Tras la denuncia que presentó el abogado Lucas Torres en contra la esposa del presidente Rodrigo Paz y primera damam, María Elena Urquidi, y Fernando Cerimedo, este jueves el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, señaló que la comisión de admisión del Ministerio Público realizará un análisis del documento presentado.
“Fiscales analistas van a considerar, dentro de las 24 horas, el admitir, el observar o el desestimar la denuncia”, manifestó Mariaca, en contacto con Unitel.
Mariaca señaló que en esta etapa se realizará un análisis de los indicios que pueden existir y tras ello se conocerá cuál será el curso que tome la denuncia.
En la denuncia, el querellante pidió que se investigue presuntas “contrataciones, importación y comercialización de combustibles, oro, seguros y un eventual beneficio económico indebido”.
Torres señaló que su denuncia “se respalda en los pronunciamientos que ha difundido Nadia Beller en las redes”. Además, el denunciante pidió que la Fiscalía tome la declaración a Beller para que presente las pruebas de sus afirmaciones.
El congreso extraordinario de la Confederación Agropecuaria Nacional (Confeagro), realizado este jueves en Warnes, determinó dar 48 horas al Gobierno para la abrogación del Decreto Supremo 5676, que establece Bs 18 por el litro de diésel para grandes consumidores.
El presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Klaus Frerking, afirmó que, si hasta el fin del plazo la norma no es abrogada, el lunes acudirán al Comité Pro Santa Cruz para solicitar la convocatoria a una Asamblea de la Cruceñidad.
“Si hasta el día domingo no está abrogado el decreto, nos apersonaremos a nuestro Comité Pro Santa Cruz el día lunes para pedirle una Asamblea de la Cruceñidad”, afirmó Frerking tras el encuentro, que reunió a representantes de los diferentes sectores productivos del país y contó con la participación del ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Mario Justiniano, junto a otras autoridades.
Frerking sostuvo que el sector productivo necesita certidumbre para continuar trabajando y rechazó que el decreto sea mantenido o simplemente modificado.
“La única forma de salir de esta crisis económica es trabajando”, manifestó, y cuestionó que la norma haya incrementado, a su criterio, la corrupción, el mercado negro y la especulación.
Responsabilidad del Ejecutivo
Frerking también respondió al argumento del Gobierno de que la abrogación del decreto no resolverá la falta de diésel. Señaló que es responsabilidad del Ejecutivo garantizar combustible en las estaciones y pidió flexibilizar las normas para permitir la importación y comercialización.
“No estamos pidiendo privilegio, estamos pidiendo que nos dejen trabajar”, afirmó. La eventual convocatoria a la Asamblea de la Cruceñidad será definida por el directorio del Comité Pro Santa Cruz, que también determinará las medidas a seguir.
El presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, advirtió que si el decreto no es abrogado hasta al domingo, 30 de agosto, el lunes se llevará a cabo una reunión de la Asamblea de la Cruceñidad y se tomarán determinaciones.
Cívicos cruceños
Los sectores productivos de Santa Cruz se reunirán este lunes con el Comité Cívico Pro Santa Cruz para evaluar la situación del abastecimiento de combustibles y definir posibles acciones ante la persistente escasez de diésel.
El vicepresidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Agustín Zambrana, señaló que la reunión permitirá realizar una evaluación institucional luego de los encuentros sostenidos con YPFB y autoridades del Gobierno.
«Hoy vemos que no han podido resolver la situación de la falta de carburante y diésel. Entonces, como región, tenemos que tomar decisiones», afirmó Zambrana.
El dirigente sostuvo que las determinaciones deberán considerar el impacto sobre la población y los sectores productivos, y adelantó que se buscará coordinar con representantes políticos, sociales e institucionales.
El vicepresidente cívico cruceño indicó que los sectores productivos ya solicitaron la abrogación del Decreto Supremo 5676, aunque aclaró que el Comité Pro Santa Cruz todavía no asumió una posición institucional definitiva.
