olga Karina Cuellar Mercado, Farita Raduan García, Beiby Muñoz Eguez y Alex Mauricio Rivero Eguez. En calidad de suplentes fueron designados Jenny Vaca Vaca, Einar Ramos Álvarez, Rosa Kitty Flores Paz y Javier Echalar Justiniano. En ambos casos, se otorgó un plazo de cinco días calendario para subsanar las observaciones y remitir nuevamente la documentación.
Desde la Cámara de Diputados se informó que el proceso de designación continuará para los demás departamentos del país, en el marco del cumplimiento de los procedimientos. Aún queda conocer la lista de Chuquisaca, Potosí, Oruro y La Paz.
Según el Gobierno, la decisión busca aliviar al sector productivo, agilizar la importación de carburantes y eliminar trabas que generaban demoras y hechos de corrupción.
Desde este lunes, el diésel deja de ser considerado sustancia controlada en el país, una medida que apunta a aliviar al sector productivo y al transporte pesado, además de reducir la burocracia y los hechos de corrupción vinculados a su transporte y comercialización.
El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, informó que, con esta determinación, la población podrá comprar y transportar diésel sin ningún tipo de inconveniente, lo que beneficiará principalmente al agro, la minería y el transporte pesado.“Un tema importante que hemos visto con el sector transporte es que a partir de este lunes el diésel deja de ser sustancia controlada. Esto permitirá que la gente pueda comprar y transportar este carburante sin restricciones”, explicó la autoridad.
Desde este lunes, el diésel deja de ser considerado sustancia controlada en el país, una medida que apunta a aliviar al sector productivo y al transporte pesado, además de reducir la burocracia y los hechos de corrupción vinculados a su transporte y comercialización.
El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, informó que, con esta determinación, la población podrá comprar y transportar diésel sin ningún tipo de inconveniente, lo que beneficiará principalmente al agro, la minería y el transporte pesado.
“Un tema importante que hemos visto con el sector transporte es que a partir de este lunes el diésel deja de ser sustancia controlada. Esto permitirá que la gente pueda comprar y transportar este carburante sin restricciones”, explicó la autoridad.
Justiniano señaló que durante el proceso de diálogo con el sector transportista, uno de los dirigentes le manifestó que esta normativa le permitirá evitar hasta dos días de demora en frontera para internar diésel al país. “Esto realmente alivia a todos los sectores, pero principalmente permite evitar la corrupción que imperaba en este tipo de situaciones”,
La autoridad remarcó que no existirá ningún tipo de control sobre el diésel, aclarando que, si bien es un combustible sensible, el mayor problema de desvío se registra con la gasolina.
Esta decisión forma parte del paquete de normas establecidas en el Decreto Supremo 5503, que busca adecuar la normativa a la realidad productiva del país.
Justiniano recordó que anteriormente solo se permitía transportar hasta 120 litros de diésel, una restricción que calificó de excesiva. “Tenemos cosechadoras que consumen hasta 800 litros de diésel al día. Era una barbaridad y un foco tremendo de corrupción”, sostuvo.
Según el Ministerio de Economía, el sistema mantiene una estructura de inversión sólida, pero enfrenta el reto de ampliar su impacto en el sector privado.
07/12/2025
El ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, informó que los recursos administrados por la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo mantienen una estructura de inversión sólida y diversificada, destacando que una parte importante se encuentra colocada en instrumentos financieros del sistema nacional.
Según Espinoza, el 71% de los recursos se encuentra invertido en el sistema financiero, mientras que el resto está en papeles del Tesoro General de la Nación (TGN). “Esto es importante porque en los últimos cinco años, esos papeles del Tesoro General se han convertido en la principal inversión de la Gestora”,
También explicó que el flujo mensual de recursos, que tradicionalmente se destinaba principalmente a inversiones públicas, “ahora va a empezar a ser direccionado a inversiones en el sector privado”, lo que permitiría una mayor disponibilidad de crédito y una dinamización del mercado de valores.
