“Dos tercios de la población no acceden al servicio judicial para resolver conflictos de menor cuantía; hay más de 150 municipios que carecen de servicios judiciales por falta de presupuesto; por lo tanto, se viola este derecho de acceder al servicio judicial. Una crisis que se manifiesta por altos niveles de corrupción, denunciados, no investigados ni sancionados; hay denuncias de cobros de dinero por parte de algunas autoridades, hay una crisis que se manifiesta por la mala calidad del servicio judicial, fallos absolutamente inmotivados, incorrectamente fundamentados, que violan derechos fundamentales, porque los jueces interpretan la Constitución desde la ley, cuando deben interpretar la ley desde la Constitución; no realizan control de convencionalidad, es parte de la crisis, una crisis que finalmente se manifiesta por la carencia de independencia e imparcialidad”, señaló.
Recordó también que ya el relator especial de Naciones Unidas para la Independencia Judicial y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando visitó Bolivia, observó que el poder político ha instrumentalizado el servicio judicial para desplegar persecuciones judiciales con fines políticos.
Rivera complementa estas observaciones al señalar que, si bien se dice que hubo un sometimiento al poder político, “hubo personas que se han alineado a las causas políticas, especialmente del Gobierno, se han creado consorcios y todo esto tendría que ser evaluado también, tiene que ser procesado. Definitivamente el tema de la corrupción judicial es un problema serio y creo que, otro de los temas que se deberán enfrentar es el evaluar el desempeño de los jueces actuales y crear las bases para un proceso de saneamiento, de depuración de todos esos funcionarios que no han tenido un desempeño idóneo, íntegro, honesto. En ese sentido, creo que se hace necesario un mecanismo extraordinario ad hoc de revisión de todos estos casos”, afirmó.
Pasos
En los ocho meses de gestión, el TSJ ha dado varias señales en dirección al cambio anunciado. El 31 de enero, por ejemplo, anunció la investigación por desfalco en Derechos Reales, por lo que en abril se allanaron las oficinas de Santa Cruz.
Se implementaron los pagos con código QR en Derechos Reales, el 11 de febrero; al día siguiente, se presentó el Sistema Gestor Procesal, para acceder de forma remota al estado de las causas presentadas ante el TSJ.
El 11 de marzo, las máximas autoridades del TSJ, Tribunal Agroambiental (TA) y el Consejo de la Magistratura (CM) se declararon en emergencia presupuestaria, con la exigencia al Estado de un reajuste para garantizar el funcionamiento y la independencia judicial. Denunciaron un déficit de 140 millones de bolivianos. El 2 de abril el Gobierno anunció inyección presupuestaria de 10,8 millones de bolivianos para la contratación de personal eventual.
“Para lograr un sistema judicial democrático, idóneo, con jueces imparciales, independientes, va a pasar un periodo constitucional”, dijo el analista Ramiro Orías.
La posición de las autoridades del TSJ se puso a prueba nuevamente con el escándalo surgido en el caso “consorcio”, cuando a través de una denuncia, un juez intentó apartar de sus funciones a la magistrada Fanny Coaquira Rodríguez. Un audio habría revelado que el entonces ministro de Justicia, César Siles, estuvo involucrado en este proceso, hecho denunciado por el juez a través del cual se puso en marcha esta acción.
Siles renunció a su cargo y el caso llegó a involucrar a jueces, vocales y abogados. Saucedo denunció entonces un “intento de golpe” al Órgano Judicial y advirtió que constituye un mal precedente para el sistema democrático porque da lugar a la suspensión de “cualquier autoridad electa”. El proceso fue declarado en reserva y continúa en investigación.
Finalmente, la última acción mostrada por el TSJ fue la orden de revisión de las detenciones de Camacho, Pumari y Añez, que, tras la protesta en varias cárceles del país, tuvo que extenderse a todos los privados de libertad, con la conformación de comisiones de revisión de casos.
A partir de los debates que surgieron por esta posición, Saucedo salió a justificar el procedimiento que, enmarcado en las normas, debe velar por el debido proceso, aunque no faltaron quienes vieron en esta decisión una actitud política, tras la derrota del partido de Gobierno en las elecciones generales.
Coloza Law Firme.-
