Autor: coloza-admin

Rodrigo Paz y Christopher Landau

La presencia del subsecretario de Estado de EEUU, Christopher Landau, en la investidura de Rodrigo Paz marcó un cambio drástico en el rumbo de las relaciones entre Bolivia y Estados Unidos. Según un comunicado del Departamento de Estado, la visita de la delegación estadounidense no solo reafirmó el interés de Washington en recomponer los lazos, sino que dio pie a una serie de anuncios que delinean un nuevo capítulo en la relación bilateral.

El punto más relevante para los ciudadanos estadounidenses —y para el turismo en Bolivia— es la próxima eliminación del requisito de visa para viajes de turismo y negocios, una decisión comunicada directamente por el presidente Paz durante la reunión con Landau. Esta medida desmonta una barrera vigente desde 2007 y pretende incentivar el flujo de visitantes, inversión y movimientos comerciales entre ambos países.

El Gobierno boliviano y la delegación estadounidense también acordaron impulsar un Acuerdo de Cielos Abiertos, que buscará habilitar más rutas aéreas y abaratar costos de viaje. La administración de Paz adelantó, además, que aprobará la licencia de operación de Starlink, lo que permitirá ampliar el acceso a internet de alta velocidad incluso en zonas rurales.

El comunicado destaca que ambos gobiernos pretenden reconstruir los lazos entre pueblos. En esa línea, Paz expresó su intención de invitar nuevamente al Cuerpo de Paz, ausente del país desde 2013. Estados Unidos, por su parte, anunció que reabrirá un Espacio Americano en La Paz en 2026, diez años después de su cierre, como un centro cultural y educativo para promover el inglés y el intercambio cultural.

En el ámbito económico, dos agencias financieras clave —la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC) y el Banco de Exportación e Importación (EXIM)— informaron que están listas para retomar operaciones en Bolivia y explorar oportunidades de inversión. Además, se relanzará el Consejo Bilateral de Comercio e Inversión, acompañado de un Equipo Conjunto de Negociación para dinamizar proyectos en sectores productivos.

La agenda de seguridad también estuvo presente. Landau anunció una donación de 700.000 dólares en medicamentos antirretrovirales y kits de prueba para VIH, bajo el programa PEPFAR. A esto se suma el compromiso de trabajar con el Congreso estadounidense para canalizar asistencia destinada a mejorar la seguridad ciudadana en Bolivia. Ambos gobiernos manifestaron también interés en avanzar hacia un memorando de entendimiento en materia de colaboración nuclear civil segura.

Domingo, 09 de noviembre de 2025 a las 18:23

Coloza Law Firme.-

El proyecto fue aprobado en una sesión marcada por tensiones y reproches entre oficialismo y oposición.

La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) sancionó este viernes el proyecto de Ley de Diferimiento de Créditos, lo que ratificó el texto aprobado previamente por la Cámara de Diputados y dejó fuera las modificaciones introducidas por el Senado. La norma fue aprobada por mayoría absoluta en una sesión que cerró el periodo legislativo, en medio de tensiones entre oficialismo y oposición.

La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) sancionó este viernes el proyecto de Ley de Diferimiento de Créditos, lo que ratificó el texto aprobado previamente por la Cámara de Diputados y dejó fuera las modificaciones introducidas por el Senado. La norma fue aprobada por mayoría absoluta en una sesión que cerró el periodo legislativo, en medio de tensiones entre oficialismo y oposición.

Durante el debate, varios legisladores de la oposición cuestionaron la conducción de la sesión, presidida por el presidente nato de la ALP y vicepresidente del Estado, David Choquehuanca. Desde el bloque oficialista, en cambio, se defendió la urgencia de la medida con el argumento de que el diferimiento busca aliviar la carga financiera de los sectores más afectados por la crisis económica.

La votación se desarrolló en un ambiente de confrontación política, con cruces de acusaciones y reproches entre las bancadas del MAS, Comunidad Ciudadana y Creemos.

