El fiscal informó que se conformó una “mesa de medio ambiente” con autoridades municipales y departamentales para la defensa medioambiental.
.El fiscal departamental de Cochabamba, Osvaldo Tejerina, informó que se abrirán procesos penales en contra de las personas que inicien incendios aunque sean bajo el argumento de chaqueos.
“Estamos esperando los informes para iniciar la apertura de procesos penales en contra de todas aquellas personas que generen incendios indiscriminados bajo la figura del chaqueo”, explicó el fiscal.
El fiscal departamental de Cochabamba, Osvaldo Tejerina, informó que se abrirán procesos penales en contra de las personas que inicien incendios aunque sean bajo el argumento de chaqueos.“Estamos esperando los informes para iniciar la apertura de procesos penales en contra de todas aquellas personas que generen incendios indiscriminados bajo la figura del chaqueo”, explicó el fiscal.
Señaló que el chaqueo provoca el deterioro de la flora, fauna y los bosques.
Tejerina prevé que en las próximas horas se abra el primer caso por los incendios forestales.
Además, indicó que se conformó una “mesa de medio ambiente” con autoridades municipales y departamentales para la defensa medioambiental.
El pasado jueves la Cámara de Senadores aprobó el proyecto de ley que autoriza un financiamiento de hasta $us 118,5 millones, orientado a fortalecer la planificación, el diseño y la conservación de la infraestructura vial bajo un enfoque de resiliencia climática.
El presidente Rodrigo Paz promulgó oficialmente este lunes la normativa que autoriza el préstamo de recursos del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), del Banco Mundial, por un monto de $us 118 millones destinado a la ejecución del Programa de Resiliencia Climática en el Sector Vial.
“Agradecer al pueblo de Bolivia por su fuerza, por su templanza, por querer progresar. Aquí hay 118 millones de dólares en proyectos viales, carreteros para el norte de La Paz, para Cochabamba como distribuidor y un sueño de ir culminando la Jaime Mendoza que es transversal para toda la patria en infraestructuras carreteras”, afirmó en un video publicado en sus redes sociales.
El pasado jueves la Cámara de Senadores aprobó el proyecto de ley que autoriza un financiamiento de hasta $us 118,5 millones, orientado a fortalecer la planificación, el diseño y la conservación de la infraestructura vial bajo un enfoque de resiliencia climática.
“Agradecer a senadores y diputados que aprobaron estos recursos para que Bolivia progrese, genere comercio, negocios, pueda transportar su carga, pueda transportarse el boliviano y boliviana por buenas carreteras”, expresó Paz.
Según la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), el proyecto contempla la construcción en la carretera El Salto – Monteagudo, el tramo Molino – Monteagudo (de la Diagonal Jaime Mendoza), en el departamento de Chuquisaca; en el departamento de La Paz, la construcción del puente Guanay y sus accesos; y en el departamento de Cochabamba, el Puente de Chimoré – Ivirgazama con sus obras complementarias.
“Siempre agradecido, vamos a cumplir nuestros compromisos y vamos a salir adelante. Bolivia es el camino”, concluyó el primer mandatario.
El Órgano Judicial, el Tribunal Agroambiental y el Tribunal Constitucional advirtieron con un paro indefinido de actividades si el Gobierno y el Legislativo no atienden sus demandas de incremento presupuestario y de aprobación de leyes destinadas a mejorar la administración de justicia y habilitar la destitución de jueces denunciados.
Actualmente al Órgano Judicial se le asigna el 0,35% del Tesoro General de la Nación para su presupuesto anual, “cuando lo que se requiere es por lo menos el 5%”.
Se dio un plazo de 20 días para que el Ejecutivo y el Legislativo responda a sus pedidos, caso contrario advirtieron con aplicar sus medidas de presión.
Romer Saucedo, presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), informó sobre las decisiones asumidas en la reunión de emergencia y la exigencia de sostener una reunión con el presidente Rodrigo Paz y su gabinete en Sucre, sede del Órgano Judicial, “de igual a igual”; en tanto, al Legislativo se le pedirá tratar los proyectos de ley remitidos.
