Categoría: DEFENSORIA DEL PUEBLO

La Paz, miércoles 18 de marzo de 2026.

Con el objetivo de impulsar la justicia preventiva en temas medioambientales, el Viceministerio de Transparencia, Seguridad Jurídica y Derechos Humanos, en coordinación con el Basel Institute on Governance y con el apoyo de la Embajada del Reino Unido, desarrolló este miércoles el evento “Integridad y prevención de la corrupción a favor del medio ambiente y sus recursos”, un espacio de diálogo técnico para fortalecer la lucha contra la corrupción.

“No es solamente un taller. Es la ratificación de un compromiso institucional que va a comenzar ahora con diálogo técnico, con intercambio de experiencia de buenas prácticas y que están orientadas, todas ellas, a abordar los riesgos de corrupción vinculados a la gestión de los recursos naturales”, destacó el viceministro de Transparencia, Seguridad Jurídica y Derechos Humanos, Yamil García, durante el acto de inauguración del encuentro.

La autoridad explicó que este taller también tiene la meta de alcanzar estándares internacionales en temas de transparencia. “Durante las últimas décadas nuestro país se ha ido marginando de muchos escenarios que justamente nos exigen avanzar en nuestra lucha contra la corrupción”, precisó.

Esta declaración coincide con el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025 que indica que Bolivia ocupa el puesto 136 entre 182 países, con un puntaje de 28/100, donde 100 significa muy baja corrupción.

“Nuestro país ha generado una práctica de lucha más de tipo punitivo, sancionatorio. Sin embargo, ahora debemos avanzar hacia la prevención. Tenemos que identificar áreas de riesgo. Tenemos que erradicar mecanismos que han posibilitado durante estos años que se cometa la corrupción también en la gestión de recursos naturales”, precisó.

Esta actividad se desarrolla en el marco del programa internacional Green Corruption, impulsado por el Basel Institute on Governance, que busca fortalecer las capacidades institucionales para la identificación, prevención y mitigación de riesgos de corrupción en sectores estratégicos relacionados con los recursos naturales.

El especialista senior en prevención del Basel Institute of Governance, Aldo Bautista, explicó que esta actividad impulsará la prevención de delitos ambientales mediante políticas, estrategias, metodología, y con la gestión de riesgos, “que hoy por hoy se utilizan para darle ciencia y método a la prevención de la corrupción”. Además, destacó que éste será el primero de otros más.

En línea al pilar “Bolivia al mundo y el mundo a Bolivia”, El evento contó con la participación de autoridades nacionales, representantes de la Embajada Británica, así como especialistas internacionales de Perú y Bolivia, quienes compartieron experiencias y buenas prácticas en materia de integridad pública, gestión de riesgos y prevención de la corrupción.

Entre los temas abordados destaca la relación entre corrupción y delitos ambientales, los desafíos en sectores como la actividad forestal y minera, y la importancia de implementar modelos de gestión basados en la integridad pública.

Asimismo, se desarrollaron espacios técnicos de análisis y mesas de trabajo orientadas a la identificación de riesgos críticos, la definición de medidas preventivas y el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional.

Como resultado del encuentro, se prevé avanzar en lineamientos y compromisos para fortalecer la prevención de la corrupción ambiental en Bolivia, promoviendo una gestión más transparente y sostenible.

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La Paz, 13 de marzo de 2026 (UCOM-DPB).– El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, junto a representantes de ONU Mujeres y de la Unión Europea, presentó el informe defensorial “Análisis de la Implementación de la Ley N° 348, Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia 2013–2024”, documento que identifica debilidades estructurales en la aplicación de esta normativa por parte de las instituciones responsables de prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres.

El estudio, elaborado con base en evidencia y análisis institucional, advierte que la principal problemática no radica en la existencia de la norma, sino en las dificultades persistentes para su implementación efectiva, lo que limita la protección oportuna de las víctimas y la sanción adecuada de los agresores.

