El Fiscal General del Estado, Roger Mariaca Montenegro, en el marco de la modernización del sistema de justicia en Bolivia inauguró el Call Center del Ministerio Público, en instalaciones del Fiscalía General del Estado en la ciudad de Sucre, un servicio de atención gratuita y multicanal que permitirá a la ciudadanía conocer el estado de sus casos, recibir orientación para presentar denuncias y acceder a información oportuna sobre sus procesos penales.
«El Call Center democratiza el acceso a la justicia, mejora la comunicación entre la Fiscalía General del Estado y los ciudadanos, contribuyendo a la transformación tecnológica del Ministerio Público; queremos llegar a lo que ahora se conoce como Gobierno Inteligente», señaló Mariaca, durante el acto de inauguración.
La autoridad explicó que el nuevo sistema integra cuatro canales de atención: una línea telefónica de Voz sobre IP atendida por operadores especializados, un WebChat en tiempo real, plataformas de mensajería instantánea a través de WhatsApp y Telegram, y un Buzón de Sugerencias Virtual que recoge propuestas para la mejora continua del servicio.
El Call Center se integra al Ecosistema ROMA y se sustenta en tres principios fundamentales: accesibilidad total, transparencia absoluta y respuesta inmediata. El sistema cuenta con protocolos de confidencialidad enmarcados en el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, garantizando la reserva de los datos de todos los usuarios que accedan al servicio, independientemente de su condición jurídica, ya sea como denunciante, denunciado, víctima, querellante o abogado patrocinante.
Con esta iniciativa, la Fiscalía General del Estado ratifica su política de puertas abiertas, alejada de la burocracia, orientada a acompañar y orientar al ciudadano, con énfasis en los sectores más vulnerables como son las niñas, niños, adolescentes y mujeres víctimas de violencia.
La Paz (26.03.2026).- El Fiscal General del Estado, Roger Mariaca Montenegro, lanzó el Portal de Datos Abiertos del Ecosistema ROMA, una plataforma del Ministerio Público boliviano que democratiza la información estadística institucional y pone a disposición de cualquier ciudadano, periodista, investigador o universidad, datos reales, descargables, analizables y verificables sobre delitos, procesos penales y resultados del sistema de justicia penal.
«Hoy no lanzamos simplemente una plataforma, hoy marcamos el inicio de una nueva relación entre el Ministerio Público y la sociedad boliviana, una relación fundada en la apertura, el acceso a la información, en la evidencia y en la confianza. La justicia ya no será una caja negra, será un libro abierto donde cada boliviana y cada boliviano pueda leer, cuestionar y contribuir», afirmó Mariaca.
La autoridad explicó que el portal preserva la riqueza de los datos para el análisis ciudadano, adoptando todas las precauciones necesarias para proteger la privacidad de víctimas e involucrados, eliminando cualquier información que permita identificar a personas específicas.
Esta plataforma está dirigida a universidades que investiguen las causas profundas de la criminalidad, a medios de comunicación que verifiquen el trabajo institucional con cifras reales, y a organizaciones sociales, fundaciones y centros de pensamiento que propongan políticas públicas basadas en evidencia concreta, no en intuiciones ni en ideología.
El lanzamiento del Portal de Datos Abiertos, desarrollado por personal del Ministerio Público, marca el inicio de una nueva etapa en la que el Ministerio Público se convierte en una institución que rinde cuentas de manera permanente, estructural e institucionalizada ante la sociedad. Con este portal, Bolivia cuenta hoy con una Fiscalía que no pide confianza, que la construye dato a dato, caso a caso y día a día, consolidando un modelo de justicia verdaderamente participativa, responsable y de puertas abiertas para todos los bolivianos.
Con este paso histórico, la Fiscalía General del Estado se convierte en la primera institución de justicia del país en abrir su base de datos al escrutinio público, respondiendo a preguntas que la ciudadanía llevaba años formulándose: cuántos casos se resuelven, dónde ocurren los delitos y a quiénes afectan.
Con presencia de autoridades de la Fiscalía y el Órgano Judicial, se realizó el lanzamiento de un sistema para controlar la detención domiciliaria, mediante una aplicación de celular.
La Fiscalía General del Estado presentó este martes el Sistema de Vigilancia Digital de Medidas Cautelares ROMA–ARGO (Arraigo y Georreferenciación de Obligaciones Cautelares), una plataforma tecnológica destinada al control de personas con detención domiciliaria.