“No somos atendidos”
Lo representantes del Judicial también acordaron activar este acercamiento como última instancia antes de asumir medidas de presión.
“Lastimosamente, los que respetamos la institucionalidad, los que respetamos el Estado de Derecho, los que somos garantes de una justicia en el país, no somos atendidos. Pero a los que bloquean, los que paran, los que dejan de trabajar, a ellos sí los atienden”, cuestionó.
Paro escalonado
De no ser atendidos, se irá a un paro escalonado de actividades. “Si no somos atendidos, iremos al paro inicialmente por 24 horas, posteriormente a un paro de 48 y de 72 horas, y, de ser necesario, llegaremos al paro indefinido de la justicia en Bolivia con la finalidad de conseguir la atención que merece nuestra institución como órgano del Estado”, advirtió.
Propuestas de leyes
Los proyectos de ley remitidos al Legislativo por el TSJ están relacionados con la doble instancia en los juicios de responsabilidades, un mayor presupuesto para el Órgano Judicial, la modernización tecnológica del sistema de justicia y la prescripción y consolidación de los depósitos judiciales. En materia presupuestaria, plantean incrementar del 0,35% al 5% la asignación del Presupuesto General del Estado. Por su parte, la Magistratura presentó y entregó al Legislativo, el 6 de abril, dos proyectos de ley para endurecer las sanciones contra jueces denunciados y cubrir varias acefalías.
Oviedo informó que se conformó una instancia integrada por abogados del gobierno, representantes de la COB y fiscales para revisar la situación jurídica de las personas detenidas en el marco de las movilizaciones.
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, afirmó que el diálogo impulsado por el gobierno con la Central Obrera Boliviana (COB) constituye una de las últimas oportunidades para pacificar el país mediante la concertación. Advirtió que, si no se alcanza una salida al conflicto, corresponderá aplicar la ley.
“Hoy seguramente será una de las últimas oportunidades, hoy, mañana, estos últimos días, porque si no vamos a tener que actuar con la ley (…) porque el país no puede seguir pasando lo que está pasando”, afirmó Oviedo según una nota de prensa del ministerio, que recupera una entrevista con Panamericana.
El lunes 8 de junio, el presidente Rodrigo Paz promulgó la Ley de Regulación de Estados de Excepción, que reglamenta la implementación de esta figura.
Ayer por la tarde, representantes del gobierno y de la COB se reunieron para iniciar el diálogo sobre un pliego de ocho demandas presentado por la dirigencia sindical, que ya no contempla la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Sin embargo, el encuentro ingresó en un cuarto intermedio debido a la exigencia de una amnistía para los afiliados aprehendidos durante las protestas.
En la reunión participaron el presidente Paz, ministros, dirigentes de la COB, entre ellos el secretario ejecutivo Mario Argollo, entre otras personas.
Detenidos
Oviedo informó que se conformó una instancia integrada por abogados del gobierno, representantes de la COB y fiscales para revisar la situación jurídica de las personas detenidas en el marco de las movilizaciones.
“Una cosa es que una persona sea detenida protestando o haciendo una acción violenta, una marcha de protesta, etc. Pero otra cosa ya son delitos que se cometen cuando se lanzan explosivos. Hay 55 policías heridos, uno de ellos ha perdido la vista, otro ha sufrido un disparo en su cabeza. Hay varios policías heridos por armas de fuego. Entonces, estos detenidos no pueden ser liberados”, enfatizó Oviedo.
El ministro señaló que cada caso será evaluado de manera individual y que se diferenciará a quienes participaron en protestas de quienes presuntamente incurrieron en hechos delictivos.
Lupo enfatiza en que no habrá amnistía
Esta mañana, en Brújula Streaming, el ministro de la Presidencia José Luis Lupo afirmó que la única condición para instalar una mesa de diálogo es el levantamiento de los bloqueos. Además, rechazó la posibilidad de una amnistía para los aprehendidos.