Durante la presentación, la representante de ONU Mujeres en Bolivia, Nidya Pesántez, subrayó la relevancia de la Ley N° 348 como instrumento para garantizar derechos y rechazó interpretaciones que la presentan como una norma contraria a los hombres. “No se trata de una guerra entre mujeres y hombres (…) tampoco es que esta norma esté en contra de los hombres. Las mujeres (…) lo que quieren es que no haya violencia”, afirmó.

Pesántez destacó que la ley cumple una función social al establecer límites frente a prácticas de violencia que durante años fueron naturalizadas. Asimismo, alertó sobre la expansión de discursos que cuestionan los avances en materia de derechos humanos. “Estamos en un momento de retroceso del discurso (…) de los derechos humanos. Y si los derechos humanos retroceden, retrocedemos todas y todos”, señaló.

Por su parte, el encargado de Negocios de la Unión Europea en Bolivia, Adolfo Campos, resaltó la importancia de contar con diagnósticos basados en evidencia para fortalecer las políticas públicas orientadas a prevenir la violencia de género. “Las leyes pueden evolucionar, pero evolucionar no significa vaciarlas de sentido. Significa reforzarlas para que cumplan mejor su objetivo”, afirmó, al reiterar el respaldo de la cooperación europea a las iniciativas destinadas a erradicar la violencia contra las mujeres. “Una sociedad que protege a las mujeres no solo protege derechos, protege su propio futuro”, añadió.

Finalmente, el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, explicó que el informe defensorial plantea hallazgos y recomendaciones orientadas a fortalecer la respuesta institucional frente a la violencia de género. “La evidencia es clara: el problema no es la existencia de la norma, sino su implementación deficiente y estructuralmente frágil”, señaló la autoridad, al advertir que cualquier debate sobre eventuales reformas debe respetar los principios de progresividad y no regresividad en materia de derechos humanos.

Tras la presentación del informe se desarrolló un conversatorio con la participación de representantes de organizaciones de la sociedad civil, colectivos ciudadanos, la Policía Boliviana y otras instituciones vinculadas a la prevención y atención de la violencia, en un espacio orientado al análisis y reflexión sobre los desafíos para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia en el país.

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A pocas horas, del 26 de Agosto día del Adulto Mayor; El 49% de esta población sufre algún tipo de agresión y el 42% asegura sentirse solo. Además, el 82% vive de su Renta Dignidad, en tanto sólo el 18% recibe jubilación.

De acuerdo con datos de organizaciones e instituciones, la violencia y el abandono son dos de situaciones más frecuentes que viven los adultos mayores. Sumado a ello, un gran porcentaje de esta población vulnerable sobrevive con su Renta Dignidad y para generar “algo” de ingresos económicos desempeñan, mayormente, algunas actividades vinculadas con la informalidad.

“Tenemos datos que los hemos trabajado con Cáritas, uno de ellos es que el 32 por ciento de los adultos mayores en Bolivia sufre maltrato psicológico en la familia y el 17 por ciento sufre maltrato físico, pero un dato más preocupante, para nosotros como Iglesia, es que el 42 por ciento de los adultos mayores se sienten solos”, señaló la Coordinadora Nacional del programa de adultos mayores de la Pastoral Social Cáritas Bolivia, Elizabeth Calizaya.

Precisamente, ante este último punto, la experta explicó que esta soledad que sienten los adultos mayores incide en una depresión que afecta su salud, por lo que realizó un llamado a la familia para acompañar, ser empáticos y ver a los adultos mayores de hoy como reflejo de lo que más adelante nosotros podemos ser.

“Lamentablemente es un sector muy postergado no solamente por la sociedad, por la familia, sobre todo, por las instancias públicas, entonces lo que queremos como Cáritas, luchamos al lado de ellos para reivindicar sus derechos y sobre todo para que el Estado garantice el ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores”, sostuvo la coordinadora.

Respecto al contexto laboral y económico, Calizaya indicó que alrededor del 82% de los adultos mayores viven de la Renta Dignidad y se desempeñan mayormente en la informalidad, tanto en áreas rurales como urbanas, dedicadas a actividades agrícolas y comercio informal.