El sistema consiste en una app que solicita la validación de identidad del detenido, con constatación biométrica y de geolocalización, en forma aleatoria o programada, según la explicación que se dio en el evento.
La app solicita una selfie de la persona y solucionar un captcha de verificación. Así, procede a revisar la ubicación mediante GPS y, en caso de que el detenido se encuentre fuera del perímetro predeterminado, se emite una alerta.
La aplicación se denomina Sistema de Vigilancia Digital de Medidas Cautelares Roma-Argo (Arraigo y Georreferenciación de Obligaciones Cautelares).
“Si el procesado abandona la zona asignada o no supera una verificación biométrica, el sistema genera una alerta inmediata a las autoridades competentes. No hay margen para la discrecionalidad ni espacio para la evasión inadvertida. Cada movimiento queda registrado, cada validación biométrica se documenta y cada evento genera trazabilidad verificable”, dijo el fiscal general Roger Mariaca.
El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, destacó que la herramienta forma parte del proceso de modernización institucional para fortalecer la administración de justicia.
“Esta aplicación no es simplemente una innovación tecnológica. Es la expresión concreta de una visión institucional orientada a una justicia eficiente, objetiva y alineada con los desafíos del siglo XXI”, afirmó la autoridad durante la presentación.
El sistema permite verificar en tiempo real la identidad y ubicación del imputado mediante geocercas dinámicas y mecanismos de reconocimiento facial aleatorio. Si el procesado abandona el área asignada o no supera la verificación biométrica, la plataforma genera una alerta inmediata a las autoridades competentes.
La herramienta fue desarrollada por la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación de la Fiscalía y forma parte del Ecosistema ROMA. Según la institución, opera las 24 horas del día, los siete días de la semana, sin requerir supervisión humana constante.
El director de Tecnologías de la Información y Comunicación de la Fiscalía, Armando Corral Davezies, explicó que el desarrollo del sistema responde al hacinamiento carcelario y a la necesidad de aplicar de forma efectiva la Ley Nº 1173 de Abreviación Procesal Penal, que establece que la detención preventiva debe ser la excepción y no la regla.
“El desafío era garantizar un control efectivo de la detención domiciliaria en un país con recursos limitados, sin depender de custodias presenciales permanentes ni de dispositivos electrónicos costosos. Por ello se desarrolló tecnología propia basada en inteligencia artificial para la verificación biométrica y el control geoespacial en tiempo real”,
Tecnología
La Fiscalía explicó que, durante décadas, el control de la detención domiciliaria dependió de verificaciones presenciales y del despliegue continuo de efectivos policiales.
La autoridad sostuvo que el desarrollo Roma-Argo fue realizado íntegramente por el equipo técnico de la institución, demostrando que Bolivia no solo adopta tecnología, sino que la crea, la adapta y la lidera.
“Esta aplicación no es simplemente una innovación tecnológica. Es la expresión concreta de una visión institucional hacia una justicia eficiente, objetiva y plenamente alineada con los desafíos del siglo XXI. A través de geocercas dinámicas y mecanismos de reconocimiento facial aleatorio, el sistema verifica en tiempo real la identidad y ubicación del imputado. Si el procesado abandona la zona asignada o no supera una verificación biométrica, el sistema genera una alerta inmediata a las autoridades competentes. No hay margen para la discrecionalidad ni espacio para la evasión inadvertida. Cada movimiento queda registrado, cada validación biométrica se documenta y cada evento genera trazabilidad verificable”, dijo Mariaca.
Durante décadas, el control de la detención domiciliaria dependió de verificaciones presenciales y del despliegue continuo de efectivos policiales, un modelo con alto consumo de recursos humanos y con limitaciones para garantizar un seguimiento objetivo e ininterrumpido, este nuevo sistema que implementa el Ministerio Público elimina estas brechas.
Como parte integral del Ecosistema ROMA, la plataforma centraliza en un único entorno toda la información relevante: datos de geolocalización, registros biométricos y logs de autenticación. Esta trazabilidad digital, disponible en tiempo real para las autoridades competentes, fortalece la transparencia, la seguridad jurídica y la capacidad de respuesta institucional. Cada movimiento queda registrado y cada validación biométrica documentada, aportando evidencia objetiva y verificable que reduce controversias y fortalece la confianza en las decisiones judiciales.
Más allá del control cautelar, la innovación tiene un impacto estructural en la seguridad ciudadana: al liberar a efectivos policiales que destinaban largas horas a custodias presenciales, el sistema permite redirigir ese capital humano hacia tareas operativas de prevención y lucha contra el delito, optimizando los recursos del Estado.