“Es completamente inaceptable que personas que hayan violado la ley, que hayan apaleado a un policía, que ha perdido un ojo, que hayan detenido ambulancias, oxígeno, que no hayan permitido el paso de personas que han fallecido o que estaban enfermas, se tengan que amnistiar simplemente de esa manera”.
Túpac Katari
Respecto a la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos Túpac Katari de La Paz, que mantiene bloqueos en distintas carreteras del departamento, Oviedo indicó que el gobierno analizó el pliego de demandas presentado por el sector y mantiene abiertos los canales de diálogo.
Este miércoles, el Ejecutivoremitió una respuestaa los cinco puntos planteados por la organización campesina como condición para dialogar.
Este jueves se cumplen 47 días de bloqueos de caminos en el país. La jornada registra 45 puntos de bloqueo en La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí y Santa Cruz.
No se suspenden derechos constitucionales y rigen los plazos procesales en caso de detenidos. El Ejecutivo debe presentar un decreto ante la Asamblea, la cual debe aprobar o rechazar la norma en un plazo de 72 horas. Hay reacciones desde Chapare
La Ley 1740 que regula los estados de excepción en Bolivia ya está vigente luego de la promulgación por parte del presidente Rodrigo Paz. Tras firmar la nueva norma, la autoridad apuntó al “narcoterrorismo” como responsable de las amenazas a la democracia y la estabilidad que enfrenta país.
A pesar de esta valoración, la aplicación efectiva de un estado de excepción no será automática porque depende de un decreto presidencial que debe ser remitido al Legislativo que, a su vez, tiene 72 horas para aprobarlo o rechazarlo.
“Esta ley no es una carta blanca para la Policía y las Fuerzas Armadas”, preciso la presidenta de la Comisión de Gobierno y Fuerzas Armadas, Catherine Pinto, en un contacto con EL DEBER. Rechazó así la versión de sectores afines a Evo Morales, que sostienen que esta ley equivale a autorizar el uso de armas letales en las protestas.
Pinto explicó que la norma, de 27 artículos, fija requisitos para el decreto que active la medida como el ámbito territorial, justificación frente a la gravedad de la amenaza, proporcionalidad en el uso de la fuerza, subsidiariedad y obligación de agotar previamente el conducto regular a través del diálogo.
La ley establece que la Policía actuará bajo coordinación del Ministerio de Gobierno. En el caso de las Fuerzas Armadas, su intervención deberá canalizarse por el Ministerio de Defensa y estará limitada al apoyo logístico, el resguardo de vías fundamentales y la protección de instalaciones estratégicas.
El artículo 21 señala que, si grupos subversivos sobrepasan a la fuerza policial, la movilización de tropas militares solo podrá darse por orden escrita del Presidente. La norma también prevé el uso diferenciado de la fuerza, con prioridad en la preservación de la vida.
Un estado de excepción puede tener una vigencia máxima de 90 días y solo podrá ampliarse con autorización previa de la Asamblea Legislativa. Su aplicación no debe responder a criterios discriminatorios. Uno de los puntos más sensibles está en el artículo 26, que concede a policías y militares la “presunción de legalidad operativa” sobre sus actos. Pinto defendió ese alcance al sostener que “sería ilógico establecer que los policías y militares fueron formados para vulnerar derechos constitucionales”.
El diputado de Alianza Unidad Juan Del Granado, que votó contra la norma, cuestionó ese criterio. Advirtió que presumir de forma anticipada la legalidad de las actuaciones policiales y militares puede generar “un sistema de protección indebido” para quienes ejercen el monopolio de la fuerza.
El artículo 27 dispone que, si policías o militares son procesados durante el estado de excepción, los ministerios deberán brindarles asesoramiento legal. Ese patrocinio no se aplicará cuando los uniformados incurran en actos arbitrarios, tortura, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, violencia sexual u otras vulneraciones de derechos humanos.
La promulgación de la Ley 1740 se produjo ayer al darse inicio a la sexta semana de conflictos y bloqueos. En la Casa Grande del Pueblo, el presidente Rodrigo Paz señaló al “narcoterrorismo” como una amenaza contra la democracia y la estabilidad del país.