Solo un 18% recibe jubilación, pero, en muchos casos, no es suficiente para una vida digna, aspecto que fue corroborado por el presidente de la Asociación Nacional de Adultos Mayores (Anambo), Félix Larrazábal. Acotó que la familia, en muchos de los casos, es donde mayor violencia sufre esta población.

“Pedirles que nos den un poco de respeto y que nos visibilicen en la sociedad (…) como está de moda la herencia, por eso a los adultos mayores les están despojando de sus bienes, los están metiendo a los asilos (…) les quitan de lo poco que tienen su renta. Les pediría a los hijos que reflexionen y que les den el cariño como nosotros les hemos dado de pequeños”, reflexionó el dirigente.

De igual manera, la psicóloga de la Plataforma de Atención del Adulto Mayor dependiente de la Alcaldía de La Paz, Amida Duk García, señaló que los hijos o familiares son los que se aprovechan de la vulnerabilidad de estas personas.

“Tristemente vemos que de las personas adulto mayores se aprovechan de su vulnerabilidad, de su deterioro cognitivo y les hacen poner sus huellas, las firmas, en papeles en blanco y los adultos mayores confían porque son los mismos hijos, la misma familia, que hace eso, y les despojan de los pocos bienes que tienen”, manifestó.

Apuntó que, en vez de darles calidad de vida, ocurre lo contrario y “hasta los botan para que estén en las calles”.

SITUACIÓN

Cáritas también dio a conocer que en el país existen 77 centros de acogida para adultos mayores, de los cuales más de la mitad son privados, 12 públicos y más de 20 operados por la Iglesia Católica. Pero, más del 50% de las personas adultas mayores que ingresan a estos lugares son derivados por sus propias familias, señalando la necesidad de un mayor apoyo familiar y social.

DATOS

En Bolivia se considera adulto mayor a las personas que superan los 60 años, en ese entendido, datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) dan cuenta que el país tiene alrededor del 10.6% de adultos mayores, es decir, de 12.006.62 habitantes; 1.267.190 corresponden a esa población. Además, el 53% de ese total son mujeres y 46% varones.

Por otro lado, el 31% de los adultos mayores se encuentran en el departamento de La Paz, el 19% en santa cruz y el 18% en Cochabamba, entonces se puede afirmar que “el 68 por ciento de los adultos mayores en Bolivia se encuentran en departamentos del eje troncal”.

Mientras que la población más envejecida está en los departamentos de Chuquisaca y Potosí, “esto significa que en estos departamentos hay adultos mayores que tienen arriba de 80 años, que necesitan otro tipo de políticas públicas. En Bolivia lo que deberíamos de trabajar es formar los grupos etarios de 60 a 79 años porque no es lo mismo trabajar con mayores de 80 años”.

La tasa promedio del crecimiento poblacional da cuenta que la población de 0 a 59 años está creciendo a un ritmo de 1.7% “que es muy lento”, pero la población de 60 a 79 años está creciendo tres veces más 60 a 79 años, aunque “es más la preocupación cuando la tasa poblacional de los adultos mayores de 80 años está creciendo cinco veces más, eso significa, que Bolivia, de aquí a unos años, va a tener una población más envejecida”, advirtió Calizaya.

La esperanza de vida al nacer aumentó en varones a 66 años y en mujeres, a 71.

Por otro lado, la proyección al 2050 es que el 14% de la población será adulto mayor, eso significa que se esta “viviendo un proceso acelerado de envejecimiento”.

ACTIVIDADES

Con la participación de periodistas y representantes de medios de comunicación, se desarrolló el taller “El rol de los medios de comunicación para una vejez digna”, organizada por la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), la Pastoral Social Cáritas Bolivia y la Asociación Nacional de Adultos Mayores de Bolivia (Anambo).

El objetivo fue sensibilizar e informar a los comunicadores sociales sobre la importancia de promover una imagen positiva, activa y respetuosa de las personas adultas mayores, y fomentar una comunicación responsable que impulse una vejez digna en la sociedad boliviana.