De acuerdo con la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones (APS), al segundo trimestre de 2025, las inversiones del Sistema Integral de Pensiones (SIP) alcanzaron un total de 192.830 millones de bolivianos. La composición de esta cartera es:
63% invertido en el sector público
37% invertido en el sector privado
El sistema cuenta con aproximadamente 2,8 millones de afiliados, de los cuales:
61% son hombres
39% son mujeres
88% son trabajadores dependientes
12% son trabajadores independientes
Este y otros datos sobre el manejo de los fondos son abordados en un reportaje especial de Red Uno, que analiza la situación y proyecciones del sistema de pensiones en Bolivia.
Martes, 25 de noviembre de 2025.- El auto constitucional 0087/2025 O, con fecha 24 de noviembre del año 2025, pone fin a la prórroga de mandato dispuesta por los magistrados del TCP y que beneficiaba a cinco magistrados. En el documento se dispone que hay un plazo de 10 días para que los mencionados magistrados autoprorrogados cesen en sus funciones. Al mismo tiempo, da validez a los actos judiciales realizados por los magistrados hasta la fecha.
El mencionado auto se hizo público durante la audiencia de acción popular en la sala Constitucional 1ra de Potosí. En dicha audiencia, la justicia debía resolver la situación de los cinco magistrados autoprorrogados desde 2023.
En concreto, la resolución del auto constitucional 0087/2025 O se recoge;
1. La finalización de la prórroga de las máximas autoridades, que por disposición del punto Cuarto de la DCP 0049/2023, continuaron con sus funciones después del cumplimiento de su mandato de seis años; concretamente, de los Magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano, René Yván Espada Navía, Isidora Jiménez Castro, Julia Elizabeth Cornejo Gallardo; y, Karem Lorena Gallardo Sejas; y, de los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia: Ricardo Torres Echalar y Carlos Alberto Egüez Añez;
2. El cese de sus funciones, a ejecutarse dentro del plazo de diez días hábiles a partir de la notificación con el presente fallo, a las máximas autoridades de los Órgano Legislativo, Órgano Ejecutivo, Órgano Judicial y Órgano Electoral; tiempo necesario para el despacho de causas pendientes de resolución, cuya fecha de vencimiento se cumpla hasta dicho plazo.
3. Se dispone, mantener firmes y vigentes, todos los actos ejecutados por los Magistrados prorrogados durante el ejercicio extendido de sus funciones, en aplicación de los principios de legalidad y seguridad jurídica.
La audiencia
La acción popular responde a un acto interpuesta por Sandra Beatriz Aiza en la Sala Constitucional 1 del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí en contra de los cinco magistrados “autoprorrogados” del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
Horas antes de la instalación de esta audiencia, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rómer Saucedo, denunció que los magistrados “autoprorrogados” buscaban intimidar a todas las salas constitucionales y a los jueces del país, mediante una “ficticia complementación” de un auto constitucional.
Sin embargo, Saucedo aseguró que está garantizado el trabajo independiente de todos los jueces y que “Bolivia no se arrodilla ante los usurpadores” de la administración de justicia constitucional.
El vicepresidente Edmand Lara se reunió este viernes con la Cámara de Exportadores (Cadex), donde habló sobre la necesidad de liberar las exportaciones y aplicar biotecnología como parte de una estrategia para aumentar la producción y mejorar la competitividad del país.
Lara afirmó que incrementar la producción permitirá mayor oferta en el mercado interno y contribuirá a que bajen los precios de la canasta familiar. “Si producimos más, vamos a tener más productos en el mercado. Eso también va a facilitar a que los productos de la canasta familiar bajen”, señaló.
Durante su intervención, destacó el papel fundamental del sector productivo en la cadena alimentaria y en la industria. “Si no producen, ¿de qué come la ciudad? ¿De dónde llegan los productos al mercado? Si no se produce, ¿de dónde llega la materia prima para la industria?”, cuestionó.
El vicepresidente insistió en que el país no debe limitarse al mercado interno y sostuvo que es necesario impulsar la libre exportación para generar más divisas. También reiteró que el Gobierno busca garantizar por ley el uso de la biotecnología, asegurando que esta es clave para competir en mercados externos.
Por su parte, el presidente de la Cadex enumeró diversos problemas que, según dijo, afectan al sector productivo y exportador: restricciones de exportación, provisiones, cupos, bandas de precios, problemas logísticos, portuarios, aeroportuarios y aéreos, además de dificultades tributarias y con aduanas.