Finalmente, el pleno decidió ratificar el proyecto sin aceptar los cambios del Senado, lo que permitió su sanción definitiva y su envío al Órgano Ejecutivo para su promulgación.

Coloza Law Firme.-

27/10/2025 12:00.- La Asamblea Legislativa Plurinacional remitió este lunes al Órgano Ejecutivo el proyecto de ley sancionada que autoriza la importación de combustibles, con el objetivo de paliar la actual crisis de abastecimiento en el país.

La presidenta en ejercicio de la Cámara de Diputados, Deisy Choque, fue la encargada de firmar la nota oficial de envío al despacho presidencial, cumpliendo con el procedimiento establecido una vez que la norma fue aprobada por ambas cámaras del Legislativo.

“Adjunto a la presente, me permito remitir al órgano ejecutivo para fines constitucionales cuatro ejemplares debidamente suscritos por quienes corresponde de la ley sancionada por la Asamblea Legislativa Plurinacional “Ley corta excepcional y transitoria para garantizar el abastecimiento de Diesel y gasolina en situación de emergencia”. señala la nota enviada al Órgano Ejecutivo. 

La norma establece mecanismos excepcionales para permitir la importación directa de combustibles por parte de gobiernos subnacionales, cooperativas y el sector privado, con el fin de garantizar el suministro de gasolina y diésel en todo el territorio nacional.

Con el envío formal del proyecto, el texto queda ahora en manos del presidente Luis Arce, quien deberá promulgar la ley o devolverla con observaciones en un plazo constitucional.

RECURSOS NATURALES: Domingo, 26 de octubre de 2025

El último informe financiero de YPFB confirma que las reservas probadas de gas natural cayeron a 4,49 TCF al cierre de 2023, menos de la mitad del volumen que tenía el país hace diez años. La caída no solo marca el fin de un ciclo económico

Bolivia entra en la recta final de su ciclo gasífero. Según los estados financieros 2024 de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), las reservas de este recurso, certificadas por la consultora estadounidense Degolyer and MacNaughton, cayeron a 4 trillones de pies cúbicos (TCF), una cifra que coloca al país al borde de perder su autosuficiencia energética y lo obliga a prepararse para importar gas antes de 2028.
El dato genera preocupación, porque hasta 2013 las reservas certificadas alcanzaban 10,45 TCF. Estas cifras demuestran una pérdida neta de 5,96 TCF, equivalente a una caída del 57% en una década. Es la contracara de un modelo que apostó por la exportación sin reponer lo que salía de los pozos y que hoy, según los datos, se muestra inviable.
Estos números no provienen de una fuente extraoficial ni de analistas independientes, sino del propio balance contable de la petrolera estatal, elaborado bajo normas internacionales de auditoría, al que accedió EL DEBER. El documento detalla que la certificación consideró 65 campos hidrocarburíferos, de los cuales 45 contienen gas natural y 17 petróleo. Tres fueron descartados por falta de rentabilidad económica.
Durante años, especialistas del sector advirtieron que en algún momento el país se vería en apuros sino se desarrollaban proyectos de exploración para la búsqueda nuevas cuencas hidrocarburíferas. Las respuestas ante estas observaciones fueron el desprestigio de los profesionales y el anuncio de proyectos sobredimensionados.  
Un ejemplo claro fue el llamado “megadescubrimiento” de reservas de gas en el pozo Boyuy-X2, ubicado en el municipio de Caraparí, Tarija. El entonces ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, lo presentó como “un mar de gas”. La realidad, sin embargo, fue muy distinta: el pozo resultó un fracaso.  