“Este lanzamiento no es un punto de llegada, sino un nuevo punto de partida”, señaló el Fiscal General, ratificando el compromiso institucional de continuar fortaleciendo el Ecosistema ROMA con innovación responsable, estándares de seguridad y pleno respeto a las garantías procesales.
La autoridad, sostuvo que el desarrollo ROMA-ARGO fue realizado íntegramente por el equipo técnico de la institución, demostrando que Bolivia no solo adopta tecnología, sino que la crea, la adapta y la lidera.
Durante el acto de lanzamiento, el Director de Tecnologías de la Información y Comunicación de la Fiscalía General del Estado, Armando Corral Davezies, realizó una demostración en vivo del funcionamiento de la plataforma y explicó el enfoque técnico que dio origen al sistema. En su intervención destacó que el desarrollo de ARGO surge de un problema estructural del sistema penal boliviano como el hacinamiento carcelario y la necesidad de aplicar de forma efectiva el espíritu de la Ley Nº 1173, que establece que la detención preventiva debe ser la excepción y no la regla.
“El desafío era claro, cómo garantizar el control efectivo de la detención domiciliaria en un país con recursos limitados, sin depender de custodias presenciales permanentes ni de dispositivos electrónicos costosos. La respuesta fue desarrollar tecnología propia basada en inteligencia artificial, capaz de realizar verificación biométrica y control geoespacial en tiempo real, la que fue desarrollada y presentada hoy”, explicó.
Lo verdaderamente disruptivo del sistema no es solo la geolocalización, sino la inteligencia artificial que valida la identidad del usuario. El sistema analiza rasgos biométricos del rostro en tiempo real para verificar que quien responde a las marcaciones es efectivamente el imputado y no un tercero. Esto elimina intentos de suplantación y permite un control continuo con una precisión que ningún sistema de custodia presencial puede igualar.
Asimismo, destacó que el sistema incorpora marcaciones biométricas aleatorias que solicitan al usuario validar su identidad mediante reconocimiento facial, proceso que es evaluado automáticamente por algoritmos de inteligencia artificial entrenados para identificar rasgos biométricos con alta precisión.
A su turno, el Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, Carlos Eduardo Ortega, expresó que “con el sistema ahora los jueces y fiscales van a tener que analizar, si la detención preventiva son proporcionales, racionales y necesarios para que un imputado guarde detención domiciliaria y además se someta al control del sistema de vigilancia ROMA – ARGO. Decididamente estamos en un momento histórico único del país y en la historia de la administración de justicia en materia de medidas cautelares al implementar este sistema”.
La Fiscalía Departamental de Cochabamba y el Tribunal Departamental de Justicia dieron inicio al primer plan de descongestionamiento para detenidos preventivos 2026, con la finalidad de reducir la retardación de justicia.
Según el fiscal departamental Osvaldo Tejerina Ríos, se trata de una estrategia orientada a agilizar la tramitación de causas penales y disminuir la retardación de justicia en beneficio de personas privadas de libertad en el departamento.
“Hoy damos inicio a un paso importante para el sistema de justicia en nuestro departamento: la implementación del Plan de Descongestionamiento del Sistema Penal, una acción concreta que refleja nuestro compromiso con una justicia ágil y eficiente”, señaló Tejerina.
La autoridad, explicó que el plan contempla un trabajo articulado entre el Ministerio Público, el Órgano Judicial, la Defensa Pública, el Régimen Penitenciario, la Policía Boliviana y beneficiará a personas privadas de libertad de los siete recintos penitenciarios del departamento de Cochabamba, permitiendo la revisión y priorización de casos, el impulso de salidas procesales cuando correspondan conforme a normativa vigente y el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional para dar respuestas concretas.
Fiscal departamental de Cochabamba, Osvaldo Tejerina Ríos. Foto: Fiscalía General del Estado.
Cochabamba, 21 de febrero de 2026 (ABI). — Con el objetivo de garantizar la atención oportuna durante el Corso de Corsos, la Fiscalía Departamental de Cochabamba dispuso la implementación de turnos permanentes de fiscales de materia, asistentes y auxiliares antes, durante y después de esta actividad.
“La Fiscalía Departamental ha organizado un sistema de turnos continuos para viernes, sábado y domingo en la capital, con el fin de precautelar la integridad patrimonial y física de la población, y brindar una respuesta oportuna ante cualquier denuncia o intervención que sea requerida, en coordinación permanente con la Policía Boliviana”, señaló el fiscal departamental de Cochabamba, Osvaldo Tejerina Ríos.