Según Zambrana, esa decisión será analizada formalmente durante la reunión de directorio prevista para este lunes.
Prensa FGE, Chuquisaca (18.08.2026).- El Fiscal General del Estado, Roger Mariaca Montenegro, informó que la Comisión de Fiscales que investiga el atentado, con arma de fuego, cometido en contra de la activista Nadia S.B.D., de 33 años de edad, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, emitió la orden de aprehensión en contra de su pareja Fernando C., de 45 años. De acuerdo con los indicios colectados hasta el momento, se emitirá la correspondiente imputación por el delito de Feminicidio en Grado de Tentativa donde se pedirá la detención preventiva del sujeto.
“En base a los indicios que existen se determinó emitir una resolución de aprehensión y su respectivo mandamiento por el delito de Feminicidio en Grado de Tentativa en contra del sospechoso. A la fecha él se encuentra aprehendido y va a ser puesto ante una autoridad jurisdiccional donde, con seguridad, nosotros, en base a los indicios que tenemos, en base al peligro de fuga y en base al peligro de obstaculización, vamos a solicitar la medida excepcional de la detención preventiva en una cárcel pública para esta persona”, informó Mariaca en conferencia de prensa desde la ciudad de Sucre.
La Máxima Autoridad del Ministerio Público indicó que, de acuerdo con el informe médico del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), la víctima recibió tres impactos de proyectil de arma de fuego: uno en la región del cuello, otro en el tórax anterior y un tercero en el brazo derecho, mismos que presentan orificio de entrada, sin orificio de salida. El informe establece inicialmente 30 días de incapacidad médico legal, sujetos a ampliación de acuerdo con su evolución clínica y los nuevos estudios que sean realizados por especialistas.
Asimismo, el Fiscal General señaló que, de acuerdo con información proporcionada verbalmente por la propia víctima, existiría la posibilidad de que se encuentre en estado de gestación, situación que deberá ser confirmada mediante los estudios médicos correspondientes.
Mariaca precisó que la investigación continúa y que el Ministerio Público no descarta la participación de otras personas en el hecho, tanto en calidad de autores materiales como de posibles autores intelectuales. “No olvidemos que así como existirían autores materiales, también pueden existir otros autores intelectuales que puedan estar inmiscuidos o tener participación en este hecho que llama mucho la atención, y tengan la seguridad que como Ministerio Público vamos a continuar con la investigación como corresponde”.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) instruyó al juez asignado al caso del ataque armado contra Nadia Beller que actúe con celeridad y evite declarar la investigación en reserva a fin de garantizar el acceso a la información para la víctima, quien sobrevivió a tres impactos de bala la noche del lunes en Santa Cruz de la Sierra y se encuentra en estado de gestación.
El presidente del TSJ, Romer Saucedo, se trasladó a la capital cruceña junto a la decana de la institución, Rosmery Ruiz, para hacer seguimiento institucional al proceso. El magistrado anunció que ordenaron al juez de la causa atender de forma inmediata los requerimientos del Ministerio Público para allanamientos u otras acciones.
“Estamos instruyéndole al juez que conoce la causa que actúe de manera diligente (en) todos los requerimientos que se han solicitado por el Ministerio Público brindando una atención 24/7”, declaró el titular del TSJ en conferencia de prensa.
Asimismo, respaldó la petición de la víctima para que el proceso sea público y no se limite el acceso al expediente. “Ante la solicitud que ha realizado la víctima y amiga, Nadia Beller, de que el caso no sea declarado en reserva, se le está instruyendo también al juez que conoce ya la causa, que está ante el control jurisdiccional, que el caso no sea declarado en reserva para que ella pueda tener acceso a toda la información y para que se le brinden todas las garantías necesarias”, agregó Saucedo.
Por su parte, la decana Ruiz confirmó el embarazo de la abogada atacada y exigió imparcialidad a las autoridades jurisdiccionales. La autoridad judicial expresó que pedirán a los juzgadores que “apliquen la rigurosidad de la ley, caiga quien caiga. Nosotros lo que queremos es que se establezca la verdad de los hechos dentro de este caso”.