Fuente: Justicia y Genero

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𝑳𝒂 𝑷𝒂𝒛, 𝒋𝒖𝒍𝒊𝒐 𝒅𝒆 2025 (𝑼𝑪𝑶𝑴/𝑫𝑷𝑩)

𝑨𝒏𝒕𝒆 𝒍𝒂𝒔 𝒅𝒆𝒏𝒖𝒏𝒄𝒊𝒂𝒔 𝒅𝒆 𝒔𝒖𝒑𝒍𝒂𝒏𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒊𝒅𝒆𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒆𝒏 𝒍𝒂 𝒄𝒓𝒆𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆𝒍 𝑵𝑰𝑻 (𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝑰𝒅𝒆𝒏𝒕𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝑻𝒓𝒊𝒃𝒖𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂), 𝒆𝒍 𝒑𝒂𝒔𝒂𝒅𝒐 𝒗𝒊𝒆𝒓𝒏𝒆𝒔, 𝒍𝒂 𝑫𝒆𝒇𝒆𝒏𝒔𝒐𝒓í𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝑷𝒖𝒆𝒃𝒍𝒐 𝒓𝒆𝒄𝒐𝒎𝒆𝒏𝒅ó 𝒂𝒍 𝑺𝒆𝒓𝒗𝒊𝒄𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝑰𝒎𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐𝒔 𝑵𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍𝒆𝒔 𝒈𝒆𝒔𝒕𝒊𝒐𝒏𝒂𝒓 𝒍𝒂 𝒄𝒓𝒆𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒖𝒏 ‘𝒃𝒐𝒕ó𝒏 𝒅𝒆 𝒂𝒍𝒆𝒓𝒕𝒂’ 𝒑𝒆𝒓𝒎𝒂𝒏𝒆𝒏𝒕𝒆, 𝒆𝒏 𝒔𝒖𝒔 𝒑𝒍𝒂𝒕𝒂𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂𝒔 𝒅𝒊𝒈𝒊𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔, 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒒𝒖𝒆 𝒍𝒂 𝒄𝒊𝒖𝒅𝒂𝒅𝒂𝒏í𝒂 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒖𝒍𝒕𝒆 𝒔𝒊 𝒕𝒊𝒆𝒏𝒆 𝒓𝒆𝒈𝒊𝒔𝒕𝒓𝒂𝒅𝒐 𝒖𝒏 𝑵𝑰𝑻 𝒂 𝒔𝒖 𝒏𝒐𝒎𝒃𝒓𝒆.

“Luego de sostener una reunión con el equipo de Impuestos Nacionales se logró viabilizar la recomendación de la creación de un botón de alerta para que cualquier ciudadano, desde cualquier punto del país pueda tener un acceso fácil desde cualquier dispositivo y con un lenguaje claro a momento de consultar si existe un NIT a su nombre”, informó el Delegado Defensorial Departamental de La Paz, Francisco Rodríguez, tras la reunión sostenida en el SIN. 

Entre los detalles que expusieron los profesionales defensoriales ante el cuerpo técnico del SIN, Rodríguez resaltó se deba tener un enfoque en el ejercicio de derechos de las personas que son parte de las poblaciones en situación de vulnerabilidad, quienes, por diferentes motivos, no tienen las mismas facilidades que todo ciudadano.

“En las zonas rurales las personas no tienen el mismo nivel de conocimiento para navegar en el internet, otras personas tienen dificultad motora, visual, auditiva, física, entre otras; son personas que tienen los mismos derechos de informarse. Con alegría podemos decir que recibieron la recomendación y esperemos que en los siguientes días pueda ser evidente”, agregó.

Por su parte, el equipo técnico del SIN explicó el plan de comunicación que tiene para la difusión de información para los contribuyentes y la ciudadanía en general, desde publicaciones digitales, pasando por socializaciones y atención personal en instalaciones de su institución. Por lo cual consideraron las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo.   