Exhortó a la población a tener cuidado con posibles hechos de estafa en la comercialización de espacios en graderías, como ocurrió en el Carnaval de Oruro.
Pidió también evitar el consumo excesivo de bebidas alcohólicas, ya que suele derivar en hechos de violencia, riñas, agresiones y otros delitos que afectan la integridad de las personas.
La Procuraduría amplía el ‘Caso Botrading I’ contra 9 personas e inicia el ‘Caso Botrading II’. De un préstamo de $us 80 millones otorgado por el Estado, no se sabe dónde están $us 55 millones.
En el marco de las investigaciones del denominado ‘Caso Botrading’, el procurador general del Estado, Hugo César León, informó este miércoles que se presentarán dos nuevas denuncias por presuntas irregularidades detectadas en la suscripción de 12 contratos administrativos entre Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la empresa Botrading.
León explicó que la primera acción legal corresponde a una ampliación de la investigación en el denominado ‘Caso Botrading I’, en la que se formaliza una denuncia contra nueve personas que ya fueron identificadas en la imputación presentada por el Ministerio Público. Asimismo, anunció que se activará una segunda denuncia que será presentada la tarde de este miércoles en la ciudad de Santa Cruz por el presidente de YPFB, Yussef Akly. Esta nueva acción está vinculada a un préstamo otorgado por el Estado a Botrading por un monto de 80 millones de dólares, de los cuales solo se tiene identificado el destino de 25 millones.
“De este préstamo solo tenemos identificados 25 millones de dólares; quedaría el resto de esa cantidad, una suma considerable de dinero, sin poder identificar. Como este hecho, existen otros que involucran al directorio de YPFB en las gestiones 2023, 2024 y 2025”, afirmó el procurador.
La Procuraduría amplía el ‘Caso Botrading I’ contra 9 personas e inicia el ‘Caso Botrading II’. De un préstamo de $us 80 millones otorgado por el Estado, no se sabe dónde están $us 55 millones.
En el marco de las investigaciones del denominado ‘Caso Botrading’, el procurador general del Estado, Hugo César León, informó este miércoles que se presentarán dos nuevas denuncias por presuntas irregularidades detectadas en la suscripción de 12 contratos administrativos entre Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la empresa Botrading.
De acuerdo con la información proporcionada por el ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, el ‘Caso Botrading I’ habría generado un daño económico de aproximadamente medio millón de dólares. En tanto, en esta segunda denuncia se identificó un movimiento de 80 millones de dólares, de los cuales 55 millones no tendrían un destino claramente establecido.
Las autoridades señalaron que las investigaciones continúan en curso y que no se descarta la ampliación de responsabilidades conforme avancen las indagaciones del Ministerio Público.
Este domingo, se reportó el hallazgo del cuerpo sin vida del juez que destapó injerencia del gobierno de Arce en el sistema judicial, Fernando Marcelo Lea Plaza. Marcelo Lea Plaza cumplía detención domiciliaria por este caso. En una declaración ampliatoria denunció que había recibido presiones para emitir el fallo para destituir a la magistrada Fanny Coaquira
Lea enfrentaba un proceso por emitir una resolución para suspender a Fanny Coaquira como magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Durante una declaración ampliatoria denunció que recibió presiones por ese fallo.
El caso salió a la luz a inicios de junio, tras una denuncia desde el TSE que agregaba que el intento de destitución a la magistrada Coaquira desconocía el principio de preclusión y se sentaba un peligroso precedente.
Fue así que el Consejo de la Magistratura inició una investigación y advirtió con sanciones disciplinarias a todos los funcionarios judiciales que estaban involucrados.
En la declaración ampliatoria de Lea Plaza, el hombre denunció haber sido presionado por autoridades judiciales y del Ejecutivo para suspender a la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Fanny Coaquira.
En su declaración involucró Iván Campero, suplente de Coaquira, a Claudia Castro, quien ejercía como vocal del Tribunal Supremo de Justicia de La Paz y renunció al cargo durante el proceso. A ellos se suma el exministro de Justicia, César Siles, entre otras autoridades.
“En ese lugar estaba el Iván Campero Villalba (…) me dijeron que ese tema ya estaba instruido por parte del ministro de Justicia (…) que pretendían que al ser el Iván Campero el suplente, una vez que se realice esta acción donde se le suspenda a la dra. Coaquira, iba a subir Iván Campero”, señalaba una parte de su declaración ampliatoria.