Posteriormente, ambos magistrados se dirigieron a la clínica donde Beller permanece internada para expresarle su solidaridad y garantizarle sus derechos procesales.
Llamada a Cerimedo
Saucedo reveló también que, debido a una amistad de larga data con la víctima a quien se refirió como su “amiga”, se comunicó telefónicamente con Fernando Cerimedo tras enterarse del hecho por los medios de comunicación, antes de que este fuera señalado como presunto autor.
El presidente del TSJ relató que preguntó al ahora aprehendido asesor el presidente Paz por la salud de Beller y que Cerimedo le manifestó que ella “estaba en gestación y que se estaría trasladando hasta la ciudad de Santa Cruz”.
El magistrado aclaró que no tiene ningún vínculo de amistad con el acusado y que solo lo contactó de manera escueta por ser la pareja de la víctima del ataque.
El atentado ocurrió en las afueras de un hotel cruceño. Imágenes de cámaras de seguridad muestran que dos sujetos vestidos como repartidores se acercaron a Beller. Uno de ellos disparó contra la mujer y la dejó tendida en el piso, mientras que el segundo individuo aparentemente sustrajo sus pertenencias antes de que ambos huyeran.
En el marco de estas investigaciones, Cerimedo fue arrestado por sus supuestos vínculos con el ataque y la Fiscalía ya lo imputó por la supuesta comisión de feminicidio en el grado de tentativa.
Jorge Tuto Quiroga (Libre) y Carlos Alarcón (Unidad) plantean ajustes para eliminar los “candados” que blindan el actual modelo económico del Estado y también proponen reformas al sistema judicial. El debate toma cuerpo
El debate para modificar la Constitución Política del Estado (CPE) gana terreno en la Asamblea Legislativa con tres proyectos de ley que se presentaron, dos desde la alianza Unidad y uno desde Libre. Estas iniciativas surgen en medio de la creciente crisis energética que atraviesa el país y bajo la premisa de que si Bolivia no hace ajustes a su Constitución, nadie se animará a invertir.
Las propuestas también coinciden en que se debe priorizar las reformas constitucionales económicas y en materia de justicia, y esto puede realizarse por dos vías: mediante una iniciativa popular con la recolección de firmas del 20% del electorado o una ley aprobada por dos tercios de la Asamblea Legislativa. Cualquier opción será sometida a un referéndum constitucional aprobatorio.
Las propuestas
Uno de los proyectos de ley es del diputado Carlos Alarcón de la bancada de Unidad, que plantea una ley corta de cuatro artículos que tiene el objetivo de “remediar el desastre económico, energético y judicial que nos ha dejado el MAS con esos candados que están en la Constitución”.
El núcleo de la propuesta consiste en incorporar un artículo, el 412 que permita “desconstitucionalizar” 30 artículos: 17 de los cuales son referidos a los “candados” que blindan el actual modelo económico, y 13 artículos relativos que sustentan el sistema de justicia, Ministerio Público y la elección de magistrados por voto popular y se sustituiría por un mecanismo de “designación meritocrática”.
“Estos artículos no desaparecen, pero quedan en rango de leyes especiales. Eso quiere decir que a través de verdaderas leyes estructurales, la Asamblea Legislativa va a poder regular el contenido de estos artículos en consonancia con la visión de la reforma del nuevo modelo económico”, explicó Alarcón a EL DEBER.
El segundo eje incorpora el artículo 413 que prohibiría constitucionalmente “todo tipo de expropiación, nacionalización, estatización y/o reversión” de inversiones nacionales y extranjeras. Permitiría, además resolver controversias mediante la justicia boliviana o arbitraje nacional o internacional.
La otra iniciativa parte del expresidente y líder de Libre, Jorge Tuto Quiroga, quien ayer desde Cochabamba, presentó un proyecto de ley de reforma parcial a la Constitución basada en cinco ejes: la apertura económica abriendo los candados para inversiones en materia energética, con seguridad jurídica y arbitraje internacional.