Hace unos días, un electricista denunció públicamente que Impuestos le exige pagar una deuda tributaria de Bs.5.200 asignada al ciudadano, posteriormente, surgió otra denuncia, esta vez de un comunicador quien afirmó que hicieron uso indebido de su NIT, señala que desde hace 12 años no puede trabajar. Los casos se viralizaron en las plataformas de redes sociales donde los internautas solicitan más información.

Para la atención y registro de quejas y denuncias por la vulneración de derechos humanos, la Defensoría del Pueblo, tiene habilitada la línea gratuita 800-10-8004, el número de WhatsApp 67007644 (La Paz) y 72039523 (El Alto).

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Fuente: El Deber

𝐄𝐧 𝐥𝐨 𝐪𝐮𝐞 𝐯𝐚 𝐝𝐞 𝐣𝐮𝐥𝐢𝐨 𝐥𝐚 𝐏𝐨𝐥𝐢𝐜í𝐚 𝐝𝐞𝐬𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐮𝐥ó 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐩𝐚í𝐬 𝐝𝐨𝐬 𝐫𝐞𝐝𝐞𝐬 𝐜𝐫𝐢𝐦𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐝𝐞𝐝𝐢𝐜𝐚𝐝𝐚𝐬 𝐚 𝐞𝐬𝐭𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐢𝐭𝐨 𝐲 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐢𝐬𝐜ó 𝐦á𝐬 𝐝𝐞 𝟏𝟏.𝟎𝟎𝟎 𝐚𝐫𝐜𝐡𝐢𝐯𝐨𝐬 «𝐝𝐞 𝐚𝐥𝐭𝐨 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐞𝐧𝐢𝐝𝐨.

La Defensoría del Pueblo de Bolivia alertó este lunes sobre la respuesta «insuficiente» desde el Estado ante la pornografía infantil, tras remarcar que en lo que va de julio la Policía desarticuló en el país dos redes criminales dedicadas a este delito y confiscó más de 11.000 archivos «de alto contenido violento y sexual». La entidad defensorial emitió un pronunciamiento para expresar «Su más enérgico repudio ante toda forma de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes», sobre todo la perpetrada a través de medios digitales, «como la pornografía infantil».

La defensoría mencionó que los operativos efectuados por la Policía de Bolivia en julio «desarticularon dos redes criminales y confiscaron más de 11.000 archivos de alto contenido violento y sexual», lo que evidencia «la alarmante vulneración de derechos en entornos digitales».»

Según el Ministerio Público, hasta junio se registraron 136 casos, cifra que subestima la magnitud real de este delito, considerado una de las formas más extremas de explotación y violencia sexual», indicó.La institución indicó que, si bien la ley Integral contra la Trata y el Tráfico de Personas que rige desde 2012 en el país tipifica la pornografía infantil como delito, «la respuesta estatal sigue siendo insuficiente frente a su expansión digital, caracterizada por el anonimato, la transnacionalidad y la rápida circulación de contenidos».Por esto, la defensoría remarcó la necesidad de dar una respuesta «integral, articulada y sostenida, con participación activa de Estado y sociedad» a esta problemática.

Además, recordó que el Sistema de las Naciones Unidas en Bolivia recomendó al Estado que se adhiera a tratados internacionales sobre protección frente a «la cibercriminalidad y el abuso sexual infantil», dentro del Examen Periódico Universal (EPU) 2025.El ente instó al Estado boliviano a adherirse al Convenio sobre Ciberdelincuencia del Consejo de Europa, o Convenio de Budapest, como una medida «urgente para enfrentar de manera más eficaz los delitos sexuales digitales y facilitar la cooperación internacional» para investigar y sancionar estos crímenes. También le exhortó a «asumir con mayor determinación su deber de garantizar los derechos» de los menores de edad, a que fortalezca los marcos normativos y asigne recursos suficientes, mediante una política de «tolerancia cero» frente a toda forma de violencia sexual digital.

Por último, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado sobre todo a padres y madres, cuidadores, educadores y medios de comunicación para que ejerzan un «rol corresponsable mediante el acompañamiento, la vigilancia informada y la creación de entornos digitales seguros».

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