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El pasado jueves la Cámara de Senadores aprobó el proyecto de ley que autoriza un financiamiento de hasta $us 118,5 millones, orientado a fortalecer la planificación, el diseño y la conservación de la infraestructura vial bajo un enfoque de resiliencia climática.

El presidente Rodrigo Paz promulgó oficialmente este lunes la normativa que autoriza el préstamo de recursos del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), del Banco Mundial, por un monto de $us 118 millones destinado a la ejecución del Programa de Resiliencia Climática en el Sector Vial.

“Agradecer al pueblo de Bolivia por su fuerza, por su templanza, por querer progresar. Aquí hay 118 millones de dólares en proyectos viales, carreteros para el norte de La Paz, para Cochabamba como distribuidor y un sueño de ir culminando la Jaime Mendoza que es transversal para toda la patria en infraestructuras carreteras”, afirmó en un video publicado en sus redes sociales.

El pasado jueves la Cámara de Senadores aprobó el proyecto de ley que autoriza un financiamiento de hasta $us 118,5 millones, orientado a fortalecer la planificación, el diseño y la conservación de la infraestructura vial bajo un enfoque de resiliencia climática.

“Agradecer a senadores y diputados que aprobaron estos recursos para que Bolivia progrese, genere comercio, negocios, pueda transportar su carga, pueda transportarse el boliviano y boliviana por buenas carreteras”, expresó Paz.

Según la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), el proyecto contempla la construcción en la carretera El Salto – Monteagudo, el tramo Molino – Monteagudo (de la Diagonal Jaime Mendoza), en el departamento de Chuquisaca; en el departamento de La Paz, la construcción del puente Guanay y sus accesos; y en el departamento de Cochabamba, el Puente de Chimoré – Ivirgazama con sus obras complementarias.

“Siempre agradecido, vamos a cumplir nuestros compromisos y vamos a salir adelante. Bolivia es el camino”, concluyó el primer mandatario.

Fuente original: EL DÍA

El Órgano Judicial, el Tribunal Agroambiental y el Tribunal Constitucional advirtieron con un paro indefinido de actividades si el Gobierno y el Legislativo no atienden sus demandas de incremento presupuestario y de aprobación de leyes destinadas a mejorar la administración de justicia y habilitar la destitución de jueces denunciados.

Actualmente al Órgano Judicial se le asigna el 0,35% del Tesoro General de la Nación para su presupuesto anual, “cuando lo que se requiere es por lo menos el 5%”.

Se dio un plazo de 20 días para que el Ejecutivo y el Legislativo responda a sus pedidos, caso contrario advirtieron con aplicar sus medidas de presión.

Romer Saucedo, presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), informó sobre las decisiones asumidas en la reunión de emergencia y la exigencia de sostener una reunión con el presidente Rodrigo Paz y su gabinete en Sucre, sede del Órgano Judicial, “de igual a igual”; en tanto, al Legislativo se le pedirá tratar los proyectos de ley remitidos.

“No somos atendidos”

Lo representantes  del  Judicial también acordaron activar este acercamiento como última instancia antes de asumir medidas de presión.

“Lastimosamente, los que respetamos la institucionalidad, los que respetamos el Estado de Derecho, los que somos garantes de una justicia en el país, no somos atendidos. Pero a los que bloquean, los que paran, los que dejan de trabajar, a ellos sí los atienden”, cuestionó.

Paro escalonado

De no ser atendidos, se irá a un paro escalonado de actividades. “Si no somos atendidos, iremos al paro inicialmente por 24 horas, posteriormente a un paro de 48 y de 72 horas, y, de ser necesario, llegaremos al paro indefinido de la justicia en Bolivia con la finalidad de conseguir la atención que merece nuestra institución como órgano del Estado”, advirtió.

Propuestas de leyes

Los proyectos de ley remitidos al Legislativo por el TSJ están relacionados con la doble instancia en los juicios de responsabilidades, un mayor presupuesto para el Órgano Judicial, la modernización tecnológica del sistema de justicia y la prescripción y consolidación de los depósitos judiciales. En materia presupuestaria, plantean incrementar del 0,35% al 5% la asignación del Presupuesto General del Estado. Por su parte, la Magistratura presentó y entregó al Legislativo, el 6 de abril, dos proyectos de ley para endurecer las sanciones contra jueces denunciados y cubrir  varias acefalías.

Fuente Original: LOS TIEMPOS

Oviedo informó que se conformó una instancia integrada por abogados del gobierno, representantes de la COB y fiscales para revisar la situación jurídica de las personas detenidas en el marco de las movilizaciones.

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, afirmó que el diálogo impulsado por el gobierno con la Central Obrera Boliviana (COB) constituye una de las últimas oportunidades para pacificar el país mediante la concertación. Advirtió que, si no se alcanza una salida al conflicto, corresponderá aplicar la ley.

“Hoy seguramente será una de las últimas oportunidades, hoy, mañana, estos últimos días, porque si no vamos a tener que actuar con la ley (…) porque el país no puede seguir pasando lo que está pasando”, afirmó Oviedo según una nota de prensa del ministerio, que recupera una entrevista con Panamericana.

El lunes 8 de junio, el presidente Rodrigo Paz promulgó la Ley de Regulación de Estados de Excepción, que reglamenta la implementación de esta figura.