Asimismo, plantea la descentralización del Estado implementando las autonomías con la transferencia de competencias; la reforma judicial eliminando la elección de magistrados por voto popular y que sea la Asamblea la que elija a esas autoridades por dos tercios; el fortalecimiento de la Asamblea Legislativa para más labores de fiscalización y el quinto eje es la digitalización del Estado con inteligencia artificial.
Para Quiroga esta es una oportunidad histórica para que el país cambie su modelo de Estado. “Entre los que se modifican, abrogan, son cerca de 111 artículos para darle viabilidad a Bolivia”, dijo el exjefe de Estado.
Antes de estas dos propuestas, en abril, el diputado y abogado constitucionalista Juan Del Granado, de Unidad, presentó el primer proyecto de ley para modificar la Constitución Política que hace énfasis en una reforma del sistema de justicia cambiando la forma de elegir a los magistrados del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional y que esta tarea esté a cargo de una Comisión Nacional de Postulaciones formada por expertos de la sociedad civil y la Asamblea Legislativa.
Esta instancia también elegiría al Defensor del Pueblo y al Fiscal General del Estado, además se plantea eliminar la Procuraduría General, encargada de la defensa legal del Estado.
El vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Edmand Lara Montaño, presentó una denuncia penal contra el ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza Yáñez, por presuntas irregularidades relacionadas con la adquisición de una vagoneta Audi Q4 e-tron, su valoración consignada en la documentación notarial y su posterior declaración de bienes y rentas, informa un anota de prensa de la Vicepresidencia, publicada este miércoles en su página de Facebook.
La denuncia sostiene que el vehículo fue protocolizado mediante el Testimonio de Escritura Pública N.º 1685/2026, de fecha 30 de abril de 2026, consignando un valor de Bs 50.000, mientras que posteriormente el propio denunciado habría referido públicamente un desembolso de Bs 350.000.
El documento indica también que el 29 de junio de 2026, en su Declaración Jurada de Bienes y Rentas ante la Contraloría General del Estado, el ministro declaró activos por Bs 9.367, sin registrar el vehículo adquirido aproximadamente dos meses antes.
La denuncia incorpora como elementos de convicción el testimonio notarial, el extracto oficial de la declaración patrimonial y registros de declaraciones públicas realizadas por el denunciado.
La acción presentada por el vicepresidente Edmand Lara Montaño plantea que estos hechos sean investigados por las autoridades competentes y menciona, entre otros, posibles delitos de falsedad en la declaración jurada de bienes y rentas, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado y enriquecimiento ilícito, cuya existencia y eventual responsabilidad deberán ser determinadas dentro del proceso correspondiente.
En ese marco, Lara solicita que se realicen las investigaciones necesarias, incluyendo un análisis financiero y patrimonial por parte de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) y la verificación de los aspectos tributarios vinculados a la transferencia del vehículo.
La denuncia fue presentada este miércoles, 12 de agosto de 2026, reafirmando que todo servidor público debe responder ante la ley y que la transparencia patrimonial constituye una obligación en el ejercicio de la función pública.
El Gobierno envió ayer a la Cámara de Diputados un proyecto de Ley de Inversiones de 103 artículos, que busca atraer capital nacional y extranjero, establecer nuevas reglas para la actividad inversora y crear una Agencia Nacional de Inversiones para coordinar la promoción y atracción de capitales.
“Esta ley, en su esencia central, tiene tres pilares fundamentales: normalizar la inversión, crear un sistema de incentivos y regulación que permita dar previsibilidad, seguridad, estabilidad y confianza, y ordenar una gran cantidad de incentivos y normativa legal”, explicó el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, según reporte de Erbol.
El primer eje busca “normalizar” la inversión en Bolivia, al considerar que actualmente esta actividad es excepcional frente a otros países de la región. El segundo plantea generar incentivos y reglas claras que otorguen seguridad jurídica, estabilidad, previsibilidad y confianza a inversionistas nacionales y extranjeros.