El fin del ciclo gasífero

En la actualidad, Bolivia vive de campos maduros que están en declinación natural: Sábalo, San Alberto, Margarita e Itaú, que antaño fueron megayacimientos y generaron millones de dólares en exportaciones. La realidad es más cruda aún, porque los diferentes proyectos desarrollados no lograron una reposición efectiva de reservas. El resultado: el país produce 0,41 TCF por año, equivalente al 10% de su base disponible. 
A ese ritmo, sin descubrimientos relevantes, el gas boliviano tiene una década de vida útil, según los especialistas. Después de ese periodo, la producción solo alcanzaría para cubrir el mercado interno, con costos crecientes.
En los mejores años del ciclo gasífero, Bolivia llegó a exportar más de 50 millones de metros cúbicos diarios (MMmcd) a Brasil y Argentina. Hoy esa cifra se redujo a menos de la mitad. El impacto fiscal y cambiario es evidente: el Estado recibe menos regalías, las reservas internacionales cayeron y la escasez de divisas se volvió estructural.
El informe de YPFB consigna además que, junto con el gas, el país cuenta con 12,6 millones de barriles de petróleo, 51,1 millones de condensado, 26,7 millones de gasolina natural y 3,19 millones de GLP. Pero el problema no radica en los líquidos, sino en la base energética que sostenía la economía desde principios de siglo: el gas.
En 2014, las exportaciones de este recurso representaban el 50% de los ingresos del país. Hoy apenas superan el 20%. No hubo sustituto. La industrialización no despegó al ritmo prometido y las plantas —como la de Amoniaco y Urea o la de Gran Chaco— operan con baja carga o con paros recurrentes, pese a que las inversiones en estos complejos petroquímicos fueron millonarias.
El documento financiero menciona que la certificación de reservas fue realizada bajo los estándares del Petroleum Resources Management System (SPE-PRMS), aplicando parámetros técnicos de producción, costos e infraestructura. Es decir, los 4,49 TCF no son un cálculo pesimista, sino una estimación oficial.
El  gas, que durante casi dos décadas sostuvo el relato de la “soberanía energética”, se está agotando en silencio. No por culpa de la naturaleza, sino por la falta de exploración, planificación y reinversión.
 Y los recursos existían. Entre 2006 y 2023, según reportes oficiales, YPFB recibió más de $us 50.000 millones en ingresos acumulados por hidrocarburos. Sin embargo, la inversión exploratoria promedio anual no superó los $us 400 millones, menos de la mitad de lo necesario para sostener el nivel de reservas.

No se cuidó la nacionalización

Desde el gobierno de Luis Arce no ocultan esta situación. Tras la ruptura con Evo Morales por el liderazgo del Movimiento al Socialismo (MAS), el Ejecutivo se sumó a las críticas hacia la política hidrocarburífera aplicada durante la administración del exmandatario. 
El principal argumento esgrimido por el actual gobierno es que en ese periodo no se cuidó ni se consolidó adecuadamente la nacionalización de los hidrocarburos. El 1 de mayo de 2006, Morales promulgó un decreto supremo que activó mecanismos legales para centralizar el control de toda la cadena hidrocarburífera, otorgando además una participación mínima a las empresas operadoras.
La consecuencia fue previsible: Bolivia se volvió un país poco atractivo para las inversiones en exploración por parte de las compañías extranjeras
El propio Arce ha reconocido ese error. En marzo de 2025, el mandatario afirmó que “en 14 años el Gobierno solo se dedicó a generar los recursos y distribuirlos entre las gobernaciones, pero no se hizo inversión en exploración de nuevos pozos”. En la misma línea, agregó: “Nos comimos el gas… ese es el principal elemento que explica por qué sucede todo en nuestro país”.
Meses antes, en septiembre de 2024, Arce había sido más directo: “No se hizo trabajos de exploración, lo que llevó a una menor producción y a un menor ingreso de dólares a la economía del país”. En esa oportunidad también admitió que “la falta de descubrimientos de nuevos pozos gasíferos ha provocado que la oferta se reduzca”.
Hacia finales de ese mismo año, el presidente aseguró que su Gobierno ya estaba intentando revertir la tendencia. “Este año ya tenemos resultados… esto garantiza que vamos a tener producción de hidrocarburos a partir del año 2026. Algunos pozos pequeños ya van a empezar a producir a partir del 2025 y otros grandes a partir del 2026”, sostuvo el 23 de diciembre de 2024.

Coloza Law Firme.-