Ayer por la tarde, representantes del gobierno y de la COB se reunieron para iniciar el diálogo sobre un pliego de ocho demandas presentado por la dirigencia sindical, que ya no contempla la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Sin embargo, el encuentro ingresó en un cuarto intermedio debido a la exigencia de una amnistía para los afiliados aprehendidos durante las protestas.

En la reunión participaron el presidente Paz, ministros, dirigentes de la COB, entre ellos el secretario ejecutivo Mario Argollo, entre otras personas.

Detenidos

Oviedo informó que se conformó una instancia integrada por abogados del gobierno, representantes de la COB y fiscales para revisar la situación jurídica de las personas detenidas en el marco de las movilizaciones.

“Una cosa es que una persona sea detenida protestando o haciendo una acción violenta, una marcha de protesta, etc. Pero otra cosa ya son delitos que se cometen cuando se lanzan explosivos. Hay 55 policías heridos, uno de ellos ha perdido la vista, otro ha sufrido un disparo en su cabeza. Hay varios policías heridos por armas de fuego. Entonces, estos detenidos no pueden ser liberados”, enfatizó Oviedo.

El ministro señaló que cada caso será evaluado de manera individual y que se diferenciará a quienes participaron en protestas de quienes presuntamente incurrieron en hechos delictivos.

Lupo enfatiza en que no habrá amnistía

Esta mañana, en Brújula Streaming, el ministro de la Presidencia José Luis Lupo afirmó que la única condición para instalar una mesa de diálogo es el levantamiento de los bloqueos. Además, rechazó la posibilidad de una amnistía para los aprehendidos.

“Es completamente inaceptable que personas que hayan violado la ley, que hayan apaleado a un policía, que ha perdido un ojo, que hayan detenido ambulancias, oxígeno, que no hayan permitido el paso de personas que han fallecido o que estaban enfermas, se tengan que amnistiar simplemente de esa manera”.

Túpac Katari

Respecto a la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos Túpac Katari de La Paz, que mantiene bloqueos en distintas carreteras del departamento, Oviedo indicó que el gobierno analizó el pliego de demandas presentado por el sector y mantiene abiertos los canales de diálogo.

Este miércoles, el Ejecutivoremitió una respuestaa los cinco puntos planteados por la organización campesina como condición para dialogar.

Este jueves se cumplen 47 días de bloqueos de caminos en el país. La jornada registra 45 puntos de bloqueo en La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí y Santa Cruz.

Fuente original: EL DÍA

El panorama social en el altiplano boliviano registra un nuevo giro estratégico. El presidente Rodrigo Paz instruyó formalmente a las Fuerzas Armadas y a la Policía Boliviana contener y moderar el uso de la fuerza en los operativos de desbloqueo de carreteras.

Esta determinación se toma luego de que el Órgano Ejecutivo considerara cumplido el objetivo principal de habilitar un corredor humanitario estratégico para asegurar el ingreso de alimentos, medicamentos y combustible hacia las ciudades de La Paz y El Alto.

Estrategia de contención y apertura al diálogo

La información fue confirmada de manera oficial por el vocero presidencial, José Luis Gálvez, quien aclaró de forma enfática que esta medida no implica bajo ninguna circunstancia el repliegue de los contingentes militares y policiales. Al contrario, se trata de una maniobra orientada a reducir los focos de tensión y abrir canales de diálogo viables en medio de los conflictos sociales que persisten en la región paceña.

“Lo que estamos haciendo es una contención para darnos la oportunidad de dialogar, conversar, pacificar y evitar pérdidas humanas”, afirmó Gálvez durante la conferencia de prensa.

Los operativos de resguardo y control continuarán activos en las principales rutas estatales mientras persistan las medidas de presión impulsadas por la Central Obrera Boliviana (COB) y sectores afines.

Impacto social y medidas de contingencia económica

La autoridad de Gobierno reiteró que el mandato busca evitar de manera rigurosa cualquier tipo de exceso durante las intervenciones en carreteras, ratificando que los efectivos desplazados no emplean armamento letal.

Por otro lado, el Ejecutivo lamentó las profundas consecuencias que estos bloqueos generan en el país, reportando que las medidas de presión ya han cobrado la vida de al menos tres personas y continúan estrangulando tanto el acceso a la atención médica de urgencia como la economía de pequeños productores, transportistas y comerciantes.

Para mitigar el desabastecimiento en los centros urbanos más afectados, el Gobierno mantiene activos los vuelos humanitarios para el traslado de carne, insumos médicos y otros productos esenciales hacia el eje La Paz – El Alto. Aunque la administración de Paz ratifica que los operativos de control y seguridad en carreteras seguirán vigentes, la apuesta central del Ejecutivo se mantiene firme en la pacificación y la resolución del conflicto por la vía del diálogo.

En momentos de alta conflictividad social e incertidumbre en las principales rutas y centros logísticos de Bolivia, la continuidad operativa y el blindaje de las operaciones comerciales se vuelven una prioridad crítica para las empresas. Las contingencias en el transporte y el abastecimiento requieren de un respaldo legal preventivo sólido para mitigar riesgos contractuales, proteger la cadena de valor y asegurar el cumplimiento de las obligaciones corporativas.

¿Su empresa necesita evaluar el impacto legal de la coyuntura actual en sus contratos vigentes o requiere asesoría en gestión de riesgos corporativos?

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Fuente original: Diario Los Tiempos – Actualidad País