El tercer pilar apunta a ordenar los incentivos y la normativa que actualmente están dispersos en el ordenamiento jurídico, mediante un Sistema Nacional de Inversiones. En ese marco, se plantea crear una Agencia Nacional de Inversiones para coordinar a las instituciones públicas en la regulación, promoción y atracción de capitales.
La propuesta prioriza sectores como logística, inteligencia artificial, economía digital, innovación y energías alternativas como el hidrógeno y la energía solar, además de áreas en las que Bolivia ya cuenta con capacidades productivas. La agencia también tendrá un Plan Nacional de Inversiones y estrategias de priorización y promoción en el exterior.
El proyecto busca además limitar la discrecionalidad política en procesos de nacionalización y expropiación. Espinoza señaló que estas decisiones ya no podrán ser unilaterales del Ejecutivo y deberán pasar por el Congreso, además de reconocer el valor patrimonial de los bienes afectados.
Sobre los arbitrajes internacionales, el ministro aclaró que el proyecto no plantea modificar la Constitución y sostuvo que Bolivia puede recurrir a estos mecanismos en los ámbitos permitidos por la normativa y los tratados internacionales.
Según Espinoza, la norma fue socializada con sectores empresariales, extractivos, industriales, productivos, gremiales y otros sectores de la economía.
El Gobierno Municipal otorgó plazo hasta el 31 de agosto para que 22.000 contribuyentes regularicen los pagos omitidos, tras detectarse un presunto esquema de manipulación del sistema de recaudaciones
El Gobierno Municipal dio plazo hasta el 31 de agosto para que 22.000 contribuyentes regularicen sus impuestos, luego de detectarse que realizaron pagos inferiores a los que correspondían debido a la presunta manipulación del sistema de recaudación.
Las autoridades señalan que el daño económico asciende a Bs 570 millones desde la gestión 2021. Este monto equivale a más de la mitad de la meta de recaudación fijada por el Gobierno Municipal para fin de año.
Estas irregularidades se revelaron en la auditoría interna que se hizo al sistema de recaudaciones. “Le robaron a Santa Cruz (de la Sierra) más de Bs 570 millones. Se han encontrado más de 22.000 casos de rebajas irregulares en el pago de impuestos. Esta situación obliga a que se tomen acciones, por eso el municipio va a abrir un proceso extraordinario, desde hoy hasta el 31 de agosto, para que las personas que entraron en este sistema de rebajas se hagan presentes y corrijan el valor del impuesto omitido”, advirtió el alcalde Carlos Manuel Saavedra.
Según el burgomaestre, algunos propietarios que debían pagar Bs 3.000, con la manipulación canceló solo Bs 100. “Lo que tiene que hacer es apersonarse y pagar la diferencia. Hay gente que debe hasta más de Bs 20 millones”, dijo.
Las autoridades hicieron público de manera oficial el número de inmueble y el registro; sin embargo, advierten que desde septiembre se darán a conocer los datos del contribuyente y se seguirán las acciones legales. “Es nuestra obligación recuperar esa plata que tanta falta le hace a nuestra ciudad. Quienes ingresaron en este sistema de rebajas irregulares tienen la oportunidad de corregir su situación antes de que continúen las acciones legales”, recalcó Saavedra.
Las personas pueden acogerse a planes de pago y no se cobrarán multas ni intereses.
Por su lado, el director de recaudaciones, Carlos Verazain, indicó que los montos establecidos para cada uno de los contribuyentes están debidamente señalados en el sistema RUAT y tu municipio 24/7, por lo que las personas pueden verificar su deuda. “Solicitamos a la población aprovechar la ley de regularización que condona multas e intereses de todas las obligaciones tributarias que va a estar vigente hasta el 31 de agosto”, subrayó.
Además, aclaró que, después de este plazo se procederá a la cobranza coactiva, lo que podrá derivar en bloqueo de cuentas bancarias, hipoteca o remate de inmuebles.