Lea Plaza se encontraba cumpliendo detención domiciliaria en su vivienda ubicada en la zona sur de la ciudad de La Paz, lugar donde fue hallado su cuerpo.
De momento la Policía no ha hecho conocer un reporte sobre el deceso de Lea Plaza.
Prensa FGE, Chuquisaca (02.10.2025).- El Fiscal General del Estado, Roger Mariaca Montenegro, informó que entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2025, el Ministerio Público atendió 34.412 casos vinculados a delitos contemplados en la Ley N° 348, “Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia”. Ante estos datos, la autoridad informó que, en coordinación con la Fundación Una Brisa de Esperanza (FUBE), se llevará adelante el 4to Congreso Internacional Contra la Violencia Sexual, del 3 al 5 de octubre en la ciudad de Cochabamba.
“Estos datos nos deben llamar la atención como sociedad, la violencia de género no se detiene y solo con una respuesta firme, coordinada e integral podremos garantizar a las víctimas un acceso real a la justicia, protección efectiva y reparación al daño. Hacemos un llamado a todas las instituciones del Estado y la sociedad civil a redoblar esfuerzos para enfrentar de manera integral este problema”, sostuvo Mariaca.
De los 34.412 casos registrados a nivel nacional, Santa Cruz concentra la mayor cantidad de hechos con 11.785, seguido de La Paz con 8.653, Cochabamba con 5.507, 2.325 casos en Tarija, 2.103 Potosí, 1.589 Chuquisaca, 1.073 Beni, 946 Oruro y 431 Pando.
El delito más frecuente continúa siendo la Violencia Familiar o Doméstica, que representa 25.716 casos, lo cual refleja una alta incidencia de agresiones dentro del núcleo familiar. Otros delitos de alta incidencia son Abuso Sexual con 2.423 casos, Violación 2.240, Violación de Infante, Niña, Niño o Adolescente 1.721, Estupro 1.366 y 946 casos corresponden a otras conductas delictivas contempladas en la normativa.
Otro tipo penal que debe llamar la atención es Feminicidio en Grado de Tentativa, que alcanzó los 127 casos en todo el país, de los cuales 44 fueron reportados en La Paz, 30 en Cochabamba, 14 en Santa Cruz, 13 en Tarija, 10 en Chuquisaca, 7 en Oruro, 4 en Beni, 4 en Potosí y 1 en Pando.
En cuanto a los avances normativos, Mariaca recordó que el 10 de septiembre de 2025 se promulgó la Ley N° 1636, Para la Protección de la Integridad Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes en Entornos Digitales. Desde entonces, se registró dos casos de Producción de Material de Abuso Sexual de Niña, Niño o Adolescente; uno en el departamento de Chuquisaca y otro en Cochabamba, donde el agresor ya fue sancionado con una sentencia de 30 años de prisión.
La Máxima Autoridad del Ministerio Público indicó que se continuará trabajando en la formación especializada de fiscales, el uso de tecnología en la investigación penal, así como las alianzas estratégicas con otras instituciones del Estado con la finalidad de fortalecer la atención de estos casos.
Tras la audiencia de medidas cautelares, el sindicado fue enviado de manera preventiva al penal de San Antonio.
Ante la denuncia de una adolescente de 17 años contra un sujeto por tomarle fotografías por debajo de su falda, durante un acto público, se inició la primera investigación bajo la nueva Ley 1636 para la Protección de la Integridad Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes en Entornos Digitales.
El fiscal departamental de Cochabamba, Osvaldo Tejerina, informó que el Ministerio Público emitió la imputación formal por el delito de Producción de Material de Abuso Sexual de Niña, Niño y Adolescente.
“De manera inmediata se dispuso que se realicen todas las diligencias investigativas, como la toma de declaración de la víctima, secuestro del teléfono móvil que el sujeto usó para tomar las fotografías y el desdoblamiento de las imágenes.Todos estos elementos de prueba fueron indicios suficientes para emitir una imputación formal”, manifestó Tejerina.
El fiscal asignado al caso, Juan Carlos Aguilera, explicó que el 13 de septiembre de 2025, en inmediaciones de la avenida Heroínas, se procedió a la aprehensión de Jeferson F. H. C., de 23 años, luego de ser denunciado por la adolescente.
Tras la audiencia de medidas cautelares, el sindicado fue enviado de manera preventiva al penal de San Antonio. De ser hallado culpable, podría enfrentar una pena de 20 años de cárcel.