“Nuestra mano está extendida para seguir siempre en el diálogo, siempre en el diálogo, pero cuídense de los infiltrados y de los violentos. Y a los violentos, a los narcoterroristas, así como cayó (Sebastián) Marset, sus días están contados”, advirtió.
La reacción llegó desde el trópico de Cochabamba. En un video difundido en redes sociales, dirigentes de la Federación de Comunidades Interculturales Chimoré amenazaron con tomar instalaciones militares si el Gobierno declara formalmente el estado de excepción a merced de la nueva ley.
“Que el Gobierno lo piense muy bien antes de ordenar a los militares y policías para que vayan a los puntos de bloqueo. No nos hacemos responsables de lo que pueda pasar en el trópico de Cochabamba con militares y policías”, afirmó.
Según el proyecto de ley presentado por organizaciones civiles, se busca endurecer penas y tipificar la «violación incestuosa» como una forma agravada de violencia sexual.
La decana del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rosmery Ruiz, justificó el proyecto de ley Brisa que surgió de una sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
«Es una necesidad y no quiere decir que va en desmedro de los hombres. No entiendo por qué varios activistas salieron a pronunciarse sobre esta ley, sin conocer cuál es el origen que obliga al Estado boliviano a legislar al respecto», declaró Ruiz.
La CIDH emitió una sentencia basado en el caso de Brisa de Angulo Losada, quien acudió a ese organismo internacional, luego de denunciar que fue agredida y violada sexualmente en reiteradas ocasiones por un primo hermano, cuando ella tenía 16 años.
Según el proyecto de ley presentado por organizaciones civiles, se busca endurecer penas y tipificar la «violación incestuosa» como una forma agravada de violencia sexual.
A ello se suma la necesidad de mejorar el acceso a la justicia para niñas, niños y adolescentes, estableciendo imprescriptibilidad en determinados casos y protocolos de atención integral.
Ruiz afirmó que en la sentencia del CIDH se dan los parámetros de cómo el Ministerio Público y la Policía deben actuar:
«Pienso que los activistas no han tenido el conocimiento necesario. Esa ley no está en contra de los varones y no es así de que los van a detener de manera inmediata», reiteró la decana del TSJ.
En el proyecto de ley Brisa, que está en etapa de revisión en la Cámara de Diputados, se establece que los delitos por estupro dejan de serlo para ser violación y la imprescriptibilidad de los delitos sexuales en contra de los menores.
También se busca incorporar la «violación incestuosa» en el Código Penal, con el endurecimiento de sanciones para los agresores.
Prensa FGE, Chuquisaca (04.05.2026).- El Fiscal Superior de Vida y Personas, Sergio Fajardo Flores, en horas de la mañana junto a una Comisión de Fiscales que arribaron de la ciudad de Santa Cruz, personal del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), efectivos de Homicidios de la Fuerza especial del Lucha Contra el Crimen (FELCC), se constituyeron para realizar la diligencia investigativa del desprecintado de las oficinas del Magistrado del Tribunal Agroambiental, Víctor Hugo Claure Hinojosa, quien fue asesinado en Santa Cruz de la Sierra.
En el marco de una investigación en curso respecto al Asesinato del Magistrado registrado en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, autoridades del Ministerio Público procedieron al desprecintado de los ambientes que habrían sido ocupados por la autoridad, con la finalidad de recabar elementos de prueba y avanzar en las tareas investigativas correspondientes.
“La diligencia es ejecutada por una comisión de fiscales proveniente de la ciudad de Santa Cruz, conformada por dos fiscales asignados específicamente a este caso. El equipo de trabajo también está integrado por peritos del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), personal criminalista y efectivos investigadores de la FELCC Santa Cruz”, explicó Fajardo.
La autoridad fiscal solicitó la comprensión de la ciudadanía y los medios de comunicación, indicando que, por la naturaleza sensible de la investigación, no es posible brindar mayores detalles a fin de no entorpecer el proceso investigativo.