Sanciones
El alcalde indicó que los funcionarios que participaron desde el interior de la institución en esta red de corrupción serán sancionados. Agregó que el daño económico dado a conocer hasta el momento corresponde únicamente a las irregularidades detectadas en el cobro de impuestos a inmuebles y adelantó que posteriormente se presentarán los resultados de las investigaciones sobre vehículos y patentes.
En mayo, debido a estas irregularidades, el alcalde intervino la Dirección de Recaudaciones para realizar una auditoría. Los primeros hallazgos revelaron que 170 funcionarios contaban con accesos irrestrictos al sistema, lo que les permitía modificar datos y montos de los pagos, lo que abría la posibilidad de alteraciones en las recaudaciones municipales. Como primera medida, todos esos accesos fueron bloqueados y el caso fue denunciado ante el Ministerio Público.
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia explicó que estas órdenes no expiran. El exmandatario enfrenta dos acusaciones en Bolivia y una en Argentina
El expresidente Evo Morales enfrenta desde ayer una segunda orden de aprehensión. La Fiscalía de Santa Cruz dispuso su captura en el contexto de la investigación por los 53 días de conflictos, con bloqueos, que tuvieron lugar entre mayo y junio. La medida paralizó carreteras y provocó desabastecimiento con pérdidas económicas e incluso muertes de enfermos varados en los cercos.
En esta ocasión, Morales es investigado por alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, terrorismo, atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos. La causa fue abierta por denuncia del Comité pro Santa Cruz, a la que se adhirió el Ministerio de Gobierno.
Los denunciantes sostienen que Morales tuvo responsabilidad en las protestas que exigieron la renuncia del presidente Rodrigo Paz. La Paz y Cochabamba fueron los departamentos más afectados. En el momento más crítico hubo más de 100 puntos de bloqueo.
Morales aseguró ayer que se trata de una persecución política “para desviar la atención de la crisis económica y social. No van a intimidarnos. Seguiremos luchando junto al pueblo”, afirmó en sus redes sociales.
La nueva orden se suma a un mandamiento vigente dentro del proceso por trata agravada en Tarija. En ese caso, Morales fue declarado rebelde tras no presentarse al juicio oral y la Justicia volvió a ordenar su aprehensión y arraigo.
Además, enfrenta una investigación en Argentina por trata de personas y abuso de menores durante su asilo.La causa fue reabierta en 2025 y avanzó en 2026 con la citación de policías que integraron su custodia en ese país.
El expresidente tiene al menos tres procesos activos y no se presentó ante la Fiscalía para presentar sus descargos.
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Rómer Saucedo, afirmó que los dos mandamientos vigentes en Bolivia deben ser ejecutados por la Policía. “Todas las órdenes de aprehensión hay que ejecutarlas”, sostuvo y recordó que no tienen fecha de caducidad.
El fiscal informó que se conformó una “mesa de medio ambiente” con autoridades municipales y departamentales para la defensa medioambiental.
.El fiscal departamental de Cochabamba, Osvaldo Tejerina, informó que se abrirán procesos penales en contra de las personas que inicien incendios aunque sean bajo el argumento de chaqueos.
“Estamos esperando los informes para iniciar la apertura de procesos penales en contra de todas aquellas personas que generen incendios indiscriminados bajo la figura del chaqueo”, explicó el fiscal.
El fiscal departamental de Cochabamba, Osvaldo Tejerina, informó que se abrirán procesos penales en contra de las personas que inicien incendios aunque sean bajo el argumento de chaqueos.“Estamos esperando los informes para iniciar la apertura de procesos penales en contra de todas aquellas personas que generen incendios indiscriminados bajo la figura del chaqueo”, explicó el fiscal.
Señaló que el chaqueo provoca el deterioro de la flora, fauna y los bosques.
Tejerina prevé que en las próximas horas se abra el primer caso por los incendios forestales.
Además, indicó que se conformó una “mesa de medio ambiente” con autoridades municipales y departamentales para la defensa medioambiental.
